COMPARECENCIA ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN: RECHAZO RAZONADO AL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA.

El próximo martes 24 de junio, miembros de esta Asociación comparecerán ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, para exponer sus opiniones sobre el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón aprobado recientemente por el Gobierno de Aragón y remitido al Parlamento autonómico para su tramitación.

Hace exactamente un mes, solicitábamos a la Mesa de las Cortes de Aragón dicha comparecencia, a la vista del contenido final del Proyecto de Ley, con el que a nuestro juicio en modo alguno se garantiza una función pública acorde al modelo constitucional, articulada conforme a los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

El modelo de función pública que se propugna en el proyecto normativo, más allá de su carácter inacabado, por la falta del posterior desarrollo reglamentario, se caracteriza por dos rasgos esenciales: el incremento de la discrecionalidad política en el sistema de ordenación y provisión de puestos de trabajo –con una ambigua regulación de la función directiva y de la libre designación- y el encarecimiento generalizado del capítulo de personal, al establecerse medidas retributivas y de carrera profesional –como es la carrera horizontal de carácter universal-, cuyo indiscutible coste carece de evaluación precisa y del correspondiente respaldo presupuestario.

Los Grupos Parlamentarios han de evaluar las opciones principales de la norma por su idoneidad y sostenibilidad presupuestaria, y no por el supuesto aval que pueda conferirles el respaldo de los sindicatos de la función pública. Las leyes no son objeto de negociación colectiva, pues las leyes se debaten y aprueban en los Parlamentos, por los representantes de los ciudadanos, y los intereses de los ciudadanos son superiores a los de los empleados públicos. Estos son los que deben quedar salvaguardados siempre, y especialmente en la actual coyuntura económica y social.

Cuando se carece de recursos para atender las prestaciones de las personas en situación de dependencia, cuando no se atienden de manera adecuada los pagos a las empresas suministradoras de bienes y servicios a la Administración autonómica, cuando no hay garantía alguna para cumplir los objetivos de reducción del déficit y las tensiones de tesorería obligan a sacar a la venta –en condiciones más que discutibles- el patrimonio inmobiliario de la Administración, cuando no se encuentran recursos propios para combatir la pobreza infantil en nuestra Comunidad, resulta no solo ilusorio sino también provocador que el Gobierno de Aragón lleve a las Cortes un modelo de función pública con una enorme repercusión económica en los presupuestos de la Comunidad, y que además lo haga sin evaluar el alcance de dicho coste ni su forma de financiarlo.

Desde esta Asociación señalaremos en las Cortes de Aragón no solo las deficiencias que, a nuestro juicio, invalidan el modelo de función pública propuesto, sino sobre todo la inoportunidad política que la discusión de una ley inviable económicamente tiene en estos momentos. Cuando el desafío actual es frenar la desigualdad y evitar la quiebra de la cohesión social, carece de justificación política cualquier desviación de recursos a la carrera de los funcionarios públicos.

No obstante, es innegable que la decisión corresponde a los Grupos Parlamentarios, pero la respuesta coherente con las necesidades de los ciudadanos debiera ser, a nuestro juicio, la devolución del proyecto de ley al Gobierno, tanto por las carencias del texto presentado como por su indiscutible inoportunidad política.