Días
atrás celebrábamos que, por vez primera desde la entrada en vigor de la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón de 2009, un Consejero hubiese dado cumplimiento –aunque de
forma tardía y a petición de esta Asociación- a la obligación de publicación de
los nombramientos y ceses del personal eventual que establece el artículo 25.5
de dicha Ley. Así lo viene a reconocer, además, el reciente escrito recibido de
la Jefa de
Gabinete de dicho Consejero.
Esperamos
que dicha rectificación pueda dar paso a una aplicación general del nuevo
criterio de publicación de las órdenes de nombramiento y cese del personal
eventual, sin reincidir en la irregular práctica de los anuncios de publicidad,
desautorizada tanto por el Justicia de Aragón como por los Tribunales del orden
contencioso-administrativo, aspecto éste último que no debieran ignorar los
miembros del Gobierno de Aragón ni los Secretarios Generales Técnicos de los
diferentes Departamentos, que son quienes han venido suscribiendo los referidos
anuncios de publicidad.
En
próximos días esta Asociación se dirigirá al conjunto de los Secretarios
Generales Técnicos, para recordarles la obligación de publicación que impone la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón y pedirles que la decisión adoptada por el Departamento de
Presidencia y Justicia se adopte como criterio general de actuación, al ser la única
acorde con el ordenamiento jurídico.
Nos
hallamos igualmente a la espera de que la responsable de la Intervención General
dé una respuesta a esta Asociación sobre las medidas que, al amparo del derecho
de petición, solicitamos a dicho órgano de control para que requiera el
cumplimiento del deber de publicación del nombramiento del personal eventual
como condición previa para que dicho personal pueda percibir su nómina con cargo a los presupuestos
de la Administración
autonómica. Los órganos de control no pueden tolerar prácticas declaradas
contrarias a la Ley
por los Tribunales, salvo que hayan perdido el sentido de lo que es un Estado
de Derecho.
En
todo caso, este asunto que puede parecer menor a muchos ciudadanos, y sin duda
tiene una relevancia práctica escasa, no es más que una prueba sobre la
voluntad del poder político de respetar las normas –no cualquier norma, sino
justamente la que regula la actuación del Presidente y del Gobierno de Aragón-,
prueba que ha permitido observar la obstinada resistencia de nuestros altos
cargos a cumplir algo tan sencillo como es la publicación de los actos de
nombramiento del personal eventual. Si no se muestran capaces de asegurar el cumplimiento
de un deber tan sencillo, podemos imaginar o deducir cuál es la verdadera voluntad de
transparencia y de respeto de las normas que cabe atribuir a este Gobierno.
El
Departamento de Presidencia y Justicia ha dado el primer signo positivo para
acabar con el denunciado incumplimiento, pero estamos todavía lejos de poder
decir que el conjunto del Gobierno de Aragón –todos sus miembros- y de los altos cargos
responsables han corregido de manera definitiva un reiterado incumplimiento de
lo previsto en el artículo 25.5 de la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro de la respuesta dada a esta Asociación
desde el Departamento de Presidencia y Justicia:
“Zaragoza,
20 de mayo de 2014.
En
relación con las cuestiones planteadas en su escrito relativo a la publicación
en el Boletín Oficial de Aragón del día 2 de mayo, del cese y nombramiento de
personal eventual del Gabinete de este Departamento se le comunica lo
siguiente:
En
primer lugar se le informa de que se va a proceder a la publicación íntegra de
la resolución administrativa de nombramiento y cese efectuado tal y como nos
solicitan desde esa Asociación.
Y
en segundo lugar, respecto del requisito de eficacia que, dicen, constituye la
publicación de dichos nombramientos y sus efectos, paso a indicarle que se ha
dado traslado de su escrito al Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Concretamente se ha remitido a la Dirección
General de Función Pública y Calidad de los Servicios, por
ser el órgano directivo competente en la materia.
6 comentarios:
Pues parece que la Jefa de Gabinete le enmienda la plana a la Secretaria General Técnica.
Otro affaire?
El Tribunal de Cuentas investiga la posible existencia de un agujero de casi medio millón de euros de fondos públicos en la MAZ, la Mutua de Accidentes de Zaragoza.
La Sección de Enjuiciamiento del tribunal ha abierto un procedimiento de reintegro por alcance contra la MAZ por "el posible descubierto producido en los fondos públicos gestionados por la citada Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por importe de 484.304,89 euros.
Ese proceso es consecuencia de un juicio contable en el que los técnicos del órgano fiscalizador detectó los primeros indicios de la posible existencia de ese agujero.
EL PERIÓDICO intentó ayer sin éxito recabar la versión de la MAZ, algo que finalmente no resultó posible.
EPA.
¿Qué hace una jefa de gabinete en temas que son de naturaleza administrativa?
¿Sabemos si la decisión de publicación la adopta ella en lugar de la responsable de la SGT?
Bien por la Jefa de Gabinete¡ Ha estado más a la altura que la titular del órgano directivo
Hay que reconocer a cada uno lo suyo.
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