LA ASOCIACIÓN SOSTIENE ANTE EL TSJA LA TOTAL IMPROCEDENCIA JURÍDICA DEL DECRETO-LEY 1/2014 DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Esta semana, y dentro del plazo concedido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para formular alegaciones respecto al Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para la ejecución de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012, esta Asociación ha dirigido al Tribunal su escrito de alegaciones, que concluye del siguiente modo: “En conclusión, el Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón el 9 de enero de 2014 constituye una burla jurídica al Auto de ejecución dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 11 de julio de 2013, a la Sentencia firme del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, al Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007, a la Constitución Española de 1978 y al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del que es titular la Asociación demandante y ejecutante. Sea dicho todo ello en términos de estricta defensa y sin pretender ofender a nadie, autoridad o funcionario público”.

A la vista de la citada conclusión, la Asociación solicita al Tribunal que dicte un auto por el que tenga por no cumplida mediante el citado Decreto-ley las sentencias judiciales firmes dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, que ordene al Gobierno de Aragón su exacto cumplimiento, mandándole que acuerde la ejecución completa de modo inmediato, mediante la aprobación de un Decreto de oferta complementaria, seguido de la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos; y que advierta de imposición de multas coercitivas personales a los miembros del Gobierno de Aragón si incumplen o demoran nuevamente el mandato judicial.

Tanto la conclusión del citado escrito de alegaciones como las peticiones en que se concreta su parte final se sustentan en los razonamientos siguientes:

En primer lugar, el Decreto-ley es una norma gubernamental con rango y fuerza de ley innecesaria para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011. La aprobación de los Decretos de oferta complementaria, que no se ha producido pese a haberse completado el 15 de enero de 2014 el plazo concedido por el Tribunal Superior de Justicia, debe efectuarse mediante norma reglamentaria, siendo innecesaria la aprobación de una norma legal para ello, cuyo contenido además no solo no cumple lo ordenado por el Tribunal sino que justamente lo incumple, al autoconcederse el Gobierno de Aragón mediante ella un plazo superior al fijado por el Tribunal y modificar también los plazos de la Ley de Ordenación de la Función Pública para el desarrollo de los procesos selectivos, fijándolos en tres años y no en los nueve que se señala la Ley autonómica.

En segundo lugar, la aprobación del Decreto-ley es una maniobra del Gobierno de Aragón para dilatar tres años la ejecución en sus propios términos de las Sentencias y Autos firmes, obstruyendo el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, del que forma parte la ejecución de las sentencias firmes. El Decreto-ley se limita a establecer cifras globales de plazas a convocar en las futuras Ofertas, sin especificar los Cuerpos o Escalas a que corresponden ni determinar el plazo en que deban aprobarse los Decretos de las Ofertas complementarias a que obligan las sentencias judiciales. Con ello el Gobierno de Aragón está obstruyendo la correcta ejecución de tales sentencias, con lesión evidente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la Asociación demandante, pues la ejecución de las sentencias firmes en sus propios términos forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva.

En tercer lugar, el Decreto-ley aprobado es una norma gubernamental contraria al Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y a la Constitución Española de 1978, pues no concurre el supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad para aprobar dicha norma con rango de ley. Sucede que es el propio Gobierno de Aragón el que, con su pasividad e inactividad, ha dejado transcurrir los seis meses concedidos por el Tribunal, sin que su falta de acción pueda convertir la situación en urgente ni extraordinaria. El plazo concedido era lo suficientemente amplio para determinar el número de plazas ocupadas por interinos en las fechas correspondientes y aprobar los decretos de oferta complementaria con las plazas propias de cada Cuerpo o Escala, cosa que manifiestamente no se ha hecho. De modo que no ha sido el Decreto-ley la norma para efectuar el cumplimiento de las sentencias, sino para eludir las posibles responsabilidades por causa del incumplimiento formal y material en que se ha incurrido.

A la vista de todo ello, esta Asociación aguardará el pronunciamiento que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, como órgano judicial encargado de asegurar la ejecución de las sentencias firmes que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Resultaría particularmente grave que a la vulneración de dicho derecho, en el que incurrió el Gobierno de Marcelino Iglesias, se añadiese ahora la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi.

Simultáneamente al escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, esta Asociación se ha dirigido al Presidente, miembros de la Mesa y Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, dándoles traslado del escrito de alegaciones formulado ante el Tribunal, para que a la vista del mismo puedan valorar la oportunidad de no dar trámite a la convalidación parlamentaria del Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón, dadas las probabilidades de que con ello otorguen cobertura a un fraude jurídico del Gobierno de Aragón frente a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Es evidente que la pésima actuación llevada a cabo por el Gobierno de Aragón con la aprobación del Decreto-ley 1/2014 ha provocado una situación particularmente compleja en el proceso de ejecución judicial, que puede erosionar la credibilidad del Ejecutivo y del Parlamento autonómicos. Oportunidad hay, no obstante, para rectificar y retirar o dejar decaer el Decreto-ley, procediendo a una adecuada ejecución de las sentencias judiciales, en los términos requeridos por el Tribunal Superior de Justicia.