EL DESAFÍO A LA LEGALIDAD CONTINÚA.

No va a ser fácil que Gobierno y sindicatos de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón saquen las debidas conclusiones de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española a los ciudadanos.

Debemos recordar que estas sentencias se obtuvieron por parte de nuestra Asociación tras una batalla jurídica que hubimos de librar no solo frente al Gobierno de Aragón sino también frente a los sindicatos mayoritarios de la función pública, UGT y CCOO, que hicieron causa común con el Gobierno de Aragón en la defensa de las Ofertas ilegales y que pusieron particular empeño en obstruir y anular la iniciativa de esta Asociación, al pretender que se nos negase por los Tribunales la legitimación procesal para impugnar ambos Decretos de Oferta, ya que en su opinión carecíamos de interés directo en la garantía de tal derecho. Debemos recordar que la posición de CCOO fue llevada hasta el Tribunal Supremo, si bien su recurso fue finalmente inadmitido.

Esta Asociación expresó su estupor y malestar por la conducta de la sección sindical de CCOO en la Administración autonómica en sendos escritos dirigidos a los responsables máximos del sindicato –primero a José María Fidalgo y, posteriormente, a Ignacio Fernández Toxo, sin obtener respuesta de ninguno de ellos-, pues resultaba incomprensible que los sindicatos no fueran aliados en la defensa de la legalidad, sino que, por el contrario, prestaran su apoyo a la arbitrariedad del Gobierno.

El Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 9 de enero constituye una enorme burla jurídica a los autos de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 11 de julio del pasado año 2013, y coloca al Gobierno de Aragón en una situación comprometida en cuanto al respeto de las sentencias judiciales, cuyas consecuencias deberá determinar el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Sorprende igualmente la información aparecida en prensa sobre las negociaciones entre el Departamento de Educación y los sindicatos del personal docente en cuanto a la posible convocatoria, durante el presente año, de 200 plazas de las 385 que deben constituir la Oferta complementaria a la anulada en 2011. Deben de creer Administración y sindicatos que los fallos judiciales pueden ser desvirtuados a través de negociaciones o pactos, y que la obligación de convocar las 385 plazas omitidas se puede fraccionar a su voluntad, sin reparar en que cumplir parcialmente una sentencia es lisa y llanamente un incumplimiento de la misma.

Cabe concluir de todo lo sucedido que ni Gobierno ni sindicatos han comprendido nada de lo que han representado estas dos sentencias que declararon lesionado el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos.  Se equivocan si creen que hoy como ayer se pueden negociar a la baja los derechos de los ciudadanos, en el erróneo convencimiento de que la Administración Pública queda sometida a su voluntad arbitraria antes que a las reglas del Estado de Derecho.

Las declaraciones de los Consejeros de Presidencia y de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro y José Luis Saz, con motivo del Decreto-ley aprobado, pero también las declaraciones de los responsables de los sindicatos de la función pública con igual motivo, ponen de manifiesto que, para ellos, el triunfo del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad del Gobierno es un desagradable episodio a gestionar con todos los vicios del pasado, en lugar de un punto y aparte que ha de desterrar los caducos planteamientos políticos y sindicales, incapaces de preservar la profesionalidad de la función pública y de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estamos ante un punto de ruptura en las viejas inercias de la función pública, aunque unos y otros se resistan a admitirlo.