INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS DE REPOSICIÓN: LA ASOCIACIÓN COMUNICA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LA PETICIÓN FORMULADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO.

La Asociación se ha dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, para informarles de la petición realizada la semana pasada a la titular de la institución del Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, al entender que sus términos son contrarios a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y conllevan una vulneración de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española.

Con ello deseamos que los Grupos Parlamentarios estén debidamente  informados de las diferentes actuaciones llevadas a cabo por esta Asociación frente a las tasas de reposición de efectivos que se contemplan, año tras año, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, sin prestar la debida atención a los efectos que las mismas conllevan en la situación de la función pública de las diferentes Administraciones Públicas españolas.

En próximas fechas, nos dirigiremos también al conjunto de Subsecretarios de los Ministerios de la Administración General del Estado y a los responsables directos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para tenerlos también al corriente de la petición realizada a la institución del Defensor del Pueblo.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados:

“Grupo Parlamentario Popular

Congreso de los Diputados

C/ Floridablanca, s/n.

28071-MADRID

Zaragoza, 17 de enero de 2014.

Estimados señores:

En el último trimestre del año pasado, con motivo de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, nos dirigimos a ese Grupo para expresarles nuestra preocupación por el grave deterioro que viene sufriendo en el conjunto de las Administraciones Públicas el régimen de acceso a la función pública, por la falta de aprobación de ofertas de empleo público o la restricción indebida de plazas por aplicación de tasas de reposición de efectivos que debieran afectar únicamente a puestos vacantes y no a aquellos puestos ocupados por funcionarios interinos, al objeto de respetar lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público y garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española a todos los ciudadanos.

Pese a las razones que aportábamos en nuestro escrito para adecuar el texto del artículo 21 del citado Proyecto de Ley a las exigencias de respeto que impone el citado artículo 23.2 de la Constitución Española, toda vez que la ley no puede lesionar el contenido esencial de un derecho fundamental, la aprobación final del Proyecto de Ley por las Cortes Generales no modificó el contenido del citado artículo.

Así, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, contiene en su artículo 21, relativo a la oferta de empleo público, una serie de limitaciones a la incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas, que se concretan en los términos siguientes:

a) en primer lugar, se establece que a lo largo de 2014 no se procederá en el sector público –tanto estatal como autonómico o local- a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores, alcanzando igualmente tal limitación a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público;

b) en segundo lugar, se señala que tal limitación no será de aplicación a aquellos sectores y administraciones que específicamente se señalan –ámbitos de educación, sanidad, control y lucha contra el fraude fiscal y laboral y control de la asignación eficiente de los recursos públicos, asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos o servicios de prevención y extinción de incendios, entre otros-, en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 10 por ciento;

y c) en tercer lugar, se establece que durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal  o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgente e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Tales previsiones aparecen, en su formulación, justificadas por criterios de contención del gasto de personal, sin referencia alguna al derecho fundamental de acceso a la función pública y a la posible incidencia que lo establecido pueda tener sobre las garantías que, en relación al mismo, se señalan en el artículo 53 de la Constitución, y tampoco se contempla referencia alguna a la regulación contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público, donde la aplicación del régimen de acceso a la función pública ya queda sometida a la necesidad de contar con las oportunas dotaciones presupuestarias y las medidas de contención de gasto se prevén mediante la posible amortización de los puestos de trabajo, sin que se prevea la posibilidad de que los puestos vacantes ocupados por interinos puedan quedar bloqueados en tal situación, sin ser incluidos en oferta de empleo público para su cobertura en la forma que se señala en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución.

No es posible, a nuestro juicio, que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado incluyan en su articulado previsiones directamente contrarias a los preceptos constitucionales –con lesión clara del contenido esencial de un derecho fundamental como es el de acceso a la función pública- y no resulta tampoco admisible que, como resultado de tales previsiones que entendemos antijurídicas, se produzca el incremento progresivo de las tasas de interinidad en el conjunto de las Administraciones Públicas, resultado que permite constatar la inidoneidad de las previsiones de las Leyes de Presupuestos del Estado, pues éstas no limitan su incidencia al volumen de las plantillas de las Administraciones Públicas, sino que están debilitando de manera indebida la profesionalidad de la función pública y comprometiendo gravemente el estatuto propio de los servidores públicos, al impedir para una gran parte del mismo la garantía de la inamovilidad que se corresponde con el deber constitucional de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

La necesaria restauración del respeto al derecho de acceso a la función pública pasa, necesariamente, por la revisión de las técnicas que han venido incorporando las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y, en particular, de la defectuosa aplicación de las tasas de reposición de efectivos, que han venido a desvirtuar y excepcionar de forma antijurídica el régimen de selección de personal funcionario de carrera de las Administraciones Públicas, alterando con ello el estatuto jurídico que ha de asegurar el deber de imparcialidad y la obligación de sometimiento a la legalidad que incumbe de manera particular a todo servidor público.

Coherentemente con los planteamientos señalados, les informamos que esta Asociación se ha dirigido a la institución del Defensor del Pueblo para solicitarle la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, atendiendo con ello la misión constitucional que se le atribuye en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lamentamos que con ello pueda quedar cuestionado el papel ejercido por las Cortes Generales como poder público obligado a preservar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Agradeciéndoles su atención, reciban nuestro más respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”