No por cambiar el color político del
Gobierno y los responsables en materia de participación ciudadana, hemos
avanzado de forma efectiva en el adecuado respeto al derecho fundamental de
petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución
Española. Por mucho que el actual Estatuto de Autonomía de
Aragón, en su artículo 15, enfatice la importancia de la participación
ciudadana en los asuntos públicos, nada se ha hecho por garantizar el ejercicio
y el respeto al derecho constitucional de petición, a través del cual los
ciudadanos pueden dirigir propuestas e iniciativas a los diferentes poderes públicos en
materias propias de su competencia, a las cuales la respectiva autoridad pública
ha de dar respuesta motivada al ciudadano sobre la aceptación o rechazo de su petición.
No por ello, sin embargo, desde esta
Asociación vamos a dejar de ejercer el derecho ni vamos a reaccionar, ante las
instancias de protección que procedan, en el caso de que dicho derecho no
obtenga el respeto adecuado, algo que resulta ineludible para cualquier
autoridad mínimamente respetuosa con las exigencias propias del Estado de
Derecho. Pero estamos comprobando cómo cada día se desconocen las reglas
propias de nuestro sistema constitucional y la gestión pública se convierte en
un espacio dominado por la falta de objetividad, la falta de respeto a las
normas y la arbitrariedad. Asistimos con enorme preocupación a un creciente
proceso de “patrimonialización” del aparato administrativo por parte de los
responsables políticos del actual Gobierno PP-PAR.
Como indicador del grado de vinculación
a las normas de los actuales responsables políticos funciona el ejercicio del
derecho de petición, frente al cual se vienen dando dos reacciones típicas: o
no se contesta, vulnerando frontalmente el derecho, o se contesta sin responder
a lo que se plantea, en una auténtica burla a quienes con el ejercicio de su
derecho pretenden avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración, desvirtuando con ello el sentido y la funcionalidad del propio derecho.
Superada la mitad de la legislatura,
sin que este Gobierno haya asegurado en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
el cumplimiento de las obligaciones que impone la actual regulación legal del
derecho de petición, nos hemos dirigido nuevamente a la responsable de la
materia, la Directora General
de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, para reiterarle una
de las obligaciones que le corresponde atender, pues no es posible hablar de
participación ciudadana mientras aquellos mecanismos de participación
constitucionalmente previstos sigan siendo menospreciados por los miembros del
Gobierno de Aragón.
Se reproduce a continuación el escrito
dirigido, días atrás, a la Directora General
responsable de participación ciudadana:
“Ilma. Sra. Directora General de
Participación
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Departamento
de Presidencia y Justicia
Pº.
María Agustín, 36
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.
Estimada
señora:
En
su condición de alto cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón responsable en materia de participación ciudadana, nos ponemos
nuevamente en contacto con usted, para reiterarle nuestra preocupación por el
tratamiento dispensado por los miembros del Gobierno de Aragón y de los
restantes altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma
al derecho fundamental de petición que pueda ejercerse por parte de los
ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 29 de la Constitución
Española y en la Ley
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho
de Petición.
El
derecho de petición es un mecanismo constitucionalmente establecido para
asegurar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, pudiendo
ejercerse tanto individual como colectivamente. Su ejercicio sirve de cauce
para que los ciudadanos puedan hacer llegar a los diferentes poderes públicos
iniciativas o propuestas referentes a cualquier asunto de interés público, pues
la participación política prevista por nuestro ordenamiento constitucional no
ha quedado reducida al ejercicio del derecho de sufragio en las diferentes
convocatorias electorales para la designación de representantes, sino que también
puede efectuarse de manera directa a través de mecanismos que, como sucede en
el caso del derecho de petición, cuentan con una directa garantía
constitucional.
El
derecho de petición reconoce, por lo tanto, facultades para los ciudadanos
titulares del mismo y, a la vez, impone obligaciones a los poderes públicos
frente a los cuales cabe ejercerlo. Junto a la obligación de responder de
manera razonada y en el plazo previsto sobre las cuestiones planteadas en sus
escritos de petición por parte de los ciudadanos, figura también la obligación
de elaborar una memoria anual de las actividades derivadas de las peticiones
recibidas, tal y como se dispone en el artículo 11.5 de la Ley 4/2001, de 12 de
noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Toda
vez que la responsabilidad directa en materia de participación ciudadana, en el
ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma
de Aragón, queda normativamente atribuida a esa Dirección General, entendemos
que dicha Dirección General debiera asumir como función propia la confección de
dicha memoria anual en el ámbito de la Administración
autonómica, o en su caso coordinar las memorias que pueda confeccionar cada
Departamento del Gobierno de Aragón, evitando que dicha obligación legal quede
incumplida por parte del Gobierno de Aragón.
En
consecuencia, y en ejercicio del citado derecho de petición, le solicitamos que
adopte las medidas adecuadas para que por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón se confeccione la memoria anual relativa a actividades derivadas del
ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos ante autoridades
u órganos de la
Administración autonómica.
Agradeciéndole de antemano su atención,
reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
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