UNA CONSEJERA DESINFORMADA.

Pocas comparecencias de miembros del Gobierno de Aragón ante las Cortes de Aragón pueden ser tan desafortunadas como la protagonizada por la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, hace ya unas semanas ante la Comisión Parlamentaria correspondiente, en la que se mostró incapaz de estar a la altura de los principios de nuestro Estado de Derecho y utilizó términos y expresiones radicalmente inconstitucionales, que no cabe aceptar en boca de políticos responsables.

En dicha comparecencia, afirmó que veía difícil que en 2014 se convocaran oposiciones para docentes si no se cambiaban las tasas de reposición existentes. Añadió que, con aplicación de dichas tasas, cabría ofertar un máximo de 30 plazas de Secundaria, un número que resultaba irrelevante y que, de convocarse, podría producir un “efecto llamada” a opositores de otras comunidades autónomas, provocando insatisfacción de los opositores aragoneses y un mayor coste para la Administración.

Resulta difícil condensar en una comparecencia ideas y expresiones tan alejadas de las exigencias de nuestro Estado de Derecho: resulta incomprensible que el respeto del derecho de acceso al empleo público quede supeditado a un número determinado de plazas –con ello la tasa de reposición no solo limita el ejercicio del derecho, sino que lo suprime, al calificarse de ridículo el número de plazas resultantes para su obligada inclusión en la oferta anual de empleo público-, y no parece comprensible tampoco que la Consejera responsable de Educación desconozca que el Gobierno de Aragón está condenado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a aprobar una Oferta de Empleo Público complementaria de las anuladas de 2007 y 2011. Dicha Oferta complementaria ha de incluir la totalidad de los puestos vacantes ocupados por interinos que se omitieron en su momento, sin que dicho número pueda verse afectado por las tasas de reposición. Por lo tanto, al margen de que haya oferta o no en 2014, el Gobierno de Aragón va a tener que ofertar todas las plazas docentes vacantes ocupadas por interinos que no incluyó en su día en las Ofertas anuladas, lo cual superará con creces las 30 plazas indicadas por la Consejera. ¿Estamos ante un caso de desconocimiento o de simple desinformación, al omitirse toda referencia a dicha Oferta?

Al margen de lo anterior, que desmiente por completo las afirmaciones realizadas por la Consejera, debemos rechazar de forma contundente las afirmaciones realizadas por la Consejera sobre el supuesto “efecto llamada” de las posibles convocatorias de oposiciones por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, como si los ciudadanos españoles de fuera de Aragón fueran candidatos indeseados en dichas oposiciones. Este lenguaje resulta reprobable y radicalmente inconstitucional, ya que ningún poder público del Estado –y las Comunidades Autónomas lo son- puede llevar a cabo actuaciones que limiten el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, y uno de ellos es el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad.

Rechazamos la estrategia sindical de apropiación territorial de la función pública –“la educación aragonesa para los docentes aragoneses”-, pero si ya es rechazable tal planteamiento en sí mismo, salvo que estemos dispuestos a ceder a discursos populistas y xenófobos,  aún resulta más inadmisible que ese tipo de discurso excluyente y radicalmente inconstitucional sea asumido por una Consejera, obligada a respetar el ordenamiento jurídico, comenzando por la propia Constitución, cuyos valores y contenido parece desconocer a la vista de las afirmaciones realizadas.

Lamentablemente, ninguna de sus desafortunadas afirmaciones encontró la debida réplica por parte de los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Esta Asociación, consecuentemente, va a considerar la oportunidad de dirigirse por escrito a la Consejera, Dolores Serrat, para expresarle nuestro rechazo a sus planteamientos, por entenderlos contrarios a los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución, así como a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, por entender que como máxima responsable del Ejecutivo está obligada a desautorizar manifestaciones contrarias a los principios esenciales de nuestro Estado de Derecho, como es el respeto de los derechos fundamentales de todos los españoles, es decir, aragoneses y no aragoneses.