Desde
esta Asociación nos hemos dirigido, por escrito, a la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, para trasladarle nuestra
abierta discrepancia con las afirmaciones realizadas el pasado 14 de noviembre
de 2013 en su comparecencia ante las Cortes de Aragón, al desconocer las
obligaciones que incumben al Gobierno de Aragón en materia de oferta de empleo
público, incluyendo la relativa a la función pública docente, y al cuestionar
el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública aragonesa
por parte del resto de los ciudadanos españoles, como expresamente garantiza la Constitución
Española, al aludir al posible “efecto llamada” que podría
suponer la convocatoria de oposiciones por la Administración
aragonesa para candidatos procedentes de otras Comunidades Autónomas.
La
legalidad no es menos legal –sino todo lo contrario- cuando ampara derechos de
otros y la ilegalidad no es menos ilegal cuando la cometen nuestras
instituciones de autogobierno. Este principio ha estado siempre presente en
todas las iniciativas promovidas por esta Asociación y, por ello, no podemos
dejar pasar, sin la oportuna reacción, unas desafortunadas declaraciones de la Consejera de Educación
del Gobierno de Aragón que en nada contribuyen a reforzar la cultura de
legalidad y el compromiso constitucional.
Se
reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido a la Consejera de Educación:
“Excma.
Sra. Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
Avda.
Gómez Laguna, 25, planta 2ª
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 12 de diciembre de 2013.
Estimada
señora:
Como
presidente de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, entidad comprometida con la promoción y defensa de los principios
constitucionales que ordenan la función pública, como son los de legalidad,
profesionalidad y ética pública, deseo expresarle nuestra preocupación por sus
afirmaciones en la comparecencia ante la las Cortes de Aragón que tuvo lugar el
pasado 14 de noviembre de 2013.
En
primer lugar, lamentamos que el derecho de acceso a la función pública docente
se vea indebidamente limitado en nuestra Comunidad Autónoma, conculcando con
ello el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución
Española. No cabe, a nuestro juicio, invocar las tasas de
reposición para cercenar un derecho fundamental que viene claramente
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y que obliga a incluir
en la oferta anual de empleo público todas aquellas plazas ocupadas por
funcionarios interinos. Las tasas de interinidad existentes en el sector de
educación de nuestra Comunidad Autónoma constituyen la prueba incontestable del
incumplimiento de dicha obligación legal, con la consiguiente vulneración del
derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos españoles para acceder a
la función pública, incluida la docente, y su impacto negativo en la calidad de
los servicios públicos afectados.
El
Gobierno de Aragón se halla pendiente de ejecutar, a petición de esta
Asociación, las sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y
2011, precisamente por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas
por interinos, incumpliendo con ello tanto el Estatuto Básico del Empleado
Público como la Ley
de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma
de Aragón. La inaplicación de ambas leyes constituía, a juicio de ambos
Tribunales, una clara vulneración del derecho fundamental de acceso.
Esta
Asociación está especialmente comprometida con la restauración de la legalidad
en materia de acceso al empleo público, y por ello estamos llevando a cabo,
ante las diferentes instituciones del Estado, una campaña contra la utilización
de las tasas de reposición como límite antijurídico al derecho de acceso a la
función pública, razón por la cual también hemos recurrido ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón el reciente Decreto 155/2013, de 24 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, relativo a oferta de empleo público para
personal docente no universitario, al entender que sus términos son contrarios
al artículo 23.2 de la Constitución
Española.
En
segundo lugar, deseamos trasladarle nuestra
discrepancia con el contenido de sus declaraciones ante las Cortes de
Aragón, al referirse al posible “efecto llamada” que pudieran producir las
convocatorias de oposiciones realizadas en Aragón para candidatos de otras partes
de España. Entendemos que un miembro de un Gobierno
autonómico está obligado por su cargo y responsabilidad a respetar y defender el
espíritu y a la letra de nuestra Constitución. El
derecho de acceso a la función pública no solo cabe ejercerlo en relación
con cualquier Administración Pública, sea estatal, autonómica o local, sino que
su titularidad y libre ejercicio corresponde a todos los ciudadanos españoles,
razón por la cual la referida alusión al denominado “efecto llamada” resultaría
contraria a la legalidad constitucional, contradiciendo
los artículos 14, 23.2 y 139.1 de nuestra norma fundamental.
Cuando
conmemoramos los años de vigencia de nuestra
Constitución, como hemos hecho recientemente el pasado día 6 de diciembre, al
cumplirse los 35 años del referéndum de su ratificación por los ciudadanos
españoles, lo que realmente celebramos es el
valor de sus principios y normas para ordenar la vida social y el
funcionamiento del conjunto de las instituciones públicas. No cabe festejar la Constitución y, al
mismo tiempo, olvidar sus principios y exigencias.
Por
todo ello, entendemos que en el ejercicio de sus responsabilidades públicas le
corresponde asegurar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la función
pública docente, corrigiendo las indebidas tasas de interinidad actualmente
existentes en la
Administración educativa aragonesa, y al mismo tiempo
defender el libre ejercicio de acceso a
la función pública por el conjunto de los ciudadanos españoles, coherentemente
con lo establecido en nuestra Constitución
Agradeciéndole
de antemano la atención prestada, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
1 comentario:
Pues ayer en las Cortes volvió con parecidas palabras:
La consejera de Educación, Dolores Serrat, informó ayer en el pleno de las Cortes de que, en esta legislatura, el número de profesores en Aragón ha descendido en 300 personas, al pasar de los 17.000 que había cuando comenzó hasta los 16.700 que hay ahora --el 24, 8% interinos--.
Serrat reconoció que los recortes de los presupuestos de 2012 y 2013 fueron "tremendamente duros", pero añadió que, a partir del 2014, se corregirá, ya que se destinan 2 millones de euros más para personal. Además, en el curso 2013-2014, "se ha incrementado un 2,2 % el profesorado de plantilla", expuso la consejera, sin detallar el número de interinos contratados, para este periodo de tiempo.
Sin embargo, la diputada del PSOE Mayte Pérez señaló que, en los dos últimos años, el Gobierno de Aragón ha recortado 90,7 millones de euros en profesorado, según los presupuestos de 2012 y 2013, y ha reducido de 7 a 3 millones la dotación destinada a la formación de profesorado, en el mismo plazo de tiempo. "Esto se traduce en que, desde junio de 2012 a junio de 2013, hubo 4.474 profesores menos en la comunidad", indicó Pérez, que alertó de un recorte del 36,4% en la cifra del profesorado, frente, por ejemplo, al descenso del 1,6% en Madrid.
Sin embargo, Serrat negó estas cifras y argumentó que, en realidad, son 550 profesores interinos menos los que hubo en Aragón, porque de los 4.474 docentes menos de julio de 2012, "unos 3.900 fueron contratados en septiembre" del 2013.
En cuanto a la oferta de empleo público para profesorado, Serrat indicó que, por ley, no pueden superar el 10% de la tasa de reposición. "Estamos pendientes de que nos dejen superar ese 10%", ha insistió Serrat, quien añadió que, mientras exista este límite, será "difícil" convocar oposiciones.
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