El
Justicia de Aragón, mediante escrito de 23 de septiembre de 2013, ha comunicado a esta
Asociación la admisión a trámite de la queja formulada contra el Consejero de
Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, por vulneración del derecho
de petición ejercido por esta Asociación, al amparo del artículo 29 de la Constitución
Española.
En
dicho escrito señala: “Examinada su queja detenidamente, y al amparo de las
facultades que me confiere el artículo 2.3 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del
Justicia de Aragón, he resuelto admitirla a supervisión y dirigirme al Departamento
de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón para que me informe
sobre la cuestión que plantea. En el momento en que tenga noticias al respecto
me comunicaré de nuevo con usted”.
La
petición, en la que se planteaban diferentes sugerencias en relación con la
incorrecta utilización del contrato de alta dirección en el área de servicios
sociales, y en la que se solicitaba que dichas contrataciones se hicieran públicas
en el Boletín Oficial de Aragón, como cualquier otra provisión de carácter
definitivo de un puesto de trabajo, fue recientemente contestada –sin dar
respuesta a ninguna de nuestras propuestas- por el Director General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, una vez transcurrido el plazo máximo para contestar que
establece la Ley Orgánica
4/2001, reguladora del Derecho de Petición. Creemos que dicha contestación
vino, precisamente, motivada por la queja planteada ante el Justicia de Aragón,
así como por el escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, para solicitarle que garantizase el respeto del derecho de petición por
parte de los miembros del Gobierno de Aragón y de los altos cargos de la Administración
autonómica.
Esta
Asociación, como hizo con el anterior Gobierno, no va a admitir que el
ejercicio de un derecho fundamental de participación directa en los asuntos públicos,
como es el derecho de petición, sea ignorado por los responsables del Gobierno
de Aragón, y frente a cada vulneración del mismo pedirá el amparo del Justicia
de Aragón o del Defensor del Pueblo y, si fuera preciso, de los Tribunales o
del Ministerio Fiscal, pues la vulneración de los derechos fundamentales de los
ciudadanos por autoridades públicas admite diferentes vías judiciales de
protección y de sanción.
2 comentarios:
A ver si surte algún efecto.
es probable que no, pero al menos la institución conoce de primera mano las malas prácticas de politicos y funcionarios (algunos)...si no se hubiera activado la queja , ni existirían
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