La
vida institucional de una sociedad democrática no puede transcurrir al margen
de la acción de la sociedad civil, y ello resulta cada día más evidente en
nuestro país, al margen de que los cauces de comunicación no estén todavía
suficientemente articulados, siendo ésta una línea de acción necesaria para reforzar
la credibilidad y legitimidad de la acción pública. Una sociedad civil activa y
vigilante es un factor necesario para evitar los riesgos de corrupción pública
o de distanciamiento entre los responsables institucionales y los ciudadanos,
ante los que debe practicarse una constante rendición de cuentas del ejercicio
de todo cargo público.
La
calidad democrática de una sociedad ha de sumar el desempeño institucional y el
de la propia sociedad civil, pues una ciudadanía indiferente o comprometida con
los valores constitucionales y los principios democráticos será determinante en
el desarrollo de la vida institucional y en el vigor y funcionamiento de la
propia democracia. No es posible caminar hacia una democracia exigente sin una
implicación de los ciudadanos en la buena marcha de los asuntos públicos.
Esta
Asociación, plenamente convencida de la necesidad de que los servidores públicos
profundicen en su compromiso con el buen gobierno y la buena administración, desde
su condición ciudadana y su pertenencia a la sociedad civil, viene trabajando
en propuestas de mejora y también en denuncias de incumplimientos de la
legalidad, pues los ciudadanos no pueden dejar de manifestar su rechazo a
aquellos comportamientos institucionales que se apartan de la legalidad.
Esas
son las razones por las que hemos reaccionado, en todos los años en que se ha
producido, frente a la no presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
a las Cortes de Aragón en el plazo que marca el Estatuto de Autonomía. Entre
las iniciativas adoptadas, se cuenta el escrito remitido a los diferentes
Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.
Se
reproduce a continuación el texto íntegro del escrito remitido a los Grupos
Parlamentarios de las Cortes de Aragón:
“Grupos
Parlamentarios
Cortes
de Aragón.
Palacio
de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 8 de octubre de 2013.
Estimados
señores:
Nos
dirigimos nuevamente a ese Grupo, con el objeto de expresarles nuestra
preocupación por la no aprobación y remisión del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la
Comunidad Autónoma por parte del Gobierno de Aragón a las
Cortes de Aragón dentro del plazo establecido por el artículo 111 del Estatuto
de Autonomía de Aragón.
El
citado artículo 111, en su apartado cuarto, establece que “el Gobierno remitirá
a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre
del ejercicio en curso”, lo que significa que el correspondiente Proyecto de
Ley ha de ser aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de
Aragón con anterioridad al 1 de octubre.
Dicho
requisito temporal se reitera en la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, y en cuyo artículo 37
se dispone: “El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para cada ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las
Cortes antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen, enmienda
y, en su caso, aprobación”.
Asimismo,
también el vigente Reglamento de las Cortes de Aragón, al regular el
procedimiento especial de aprobación de la Ley de Presupuestos, establece en su artículo
143: “Corresponde a la
Diputación General la elaboración del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para cada ejercicio, que deberá ser
presentado a las Cortes antes del inicio del último trimestre del ejercicio
anterior”.
Pese
a ello, el Gobierno de Aragón, por tercer año consecutivo en la presente
legislatura, ha vuelto a incumplir su obligación de remitir a las Cortes de
Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
en el plazo legalmente establecido, lo que no solo constituye una práctica
contraria a lo establecido en la norma institucional básica de nuestra
Comunidad Autónoma, sino también un incumplimiento del deber de lealtad
institucional, dado que con la remisión tardía se impide a las Cortes de Aragón
contar con las condiciones adecuadas para realizar su labor de examen, enmienda
y aprobación en los términos señalados por el ordenamiento jurídico.
El
sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico es una premisa
ineludible en todo Estado de Derecho y, en nuestra condición de ciudadanos
comprometidos con el respeto de la legalidad, no podemos dejar de reaccionar
frente a la reiterada vulneración en que viene incurriendo el Gobierno de
Aragón tanto del Estatuto de Autonomía como de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón en el ejercicio de la iniciativa legislativa que le corresponde en
materia presupuestaria.
Entendemos
que las Cortes de Aragón, a través de sus órganos de gobierno, debieran
reclamar del Gobierno de Aragón que la aprobación y remisión del Proyecto de
Ley de Presupuestos se efectúe en la forma y en los plazos establecidos por el
ordenamiento jurídico aragonés.
Agradeciéndoles
de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
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