EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE QUEJA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN.

El Justicia de Aragón, mediante escrito de 23 de septiembre de 2013, ha comunicado a esta Asociación la admisión a trámite de la queja formulada contra el Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, por vulneración del derecho de petición ejercido por esta Asociación, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española.

En dicho escrito señala: “Examinada su queja detenidamente, y al amparo de las facultades que me confiere el artículo 2.3 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto admitirla a supervisión y dirigirme al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón para que me informe sobre la cuestión que plantea. En el momento en que tenga noticias al respecto me comunicaré de nuevo con usted”.

La petición, en la que se planteaban diferentes sugerencias en relación con la incorrecta utilización del contrato de alta dirección en el área de servicios sociales, y en la que se solicitaba que dichas contrataciones se hicieran públicas en el Boletín Oficial de Aragón, como cualquier otra provisión de carácter definitivo de un puesto de trabajo, fue recientemente contestada –sin dar respuesta a ninguna de nuestras propuestas- por el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez transcurrido el plazo máximo para contestar que establece la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición. Creemos que dicha contestación vino, precisamente, motivada por la queja planteada ante el Justicia de Aragón, así como por el escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para solicitarle que garantizase el respeto del derecho de petición por parte de los miembros del Gobierno de Aragón y de los altos cargos de la Administración autonómica.

Esta Asociación, como hizo con el anterior Gobierno, no va a admitir que el ejercicio de un derecho fundamental de participación directa en los asuntos públicos, como es el derecho de petición, sea ignorado por los responsables del Gobierno de Aragón, y frente a cada vulneración del mismo pedirá el amparo del Justicia de Aragón o del Defensor del Pueblo y, si fuera preciso, de los Tribunales o del Ministerio Fiscal, pues la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos por autoridades públicas admite diferentes vías judiciales de protección y de sanción.