QUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN NO ENVÍE SUS PRESUPUESTOS A LAS CORTES DE ARAGÓN NO ES NOTICIA.

Ha llegado el mes de octubre, y lo que era previsible ha sucedido, pues el Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi, por tercera vez, ha incumplido la obligación estatutaria de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón antes del 1 de octubre de 2013. Parece cumplirse aquella máxima que señalaba Séneca: comete una falta tres veces, y creerás que es lícito.

Débil convicción del sometimiento a las normas tiene un Gobierno que no tiene inconveniente en incumplir de manera constante –tres veces en las tres ocasiones que ha tenido en la presente legislatura- las obligaciones que le impone el Estatuto de Autonomía de Aragón. Es llamativo el silencio del Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, en la defensa del Estatuto, cuando los incumplimientos señalan al Gobierno aragonés de coalición y no al Gobierno de España.

Los intereses de Aragón también están comprometidos cuando la norma estatutaria no es respetada por las instituciones autonómicas, pues el respeto a la ley no puede reducirse a cumplir las normas cuando el poder político lo tiene a bien: eso no es lo que exige un Estado de Derecho, y alguien debería recordárselo al Gobierno de Aragón. El primer interés de los aragoneses, deseosos de que las normas se cumplan, es que sus instituciones de gobierno se sientan vinculadas por las normas que ordenan la vida política y social.

Resulta sencillamente inaceptable que unos poderes públicos que se conceden a sí mismos la posibilidad de incumplir las normas – como ocurre en la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, pero también en el reconocimiento a los ciudadanos de prestaciones sociales exigibles, como son el Ingreso Aragonés de Inserción o las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia-, hablen luego de fraude por parte de los beneficiarios de las ayudas sociales.

Esta Asociación nuevamente acudirá al Justicia de Aragón, que tiene entre sus misiones la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón, y esa defensa debe lógicamente activarse frente a conductas reiteradas de incumplimiento y vulneración como la que demuestra el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi en la aprobación y remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón. Parafraseando a quienes rechazan una comisión parlamentaria de investigación sobre las irregularidades en la gestión de PLAZA, S.A:, podríamos decir “debemos dejar actuar al Justicia de Aragón”, pero su actuación no debería impedir el necesario reproche político –por parte de los grupos de la oposición- y social, por parte de los ciudadanos y de los medios de comunicación, a una práctica de mal gobierno que parece haber consolidado el Ejecutivo autonómico actual.