NO HAY LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN.

Es preocupante el creciente desprecio que determinadas fuerzas políticas muestran hacia nuestra norma constitucional, como si la misma no fuera, precisamente, la que ha permitido disfrutar de amplísimas cotas de libertad y de progreso durante cerca de cuatro décadas, situando a España entre las verdaderas democracias del mundo.

Ello no obsta, desde luego, para reconocer las carencias de funcionamiento del sistema y los problemas que las circunstancias económicas y sociales del país han acarreado para la credibilidad de nuestras instituciones. Esos problemas, sin embargo, no son achacables a la Constitución.

No debe tampoco rechazarse la posibilidad de introducir mejoras en nuestra Constitución, tras casi cuarenta años de funcionamiento y vigencia. Pero en ningún caso podemos considerar que la Constitución, como parecen pretender algunos, es un mecanismo que priva a los ciudadanos de su soberanía o que supedita los derechos de las personas a los intereses de unos pocos.

Justamente es todo lo contrario, y sin duda la Constitución contiene en sí las potencialidades necesarias para avanzar decididamente en la corrección de todos los problemas sociales que nos aquejan. En el marco constitucional caben diferentes programas políticos, acordes a la voluntad mayoritaria de la sociedad, pero dichos programas cuentan con unos contenidos necesarios a respetar, como son los derechos fundamentales de los ciudadanos y las reglas democráticas del poder político.

El desprecio a la Constitución que algunos muestran es especialmente grave cuando afecta a aquellos que acceden a responsabilidades institucionales. No basta para considerarse demócrata acceder al poder a través del voto de los ciudadanos, sino que la verdadera demostración de convicción democrática de todo cargo público es precisamente el modo de ejercer sus responsabilidades institucionales, y muy especialmente el sometimiento expreso a la Constitución como norma suprema a la que todos estamos sujetos, ciudadanos y poderes públicos.

Aquel cargo público que, al asumir una responsabilidad institucional, no hace expresa declaración de acatamiento a la Constitución –norma en la que se establecen los derechos de los ciudadanos y los límites infranqueables para el poder político- debe ser considerado como una potencial amenaza para nuestra democracia y, como tal, debería verse privado de su condición de cargo institucional. 

La legitimidad democrática que dan los votos se pierde si el ejercicio del poder político se quiere efectuar al margen o en contra de la norma constitucional, como parecen pretender en nuestro país algunos responsables políticos. La norma constitucional no puede ser ignorada impunemente por ningún cargo institucional y la democracia tiene el derecho y el deber de reaccionar frente a quienes olvidan las exigencias propias del Estado de Derecho y el obligado sometimiento a la legalidad. 

Si no se acata la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico por los cargos institucionales, los ciudadanos quedamos a merced de la arbitrariedad de nuestros gobernantes, o lo que es lo mismo perdemos nuestra condición de ciudadanos.