EN EL INICIO DE UN NUEVO AÑO.

Llega 2016, y la pretensión lógica es que el nuevo año nos permita avanzar en el logro de objetivos de mejora de la función pública. Al menos, nuestra voluntad como Asociación es proseguir con la tarea de defensa de la legalidad y de la profesionalidad en las Administraciones Públicas, con la orientación establecida en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración aprobado por la Junta Directiva y presentado el pasado día 9 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, en el Centro de Prensa de Zaragoza.

Vamos a convertir cada una de las propuestas contempladas en dicho Documento en iniciativas trasladadas a las instituciones públicas, a las que corresponde la responsabilidad directa de su impulso o aprobación, y vamos a insistir en la defensa del derecho de acceso a la función pública, al entender que es uno de los más graves incumplimientos en los que han venido incurriendo el conjunto de las Administraciones Públicas.

Nuestra acción más inmediata es el recurso a interponer ante el propio Tribunal Supremo frente a la sentencia desestimatoria de nuestro recurso contra la Oferta de Empleo Público de 2014 en la Administración General del Estado, en la que se dan por buenos los límites fijados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, inaplicando el régimen establecido en el propio Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se obliga a la inclusión en oferta de todas las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

Pero, aun siendo prioritario el restablecimiento pleno del derecho de acceso a la función pública, para corregir la generalizada conculcación del mismo, con la consiguiente desnaturalización del modelo constitucional de función pública, debemos extender nuestra actuación a otros muchos aspectos también decisivos para el buen funcionamiento institucional, con el fin de corregir malas prácticas que van desde la inactividad administrativa –olvidando mandatos legales de desarrollo reglamentario o de elaboración de informes en los que se rinda cuentas de la gestión realizada- y el incumplimiento de obligaciones que impone el derecho de petición de los ciudadanos –hay que reaccionar frente al general incumplimiento del deber de responder en que está incurriendo el actual Gobierno de Javier Lambán, tanto por parte del Presidente como de los Consejeros- hasta el mantenimiento del abuso de la estructura administrativa para proveer de puestos públicos reservados a funcionarios a personas de partido ajenas a la función pública, a través del uso improcedente del contrato de alta dirección, en centros dependientes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

La exigencia del control ciudadano sigue siendo imprescindible –sin delegar dicha función en ninguna fuerza política, ya sea de viejo o nuevo cuño-, porque solo la sociedad civil puede actuar como sociedad civil vigilante frente al conjunto de las fuerzas políticas y de las instituciones públicas, desde la colaboración y el respeto, pero también desde el control y la denuncia, para recordar que nadie –ni ciudadanos ni poderes públicos- puede vulnerar el ordenamiento jurídico, cuyo respeto es la principal garantía de los derechos de todos y de la convivencia libre y pacífica.