RESTABLECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, PRINCIPAL PRIORIDAD PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Todo funcionario público conoce perfectamente lo que señala el artículo 103.1 de la Constitución Española, respecto a que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La fortaleza del Estado de Derecho proclamado por nuestra Constitución depende, en buena medida, de que la Administración Pública, en su organización y actividad, se atenga verdaderamente a lo señalado en dicho precepto. Pero aunque todo ello pueda resultar obvio, es necesario recordarlo una y otra vez e insistir en la absoluta necesidad de dar cumplimiento a tal exigencia constitucional.

Esta idea estará presente en la participación del Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, en la jornada de debate organizada por el PSOE, bajo el título “Política y Función Pública”, hoy lunes 23 de febrero, a partir de las 18:30 horas, en el Centro “Las Armas” de Zaragoza. Porque cualquier objetivo de buen gobierno o buena administración que pueda plantearse ahora y en el futuro no puede desconocer la exigencia primera y esencial del respeto al principio de legalidad.

De poco servirán códigos de conducta, como el contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público, o instrumentos para fijar objetivos de calidad en la gestión, como son las cartas de servicios, si todo ello no se conecta con una arraigada cultura de la legalidad, hoy claramente debilitada en el conjunto de las Administraciones Públicas. La inaplicación de las Leyes –pese a su vigencia formal- o su desvirtuación a través de decisiones arbitrarias en su aplicación, sacrificando los valores de objetividad e imparcialidad a intereses políticos o particulares, son hoy una realidad cotidiana en las Administraciones Públicas, que menoscaban día a día la imprescindible cultura de la legalidad que ha de guiar la actuación de la función pública.

Todo ello nos debe alertar sobre la débil interiorizacion de los principios del Estado de Derecho en la mayor parte de las instituciones públicas: del “vuelva usted mañana”, propio de la Administración del siglo XIX que retrató Larra, hemos pasado al “vaya usted a los tribunales si no está de acuerdo”, en la falsa creencia de que el Estado de Derecho se concreta en la capacidad de los ciudadanos de acudir a los Tribunales para cuestionar la corrección de las decisiones administrativas, y no en la obligación de los responsables políticos y funcionarios de ajustar sus actuaciones al ordenamiento jurídico, como expresamente se señala en el artículo 103.1 de la Constitución.

No cabe buena conducta administrativa fuera de la legalidad. Y no contamos con mecanismos o cauces efectivos para resolver, en el seno de las Administraciones, los posibles conflictos entre función pública y dirección política, cuando las decisiones políticas desbordan la legalidad. Tales conflictos no pueden resolverse por imposición del principio de jerarquía, apelando a la primacía de la decisión política, aunque ésta pueda ser ilegal. Hacen falta mecanismos para resolver estos conflictos, con el fin de salvaguardar la legalidad. El Estado de Derecho no es solo una responsabilidad de los Tribunales. Ha de ser un objetivo prioritario de todo responsable público y preocupación constante de todos los servidores públicos.

Es fundamental que el respeto a las reglas se asuma por la organización pública como valor fundamental. Si el pleno sometimiento a la Ley y al Derecho solo es una proclama retórica -como sucede hoy en la mayor parte de las Leyes de la Administración- y las Administraciones no se dotan de cauces para asegurar el respeto a la legalidad cuando ésta puede verse comprometida por decisiones políticas o administrativas inadecuadas, no cabe esperar comportamientos heroicos de los funcionarios. La ética de las organizaciones es una premisa fundamental para posibilitar la ética de los profesionales que trabajan en ellas. Ambas han de reforzarse mutuamente, pero no cabe esperar que en una organización carente de ética –como es hoy la Administración Pública- prospere la buena conducta administrativa más allá de las rutinas burocráticas consolidadas.

En tal sentido, debemos insistir en que el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, actualmente en tramitación en las Cortes de Aragón, no responde a las señaladas exigencias de reforzar la profesionalidad y la cultura de la legalidad en el ámbito de la Administración Pública, ya que ésta cede ante dos objetivos que poco tienen que ver con el modelo constitucional, como son la plena discrecionalidad política en los nombramientos de los titulares de altos cargos y órganos administrativos –lo que equivale a su total control político- y la carrera profesional de todos los empleados públicos como mero progreso retributivo y no como garantía del desempeño profesional de las funciones públicas.

Es decir, la Administración Pública cuenta hoy con un indudable déficit de cultura de la legalidad, pese a lo cual el Proyecto de Ley de Función Pública, aprobado por el Gobierno de Aragón y tramitado por las Cortes de Aragón, no hace sino consolidar la situación actual y reforzar todavía más el margen de discrecionalidad política en perjuicio de la profesionalidad de la función pública, que no cabe identificar ni confundir con carrera profesional. No debemos olvidar que, precisamente, en modelos deficientes como el que rige en nuestra Administración, hacer carrera profesional implica a veces olvidar u omitir las exigencias de la profesionalidad. Es decir, apartarse de la cultura de la legalidad.