QUÉ RUMBO SEGUIR.

Toda organización que se proponga incidir sobre la realidad, para hacer valer una determinada posición, debe revisar periódicamente sus objetivos, sus métodos, su trayectoria. Porque pudiera ser que la realidad se vaya alejando cada día de los principios proclamados, y que los debates internos y los acuerdos adoptados vayan reduciendo y limitando progresivamente el pretendido campo de acción, con una tácita renuncia a todo aquello que reclame esfuerzo y verdadero compromiso.

La función pública –y la gestión pública, el funcionamiento de las administraciones públicas- reclama un ambicioso proyecto de renovación, que debiera incidir fundamentalmente en las actitudes personales de quienes trabajan en ella, y sin embargo cada día es más dominante el desentendimiento y el desapego frente a los desafíos y las exigencias que comporta una función pública digna de un Estado de Derecho llamado a garantizar la legalidad administrativa y la gestión eficiente de los servicios públicos.

Ese debate –esa revisión, ese ejercicio de autocrítica- debe abordarse por esta Asociación en la futura asamblea anual a celebrar el mes de marzo, para reconocer no solo los logros obtenidos sino advertir las debilidades e insuficiencias de un proyecto que quiso propulsar un giro ético en el seno de la administración autonómica, y que se ha visto reconducido a una limitada, aunque persistente, lucha por la defensa de la legalidad y crítica de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Debemos pensar si lo que hoy somos es lo que queríamos ser, y si las pautas de actuación que, con el tiempo, hemos ido definiendo son las que nos pueden permitir promover y defender, de manera efectiva, los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública. Debemos contar con una estrategia de actuación propia que nos permita avanzar hacia los objetivos fijados, pero abrirnos también a estrategias amplias, compartidas con otros, a las que aportar nuestro esfuerzo y nuestros planteamientos sobre la noción de servicio público, nuestra concepción sobre lo que ha de ser un servidor público.

Ocho años de actividad, como los acumulados por esta Asociación, sirven para otorgar cierta consistencia, fortaleza y perspectiva, pero comportan también cansancio y rutina, establecimiento de inercias que impiden afrontar una realidad en permanente cambio, resistencias y dificultades para abordar materias complejas que requieren un amplio trabajo de estudio y de debate.

Todo ello debiera ser objeto de una serena reflexión en la asamblea del mes de marzo, y la Asociación debiera acertar a definir su programa de objetivos en un renovado Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la próxima legislatura, sometiendo a revisión crítica el Documento anterior, a pesar de que muchas de sus propuestas conservan casi íntegra su vigencia, dado lo poco que hemos avanzado en la materia en la presente legislatura.