VOLUNTAD DE SUMAR.

Esta Asociación no persigue ni ha perseguido nunca el desgaste de las instituciones, ya sea el Gobierno de Aragón o cualquier otro órgano político, autonómico o estatal, sino la defensa de la función pública y la reivindicación de los valores democráticos, labor que se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto a nuestro modelo constitucional. Esta Asociación no propugna cambios en el actual modelo de democracia española –nada de ello figura en sus estatutos ni en los acuerdos adoptados por su asamblea de socios o junta directiva-, pues su finalidad es que el modelo funcione correctamente y sus reglas –las propias de un Estado social y democrático de Derecho- se respeten, en particular por quienes ejercen responsabilidades públicas. Que las instituciones cumplan bien su papel y sirvan a los ciudadanos, respetando plenamente sus derechos: ese ha sido nuestro exclusivo empeño.

Hemos luchado, fundamentalmente, contra la corrupción y el olvido de la legalidad, contra la relativización del incumplimiento de las normas, contra el deterioro del régimen de función pública –comenzando por el régimen de acceso a la misma- y hemos formulado diferentes propuestas, al inicio de cada legislatura de las Cortes de Aragón, para avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración. Hemos querido proponer un “giro ético” en el seno de las Administraciones Públicas, para que los miembros de la función pública seamos cada día más conscientes de nuestra responsabilidad en la calidad democrática de nuestras instituciones públicas. Hemos reclamado transparencia y hemos ejercido control, colaborando en ello con el Parlamento, estatal y autonómico, valorando siempre el significado de la democracia representativa, pero sin renunciar al ejercicio de la participación directa en los asuntos públicos, a través del uso del derecho fundamental de petición.  La corrupción pública no es monopolio de la clase política, pues por acción u omisión afecta también a los funcionarios públicos. Sin embargo, como colectivo, no hemos querido reflexionar sobre nuestra responsabilidad o nuestra participación en el debilitamiento ético de nuestra democracia. Esa actitud no tiene fácil disculpa.

La corrupción no deriva de nuestro modelo constitucional, sino de la falta de integridad existente en ciertas esferas de nuestra sociedad, donde los valores de ciudadanía se han visto indebidamente relegados por meros objetivos de beneficio personal o enriquecimiento lícito o ilícito. El egoísmo personal no puede suplantar o anular la responsabilidad como ciudadanos, algo que nos impone límites y obligaciones tanto en nuestra conducta personal como en nuestra condición de miembros de la sociedad. Reaccionar contra la corrupción exige, en primer lugar, reivindicar el valor y la responsabilidad de la ciudadanía democrática y restaurar la credibilidad de las instituciones públicas.

En estos años de actividad hemos tratado de ser, al menos, coherentes con el papel que corresponde a los servidores públicos en el actual marco institucional, como profesionales comprometidos en el servicio objetivo al interés general, a través del trabajo realizado desde las Administraciones Públicas.

Hemos pretendido sumar responsabilidad y exigencia, reflexión y debate críticos, compromiso con principios y reglas que nos hemos dado todos los ciudadanos al aprobar nuestra Constitución y nuestras Leyes, y que nos obligan a todos, pero especialmente a quienes como servidores públicos somos responsables de respetarlas y hacerlas respetar, incluso por quienes, como responsables políticos, dirigen la Administración en cada momento. Hay momentos particularmente intensos en la vida de un país –en los que el respeto a la Constitución reviste una máxima trascendencia- y sería un completo contrasentido que quienes hemos reclamado, ante los Tribunales, el respeto de los derechos constitucionales, restáramos en estos momentos legitimidad a instituciones esenciales de nuestro modelo de convivencia democrática. Nuestro respeto a las instituciones no tiene excepciones ni reservas, y abarca desde el Jefe del Estado al alcalde del último municipio de nuestro país.