OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2014: PETICIÓN A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Lamentamos tener que insistir una vez más en la necesidad de que el Gobierno de Aragón apruebe la Oferta de Empleo Público correspondiente al actual ejercicio, como es el de 2014, evitando con ello incurrir otro año más en el incumplimiento de la legalidad de función pública, como ya ha sucedido en 2012 y 2013, y en la correspondiente lesión del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce la Constitución Española a todos los ciudadanos.

Es muy posible que los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública consideren de manera errónea que cumplen sobradamente en materia de oferta de empleo público con la ejecución de las sentencias judiciales firmes que les han obligado a aprobar unas ofertas complementarias de 2007 y 2011, pero debe recordarse que ni la legalidad ni los derechos de los ciudadanos se detuvieron en 2011, sino que siguen estando vigentes y reclamando su respeto con posterioridad a dicha fecha.

Por ello, debemos insistir en la irregular actuación del Gobierno de Aragón al no aprobar ofertas de empleo público en 2012, 2013 y 2014, como exige el ordenamiento jurídico y ha hecho la Administración General del Estado, demostrando que el control del gasto público y la aprobación de oferta anual de empleo público son perfectamente compatibles. Otra cosa distinta es la imposición de discutibles límites a tales ofertas, como las tasas de reposición de efectivos, que han motivado la impugnación de la OEP de 2014 por parte de esta Asociación, como señalábamos ayer en este blog.

Las proclamas realizadas por los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública respecto a la restauración del derecho de acceso a la función pública por parte de este Gobierno han resultado falsa retórica. La realidad es que este Gobierno no ha aprobado a lo largo de la actual legislatura más ofertas de empleo público que aquellas a las que ha sido obligado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Cumplir las sentencias no es cumplir las leyes, como todos podemos comprender.

El balance de este Gobierno en materia de oferta de empleo público, en los tres años transcurridos de legislatura, arroja un manifiesto incumplimiento de la legalidad, al no haberse aprobado oferta general en ninguno de los ejercicios. Queda por ver, además, a la vista del pronunciamiento que ha de hacer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, si además de no cumplir las leyes este Gobierno tampoco ha sido capaz de cumplir las sentencias judiciales que anularon las ofertas de 2007 y 2011, tal y como ha argumentado esta Asociación en sus escritos de alegaciones dirigidos al Tribunal.

Por todas esas consideraciones, hemos querido reclamar de la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, la aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2014, al igual que hicimos en 2013 sin obtener ningún resultado. Este año, a la vista de la actuación final del Ejecutivo aragonés, valoraremos la posibilidad de llevar a los Tribunales la inactividad del Gobierno, con la correspondiente lesión de un derecho fundamental de los ciudadanos. No debe extrañar que quien no cumple las leyes deba responder de sus actos y omisiones ante los Tribunales, pues tal forma de proceder no es admisible en un Estado de Derecho.

Se reproduce el contenido íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Pº María Agustín, 36

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 12 de junio de 2014.

Estimada señora:

La Constitución Española, en su artículo 23.2, reconoce el derecho de todos los españoles  a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, en los términos previstos en la ley. Como derecho fundamental, su contenido vincula a todos los poderes públicos, conforme dispone el artículo 53.1 CE, entre los cuales, lógicamente, ha de entenderse comprendido el Gobierno de Aragón.

Al tratarse de un derecho fundamental de configuración legal, el contenido del mismo, en lo que afecta al ingreso en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, queda definido por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ambas leyes establecen la obligación de aprobar, con carácter anual, una Oferta de Empleo Público. Dicha aprobación corresponde al Gobierno de Aragón, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Ordenación de la Función Pública.

En dicha Oferta, conforme a lo expresado por el Tribunal Supremo en la Sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón, han de incluirse necesariamente la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como claramente se establece en el artículo 7.4 de la Ley aragonesa establece: “Las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios”.

Pese a la señalada obligación legal, directamente conectada con la garantía del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, el Gobierno de Aragón no ha aprobado Oferta de Empleo Público en 2012 y 2013 ni en 2014 en los términos legalmente exigibles, al margen de medidas parciales e insuficientes en ciertos sectores de la Administración.

El respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la ejecución de las leyes constituye, a nuestro juicio, la primera obligación de todo órgano de gobierno en un Estado de Derecho como es el establecido por la Constitución Española, sin que los ajustes presupuestarios ni la grave crisis económica que padece nuestro país sean razón suficiente para suspender el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y en los términos previstos en la ley.

Al constituir la aprobación de la Oferta de Empleo Público una obligación del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de que su elaboración corresponda al Departamento de Hacienda y Administración Pública, entendemos que es responsabilidad directa de quien preside dicho órgano colegiado asegurar el cumplimiento de sus competencias, y en particular aquellas que, como la aprobación de la Oferta de Empleo Público, afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos.

La no aprobación de Oferta de Empleo Público y la consecuente precarización laboral del personal de la Administración Pública aragonesa –fenómeno que ha puesto de relieve el Justicia de Aragón en su informe sobre el empleo público en nuestra Comunidad Autónoma-  constituyen uno de los más graves menoscabos al Estado de Derecho, tanto en lo que se refiere a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos como al debilitamiento del principio de legalidad al que ha de someterse la actuación de las Administraciones y que ha de quedar garantizado, precisamente, por funcionarios públicos seleccionados conforme a los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Las medidas adoptadas para proceder a la ejecución de las sentencias firmes que anularon las ofertas de empleo público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón no pueden eximir de la obligación legal de aprobar la oferta anual de empleo público de 2014, aunque sea en los estrictos términos establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es evidente que el cumplimiento de sentencias judiciales por haber vulnerado el régimen de oferta de empleo público no disculpa ni justifica nuevas vulneraciones como la que supondría la falta de aprobación de oferta de empleo público correspondiente a 2014.

Por todo ello, y en ejercicio del derecho fundamental de petición que se establece en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que adopte las medidas oportunas para asegurar la aprobación por parte del Gobierno de Aragón de la Oferta de Empleo Público para 2014, en los términos previstos por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública, conforme a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, es decir, incluyendo la totalidad de los puestos de trabajo vacantes ocupados por funcionarios interinos.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral Pelegrín”