MIL SETECIENTAS NOTAS DE BLOG.

Golpe a golpe, nota a nota. Así, haciendo camino al andar, como dijera Machado, esta Asociación va construyendo día a día su blog y su labor de control, de propuesta, de exigencia y de denuncia, dejando testimonio del trabajo realizado durante más de siete años en defensa de lo que consideramos las señas de identidad de una función pública democrática, comprometida con los principios democráticos, el Estado de Derecho, los valores constitucionales y el servicio a los ciudadanos, cuyos rasgos nos gusta sintetizar en los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Llegamos a las mil setecientas notas, sin fatigas y sin escepticismo. Llegamos con la convicción de que todo lo realizado, forzosamente insuficiente, ha tenido sentido y ha contribuido a frenar la grave deriva que sufría la Administración autonómica en 2007. Se imponía reaccionar, pues nos jugábamos el futuro de los servicios públicos y la propia calidad de nuestra democracia, para la que es imprescindible una Administración Pública imparcial y eficiente. La corrupción existente en el sector empresarial público promovido desde el Gobierno autonómico no hace sino ratificar el valor de una Administración sujeta a las reglas del derecho y nutrida por profesionales con vocación verdadera de servicio público. Esperamos que esta sea una de las principales conclusiones obtenidas por la comisión de investigación creada en las Cortes de Aragón.

Es cierto que no todos los que en un primer momento apoyaron esta iniciativa –y contribuyen a constituir esta Asociación- siguen presentes siete años después. Un tercio de los socios fundadores de esta Asociación no continúan en ella, por muy diversos motivos. Por jubilación, por discrepancias con la línea marcada por su junta directiva –al anteponer la coherencia al pragmatismo- o por cansancio. Ejercer la crítica pública a las arbitrariedades del poder político en el ámbito  de la función pública no es una tarea cómoda ni sencilla. No todos están dispuestos a pagar el precio que ello puede acarrear en expectativas de carrera profesional o en comodidad laboral. Pero una democracia no se defiende desde posiciones marcadas por el miedo o el oportunismo, sino desde el compromiso. Es la fuerza de los propios valores democráticos lo que es necesario poner en juego, evitando inhibiciones o encogimientos frente al vaciamiento del vigor ético que, a lo largo de los años, han sufrido nuestras instituciones. Los servidores públicos no podemos eludir nuestra responsabilidad.

Siete años después, mil setecientas notas después, mantenemos la misma convicción que nos llevó un día a comprometernos en la defensa de la función pública. Cosas que denunciábamos ayer hoy son sentencias firmes que han desautorizado con rotundidad prácticas ilegales del Gobierno de Aragón. Otras prácticas irregulares se han corregido como resultado de nuestras actuaciones. El panorama se ha modificado radicalmente en determinados temas –la grave crisis económica ha incrementado la intolerancia hacia la corrupción y el despilfarro de recursos públicos-, pero en otros los avances han sido claramente insuficientes, como ocurre con la profesionalización de la Administración Pública.

 

El Proyecto de Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno de Aragón el mes pasado, y remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación, es un manifiesto intento de consolidar una Administración Pública clientelar y desprofesionalizada, a cuyos empleados no obstante se pretende contentar con la promesa de carrera horizontal para todos, es decir, con la posibilidad de ganar más por hacer lo mismo. Eso sí, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, cuando todos sabemos que esas disponibilidades hoy no permiten ni el mantenimiento de la actual plantilla en los sectores de educación y sanidad. ¿Las Cortes de Aragón van a participar del autoengaño de Gobierno y sindicatos, tramitando esta Ley sin determinar previamente el coste y la viabilidad de sus medidas?