COMPARECENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN (IV).

Concluimos, con la presente nota, la reproducción del documento que servirá de base a la intervención del Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, en la intervención prevista para esta mañana ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón:

POR UNA ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE.

Por último, tenemos que referirnos al coste económico que esta Ley representa para la Comunidad Autónoma. Esta es, sin duda, la máxima deficiencia del Proyecto de Ley presentado, al carecer de un estudio económico sobre los costes derivados de su ejecución y la viabilidad presupuestaria de su financiación.

¿Cuánto cuestan las medidas que se contienen en el Proyecto de Ley aprobado? ¿Existe una evaluación o estimación de dicho coste? ¿Se ha aprobado el Proyecto de Ley con sujeción a las exigencias legales en este tema?

En un contexto económico y presupuestario como el actual, este asunto para a ser de la máxima trascendencia. No cabe comprometer recursos inexistentes, ni es posible aprobar normas que impliquen un gasto de enorme relevancia, como es el caso de este Proyecto de Ley, sin las valoraciones y controles adecuados.

El Proyecto de Ley de función pública establece un nuevo modelo de carrera administrativa –claramente más costoso que el ahora vigente, al optarse por un modelo de carrera horizontal universal, que desliga las retribuciones complementarias de las características de los puestos desempeñados- y modifica el sistema retributivo de todo el personal de la Administración pública, creando nuevos componentes retributivos ligados al desarrollo de carrera o al logro de objetivos. Dicho Proyecto ha de contar de manera indispensable con una memoria económica que estime la repercusión económica sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón que se deriva de tales medidas y las condiciones previstas para su financiación.

Así lo exigen la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en su artículo 37.3, la Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014, en su artículo 13.1. A ello se añade lo exigido por la Ley 5/2012, de 7 de junio,  de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.

¿Se han respetado todas estas normas legales?

Evidentemente no. Carecemos de una memoria económica como la exigida legalmente, en la que se fijen los costes y su modo de financiación, sin comprometer los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera. Si se repasa, con detenimiento, el último apartado de la memoria que, sin fecha ni firma, acompaña al Proyecto de Ley -un apartado dedicado al impacto económico y presupuestario-, se comprueba que se trata de un análisis parcial, sin rigor ni estructura ni datos globales y sin actualidad –parece estar elaborado en 2009, pues se habla del periodo 2010-2013 como de años próximos- y resulta verosímil que ese documento sea distinto al remitido al Consejo Consultivo de Aragón para dictamen, como cabe concluir de lo dicho por este órgano. No se delimitan los costes, y mucho menos su financiación. Los derechos profesionales de los empleados públicos no pueden quedar subordinados a la disponibilidad presupuestaria, sino que su regulación ha de efectuarse conforme a la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma.

No contamos siquiera con una estimación que evalúe el coste de las condiciones de las pagas extraordinarias previstas en el artículo 96 del Proyecto de Ley. ¿Tan difícil es aportar la cifra necesaria para atender ese pago?

Todo ello plantea serios interrogantes y dudas más que razonables sobre la viabilidad económica de la Ley.

¿Qué sentido tiene aprobar una Ley que no se puede aplicar? Y, en el caso de aplicarse, ¿de qué partidas se detraerían los créditos presupuestarios necesarios? ¿Es asumible el coste social de esta Ley en las actuales circunstancias?

LOS LÍMITES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

El Gobierno de Aragón incluye entre las virtudes del Proyecto de Ley aprobado el respaldo obtenido por los diferentes sindicatos de la función pública presentes en los órganos de negociación. Ese respaldo, sin duda, se otorga en atención a los intereses del personal de la función pública, los cuales, como es lógico, no pueden ser, en modo alguno, determinantes para la decisión que deban adoptar las Cortes de Aragón.

Debemos simplemente recordar que la negociación colectiva, tal y como señala el artículo 33.1 de Estatuto Básico, está sujeta, entre otros, a los principios de legalidad y cobertura presupuestaria. Cuando se ignoran esos límites, la negociación colectiva constituye un pacto en perjuicio de terceros, es decir, de los ciudadanos.

¿Se han respetado estos principios? ¿Tienen garantías los sindicatos de la existencia de cobertura presupuestaria? ¿La tienen los Grupos Parlamentarios? ¿Se contiene en la documentación remitida? ¿Se va a solicitar dicha garantía al Gobierno de Aragón?

UN PROYECTO DE LEY RECHAZABLE.

Una Ley que no refuerza la profesionalidad de la función pública y que, además, por su imprevisión presupuestaria, puede hipotecar el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, no debiera a nuestro juicio haber obtenido el respaldo de los sindicatos de la función pública ni debiera haber sido remitida por el Gobierno de Aragón, y no debe obtener la aprobación de esta Cámara.

Muchas gracias.