Reproducimos
el texto que ha de servir de base a la intervención del Presidente de esta
Asociación, Julio Guiral, en la comparecencia que tendrá lugar esta mañana ante
la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón.
La
comparecencia fue solicitada por esta Asociación con el fin de poder expresar a
los diputados aragoneses las principales razones que nos llevan a rechazar el
Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, aprobado por el Ejecutivo aragonés
el pasado mes de mayo y remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación,
enmienda y aprobación.
No
vamos a reiterar en esta breve nota introductoria las razones de dicho rechazo,
pues son objeto de desarrollo en el texto de la prevista intervención, y a
ellas dedicaremos en próximas fechas diferentes notas en este blog.
Se
reproduce, a continuación, el texto de la comparecencia parlamentaria,
dedicando notas independientes a cada una de las partes de su estructura, para
facilitar la posible lectura:
PRESENTACIÓN
INICIAL.
Buenos
días.
En
primer lugar, en nombre de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa, a la que represento como Presidente, deseo
agradecer a las Cortes de Aragón y, en particular, a esta Comisión, la
posibilidad que se nos ofrece de expresar un conjunto de observaciones sobre el
Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, aprobado por el Gobierno de
Aragón el pasado mes de mayo, y remitido a este Parlamento para su tramitación,
enmienda y aprobación.
Durante
el proceso de elaboración del anteproyecto de ley por parte del Departamento de
Hacienda y Administración Pública, a invitación del Consejero Saz, ya
formulamos todas las observaciones que entendimos oportunas sobre el texto
elaborado, documento que además remitimos a todos los grupos parlamentarios, y
ya avanzábamos entonces nuestro juicio desfavorable sobre el modelo de función
pública que se recogía.
Si
bien desde aquella fecha, el texto ha experimentado algunas mejoras parciales
en su articulado, nuestro juicio global sobre el Proyecto de Ley aprobado sigue
siendo desfavorable, por las razones que expondremos en esta intervención.
Antes
de entrar en el análisis del Proyecto de Ley, quisiéramos resaltar dos datos
que nos parecen importantes:
En
primer lugar, nos gustaría recordar que la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa,
creada en 2007 por un conjunto de servidores públicos aragoneses, no defiende a
los empleados públicos, tarea que, en su caso, cumplen los sindicatos. Nuestra
finalidad es la defensa de los valores y principios de la función pública,
entre los que destacan los de legalidad, profesionalidad y ética pública. Desde
2007 hemos tratado de reaccionar y aportar nuestra reflexión ante los problemas
existentes en la función pública, para que ésta pueda llevar a cabo su misión
constitucional.
Al
inicio de esta legislatura, remitimos a los grupos parlamentarios un conjunto
de propuestas de buen gobierno y buena administración, entre las que se incluía
la aprobación de una Ley de Función Pública que desarrollara, en nuestra
Comunidad Autónoma, las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por lo tanto, no discutimos la necesidad de la Ley, sino su contenido y su irregular
tramitación.
La
recuperación del sentido ético de la función pública ha sido una de nuestras
prioridades, como ingrediente indispensable de calidad democrática. No podemos
permanecer indiferentes en modo alguno a la preocupación ciudadana por los
numerosos casos de corrupción pública que han afectado a la credibilidad de las
instituciones, y creemos que el papel que ha de jugar la función pública en su
prevención está claramente recogido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003,
cuyas medidas apenas han tenido desarrollo en nuestro país. Una buena
regulación y ordenación de la función pública es básico para ello.
En
segundo lugar, nos gustaría recordar que la de hoy no es la primera
comparecencia de nuestra Asociación ante esta Comisión. En el año 2007, tras
constituirnos, hicimos una primera comparecencia, en la que señalamos las
circunstancias que nos habían llevado a asumir la defensa de la función pública.
Alertamos de graves incumplimientos de la legalidad y desde algún Grupo se nos
dijo que nuestras denuncias eran meras opiniones, pues la ilegalidad la
declaran solamente los Tribunales. Debemos recordar que nuestras opiniones
fueron posteriormente ratificadas por sentencias judiciales, como las del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las
Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, aprobadas por el Gobierno de Aragón,
al entender como sostenía esta Asociación que no se ajustaban a la Ley –por no incluir el número
de plazas obligatorio- y que, por lo tanto, lesionaban el derecho fundamental
de acceso a la función pública que reconoce a los ciudadanos la Constitución
Española.
Todo
ello, por supuesto, no otorga más autoridad a las opiniones que vayamos a
expresar hoy aquí, pero queremos insistir en que la defensa de la legalidad no
es responsabilidad exclusiva de los Tribunales, sino de todos los poderes
públicos y también del conjunto de los ciudadanos, entre los que nos contamos.
Estamos
convencidos de que compartimos con todos ustedes, con los responsables de las
instituciones autonómicas y con la inmensa mayoría de los ciudadanos la
voluntad de mejorar día a día la realidad de nuestra Comunidad Autónoma, y con
esa voluntad nos presentamos ante esta Comisión.
2 comentarios:
“Nuestra finalidad es la defensa de los valores y principios de la función pública, entre los que destacan los de legalidad, profesionalidad y ética pública”.
¿Qué pasa en Educación?
Para vuestra información: Extraído de http://www.cgtaragon.org/fedens/cgt-pide-dimision-del-secretario
CGT pide dimisión del Secretario Técnico de la Consejería por su imputación en el caso PLAZA
Martes 24 de junio de 2014, por kike
2 comentarios
El pasado viernes nos enterábamos de la imputación del actual Secretario Técnico de la Consejería de Educación, y número 2 de dicha Consejería, por el llamado caso Apartadero Ferroviario, pieza del caso PLAZA. La imputación viene realizada por el titular del juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza por la investigación sobre un posible amaño en la adjudicación de un contrato multimillonario que recayó en la unión temporal de empresas formada por Acciona y por la constructora local MLN, la misma a la que el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias adjudicó el macroproyecto de urbanización de los terrenos para la Plataforma Logística. Estas trece nuevas imputaciones analiza solo una parte de aquellas obras adjudicadas a Acciona-MLN, los contratos relativos a un apartadero ferroviario y a la urbanización de una zona de expansión. El juez Alfonso Tello ve indicios de delito, en concreto de prevaricación. Entre otras cosas, por unos correos electrónicos recopilados por los investigadores, en los que se constata que Acciona-MLN daba por seguro esos contratos mucho antes de que se realizara formalmente el proceso de adjudicación. Las obras ascendieron a 15,5 millones de euros. El juez entiende que las imputaciones han de extenderse a los miembros del consejo de administración de Plaza que, en aquel momento, dieron el visto bueno a esas sospechosas adjudicaciones a Acciona-MLN.
Ante esta imputación CGT ha pedido hoy en la Mesa Sectorial la dimisión del Secretario Técnico, Agustín García Inda, ya que un Departamento como el de Educación debe ser el primero en dar imagen de transparencia y de buen hacer.
También en la Mesa Sectorial hemos preguntado al Secretario Técnico sobre la conversión en centro público de la Escuela Superior de Hostelería de Aragón localizada en Teruel, de la que Agustín García Inda es Consejero desde el 22/05/2012. En concreto CGT ha preguntado por qué la conversión de un centro privado en público no ha pasado por Mesa Sectorial y si es compatible su cargo de Secretario Técnico de la Consejería de Educación con su cargo de Consejero en la Escuela Superior mientras era Sociedad Anónima.
Los problemas que han surgido en torno a la figura del Secretario Técnico nos hace preguntarnos de dónde y cómo Dolores Serrat ha elegido a sus Directores y colaboradores. El actual Secretario Técnico viene del ámbito de los negocios privados habiendo sido presidente y consejero de CAI Viajes, apoderado de Araprom, miembro de la Comisión Ejecutiva de PLAZA y un sinfín más de cargos en empresas privadas. No llegamos a comprender como una persona con este currículum acaba dirigiendo, en la práctica, el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón. (http://www.empresia.es/persona/garc...)
Pero no es el único caso, el Director de Política Educativa, M. Magdaleno, era director de Jesuitas antes de tener su actual cargo. Sus medidas de beneficio a la empresa concertada, como el plan de bilingüismo, nos hacen dudar de su imparcialidad y defensa de la escuela pública.
Lo más curioso es que M. Magdaleno Peña fue sustituido como director el Colegio el Salvador de Jesuitas por Andrés garcía inda, hermano del actual Secretario Técnico tal y como consta en la web del colegio concertado.
Por todo ello, CGT pide la dimisión del Secretario Técnico y el próximo martes 1 de julio nos concentraremos en el nuevo edificio de la Consejería de Educación en la Expo para pedir su dimisión y la de Dolores Serrat.
¿Qué pasa en Educación?
Para vuestra información...
El Periódico de Aragón
Un error del tribunal podría repetir una prueba de las oposiciones
Se leyó el número de un tema que no correspondíacon el real. El problema se dio en Huesca y afecta a alrededor de 30 aspirantes
J. OTO / D. LÓPEZ 24/06/2014
El error de un tribunal en la lectura del número de los temas a elegir por los aspirantes podría suponer la repetición de una prueba de las oposiciones de Secundaria para alrededor de 30 alumnos. El problema surgió en Huesca, donde se llevó a cabo, el pasado sábado, el examen de la especialidad de Matemáticas, una de las más concurridas.
Un fallo "humano", según la Administración llevó al tribunal a leer el tema número 62 entre los cuatro a elegir por los opositores, pero, en realidad, el texto del enunciado correspondía al 63, lo que fue advertido, posteriormente, por algunos de los aspirantes, que ya han presentado la correspondiente reclamación.
El Departamento de Educación, tras analizar lo sucedido, anuciará en las próximas horas qué decisión adopta para solucionar el problema, que no afecta al resto de aspirantes de la prueba ni al resto del proceso.
El fallo es similar al que se produjo hace cuatro años en Teruel, donde se realizaron las pruebas para las oposiciones en la especialidad de Instalaciones Electrotécnicas. Entonces, 70 aspirantes, divididos en 4 aulas, esperaban a conocer los cinco temas entre los que debían elegir uno a desarrollar en la parte teórica. Tras la extracción de las bolas, un miembro del tribunal comunicó el resultado a cada aula. En una de ellas, con 16 aspirantes, el tribunal se equivocó y leyó un tema que no se correspondía con el número asignado y pertenecía a otra especialidad.
Aun así, el tema erróneo fue elegido por seis de los dieciséis implicados, lo que obligó a la Administración a volver a convocar a todos para extraer un nuevo tema y volver a realizar la prueba, en el caso de los que eligieron el contenido perteneciente a otra especialidad, y dar a elegir entre eso o hacer valer la prueba ya realizada a los que escogieron otro asunto.
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