INTERVENCIÓN DE JULIO GUIRAL EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN CELEBRADO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA.

Reproducimos en esta nota de blog el contenido íntegro de la intervención del Presidente de nuestra Asociación, Julio Guiral, en el acto conmemorativo del Día Internacional Anticorrupción que tuvo lugar ayer tarde en el salón de plenos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, cuya organización corrió a cargo de la la Asociación Aragonesa para el Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial (ARARSE).

TEXTO DE LA INTERVENCIÓN.

Buenas tardes.

En primer lugar, como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad dedicada desde hace siete años a la defensa y promoción de los valores y principios de la función pública, entre ellos el comportamiento ético, quiero agradecer tanto a ARARSE como a la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza todo el esfuerzo realizado para la organización de este acto.

Deseamos igualmente expresar nuestra satisfacción porque podamos compartir una jornada de reflexión en torno a la responsabilidad social empresarial y la prevención de la corrupción,  personas que trabajamos tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el mundo de la empresa y de los negocios.

Generar seguridad jurídica, riqueza, empleo, bienestar y cohesión social, son fines valiosos que han de aportar las instituciones públicas y las empresas. Es deseable una aproximación entre quienes trabajan en dichos ámbitos para poner en valor los comportamientos éticos necesarios en ambos sectores. El acto de hoy, sin duda, debería contribuir a conseguirlo.

1.- ES UNA CONMEMORACIÓN OPORTUNA.

Hay causas y conmemoraciones que deben ser asumidas necesariamente por la sociedad civil para que no queden huérfanas, y eso sucede con el Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el 9 de diciembre. Esta fecha que hubiera sido un espléndido momento para que el Gobierno y las fuerzas políticas dieran a conocer una estrategia adecuada para la regeneración de nuestras instituciones, cuya credibilidad está seriamente afectada por los numerosos escándalos de corrupción y por las numerosas causas judiciales en marcha por abuso de las funciones públicas, con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito, o por la quiebra de la imparcialidad en el ejercicio de potestades públicas, sirviendo intereses ajenos al interés general que legitima socialmente a las instituciones y a la propia función pública.

El 9 de diciembre es una fecha problemática para la organización de un acto público, al coincidir normalmente con días festivos. Aunque algo desplazado en el calendario, es aceptable que dediquemos la jornada de hoy a dicha conmemoración.

El Día Internacional Anticorrupción queda enmarcado, en el calendario, por otras dos celebraciones de especial relieve, como son el aniversario de la Constitución Española de 1978 que tiene lugar el 6 de diciembre y el Día de los Derechos Humanos, en el que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Constitución y Declaración siguen siendo hoy un referente imprescindible en nuestra vida colectiva, como ciudadanos españoles y  del mundo. Las tres fechas citadas cuentan con un claro denominador común, como es la reivindicación de una ética pública cimentada en el respeto a la dignidad humana.

El acto de hoy constituye la segunda ocasión en que nuestra Asociación comparte esta conmemoración con ARARSE, entidad con la que nos gustaría mantener una estrecha colaboración en el futuro para promover todos aquellos objetivos que nos son comunes, pues estamos plenamente convencidos de que los sectores público y privado son “vasos comunicantes” y la promoción de la ética y la prevención de la corrupción es una tarea a desarrollar tanto en las instituciones públicas como en el sector privado.

El impulso de nuestra Asociación en el año 2007 se basó en la necesidad de promover un “giro ético” en la función pública, para que los funcionarios públicos recobraran los valores propios del servicio público y reparasen en la trascendental importancia de preservar el principio de legalidad tanto en su actividad como en la propia organización de las Administraciones Públicas. Nuestra actuación como ha ido dirigida a reivindicar los valores esenciales de la función pública, como son la legalidad, la profesionalidad y la ética pública. Todas nuestras propuestas y nuestras inevitables acciones judiciales –necesarias para hacer valer el respeto de la legalidad- han venido motivadas por la voluntad de hacer valer tales principios o valores.

La promoción de la ética pública y la prevención de la corrupción han pasado a ser nuestras prioridades como Asociación.

2. LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE GLOBAL DEL FENÓMENO.

Es evidente que la corrupción o las actividades corruptas traspasan las fronteras nacionales, y en ciertos casos es precisamente la acción de alcance internacional la que propicia fenómenos de corrupción.

Por ello, no debe extrañar que la lucha contra la corrupción sea objeto de una necesaria cooperación internacional entre los Estados –en el nivel intergubernamental- pero también de los ciudadanos o de la sociedad civil. Los dos ejemplos principales de esta tendencia son, por un lado, la actividad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tiene su plasmación fundamental en la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003, llevando aparejado el establecimiento del día 9 de diciembre como Día Internacional Anticorrupción, y por otro lado, la aparición de la organización Transparencia Internacional marca el compromiso de la sociedad civil, a nivel internacional, en la prevención y lucha contra la corrupción.

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España el 9 de junio de 2006, afecta tanto al sector público como al sector privado, y define tanto medidas de prevención como de sanción, fijando igualmente mecanismos de cooperación internacional y de aplicación, con un claro mandato a los Estados Parte en cuanto a su aplicación.

La corrupción, como muestran de forma reiterada sondeos de opinión como los realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, constituye una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y uno de los fenómenos que mayor desgaste está produciendo no solo en la credibilidad de las instituciones públicas, sino en la imagen internacional de España -lo que afecta al prestigio del país-. Pero  tiene un peso extraordinario en la percepción de la gravedad, la propia  crisis económica , cuyos perfiles resultan inseparables de la grave crisis ética que se ha evidenciado –tanto en el ámbito de la política como en el de la empresa- con los casos de corrupción que han salido a la luz.

El buen funcionamiento de las instituciones y de los mercados se basa en la confianza y el fenómeno de la corrupción quiebra la confianza de los ciudadanos en las instituciones y de los ciudadanos entre sí, con el inevitable daño  para el gobierno de los asuntos públicos, el desarrollo económico, el  bienestar social y la  convivencia.

No cabe duda que los efectos de la actual crisis económica han sensibilizado a la población y elevado sus niveles de exigencia de integridad frente a instituciones y mercados. Sin embargo, no estamos a salvo del riesgo y de que la actual preocupación resulte meramente superficial y pasajera, abandonándose en cuanto aparezcan nuevos signos de crecimiento y bienestar.

No podemos prescindir de la ética cuando las cosas van bien y reservarla para las situaciones de crisis, pues tal proceder constituye el modo más seguro de arruinar nuestras expectativas de futuro.

3. EL VALOR DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL.

La jornada de hoy se va a centrar en la importancia de promover la responsabilidad social empresarial en el ámbito de la iniciativa privada, para que los beneficios del desarrollo económico reviertan en toda la sociedad y contamos como ponentes con personas de alta cualificación. Pero permítanme que en esta breve intervención que me ha sido concedida haga una breve mención al valor que una función pública profesional representa para una sociedad y a la importancia de que la salud de nuestra función pública constituya una preocupación de todos los ciudadanos y no solo de los funcionarios públicos.

La Administración y la función pública que la sirve están sometidas a la dirección del Gobierno democráticamente elegido, pero su actividad ha de desenvolverse en todo momento con sujeción al principio de legalidad y guiada por criterios de imparcialidad, obligación que se ve reforzada y garantizada por el estatuto de inamovilidad que se reserva a los funcionarios de carrera. La fijeza de los funcionarios públicos no es un privilegio en relación con los trabajadores del sector privado, sino una garantía legal para posibilitar el desempeño de sus deberes profesionales, entre los cuales debe entenderse el evitar ilegalidades, abusos o desviaciones de poder por parte de los responsables políticos. La fijeza pone a salvo a los funcionarios –o debería ponerlos- del temor a la pérdida de su empleo por oponerse a aquellas decisiones políticas contrarias a la legalidad.

Por ello, no solo la selección objetiva del personal funcionario, conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad –algo que hoy no se respeta, como lo evidencian las altas tasas de interinidad en nuestras Administraciones-, sino la articulación de la carrera administrativa profesional por razones objetivas de mérito en el desempeño, sin dejarla a merced de la discrecionalidad política, son aspectos esenciales a considerar en toda estrategia de buen gobierno y buena administración. Deben incluirse en cualquier programa que quiera afrontar de forma decidida el problema de la corrupción en nuestras instituciones públicas.

4. LA URGENTE NECESIDAD DE REFORZAR LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN.

Recientemente, hemos tenido noticia de las reclamaciones de medios materiales y personales realizadas por jueces y fiscales para la investigación de los casos de corrupción. No es posible fiar solo a la sanción penal la respuesta ante los fenómenos de corrupción, cuya dimensión ha provocado una clara alarma e indignación social. Debemos prevenir que los abusos y fraudes se consumen. Debemos evitar el daño que entrañan tales abusos, y no contentarnos con sancionar a los autores de los mismos.

Para ello, debemos poner el acento en la prevención de la corrupción y no solo en su sanción. La responsabilidad social empresarial como la función pública profesional comparten la naturaleza preventiva frente a fenómenos de corrupción. Un funcionario profesional, con fuerte sentido ético del servicio público, y un empresario convencido de su responsabilidad social han de ser dos agentes decisivos para prevenir la corrupción y asegurar el buen funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra sociedad.

Este convencimiento en la importancia de la prevención nos lleva a insistir en la necesidad de que nuestro país desarrolle el conjunto de mecanismos de prevención contemplados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, entre los cuales debemos resaltar las alertas éticas o lo que en el mundo anglosajón se conoce como whistleblowing.

Según señala el artículo 8.4 de la Convención, “cada Estado Parte considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones”.

Esta previsión debe completarse con la protección dispensada a los denunciantes internos, prevista en el artículo 33 de la Convención: “Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.

La Convención contempla, por lo tanto, que todos los funcionarios públicos sean agentes activos en la prevención de la corrupción, evitando con ello su inhibición ante los abusos que puedan conocer o presenciar. Iguales mecanismos cabe implantar en las entidades privadas, en defensa de los intereses generales superiores al simple beneficio económico de la empresa.

Para concluir, insistir en que en España y en el conjunto de la Unión Europea –pues ésta ha ratificado como tal la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción- debemos tomarnos muy en serio la articulación de mecanismos de prevención, fortaleciendo la profesionalidad de la función pública –tanto en la selección de personal de nuevo ingreso como en el posterior desempeño de las funciones administrativas- y dotándola de responsabilidades directas en la detección y denuncia de posibles abusos y arbitrariedades que impliquen un daño al interés general.

Muchas gracias por su atención.