REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: EVITAR LA DEGRADACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA QUE PROVOCAN LAS TASAS DE REPOSICIÓN.

Ayer tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la prevista reunión de la Junta Directiva de la Asociación, conforme al orden del día remitido y hecho público en este blog.

Tras la aprobación del orden del día propuesto y del acta de la anterior reunión de 10 de septiembre de 2013, distribuida previamente a los asistentes, se procedió a tratar los diferentes puntos del orden del día, comenzando por el informe de actividad por parte del Presidente.

El Presidente de la Asociación informó de la entrega del documento de aportaciones al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, dirigido al Departamento de Hacienda y Administración Pública, sin perjuicio de que dicho documento pueda ser igualmente remitido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y al conjunto de los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos de la Administración autonómica.

Asimismo, hizo relación a la respuesta dada por la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón a la petición de creación de comisión parlamentaria de investigación sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa pública PLAZA, S.A., consistente en trasladar la petición formulada a los Grupos Parlamentarios, obviando con ello un debate y una respuesta expresa sobre la cuestión, lo que no hace sino devaluar la función de la propia Comisión. En relación con las empresas públicas, recordó la participación de la Asociación en un reportaje publicado por Heraldo de Aragón, el domingo  22 de septiembre de 2013, en el que se aprovechó para reclamar la adecuación del sector empresarial autonómico a las Directrices de buen gobierno corporativo de las empresas públicas aprobadas por la OCDE en 2011, reforzando la profesionalidad y calidad de los consejos de administración de las empresas públicas.

Seguidamente, hizo una valoración de la reciente comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública en las Cortes de Aragón, donde se puso de manifiesto la total opacidad sobre datos cuantitativos del empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma –sin una sola mención al boletín estadístico reclamado desde esta Asociación- y se hizo una utilización abusiva de las sentencias obtenidas por esta Asociación en materia de Oferta de Empleo Público, asegurando su próxima ejecución, sin indicar que esa ejecución ha sido ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al reclamarse su ejecución forzosa por esta Asociación ante la resistencia del propio Departamento a su ejecución voluntaria. La intervención de los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios resultó preocupante por la falta de un modelo de función pública hacia el que deba avanzar la futura Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, el Presidente se refirió al interés del reciente documento hecho público por el Justicia de Aragón (“Informe especial sobre transparencia y buen gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón”), cuyo análisis detallado, en la parte dedicada al empleo público, deberá abordarse por la Asociación en fechas próximas. Directamente conectada con las exigencias de buen gobierno y con el necesario cumplimiento del ordenamiento jurídico, y en especial del Estatuto de Autonomía de Aragón, se encuentra la necesaria remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón con anterioridad al último trimestre del ejercicio, obligación que, por tercera vez, ha incumplido el Gobierno de Aragón, por lo que la Asociación deberá dirigirse nuevamente al Justicia de Aragón remarcando dicha vulneración del Estatuto de Autonomía, recordando a dicha Institución que las anteriores quejas por idéntico motivo no han sido todavía resueltas.

Concluido el punto de informe de actividad, se pasó a tratar las posibles iniciativas para promover la eliminación de la tasa de reposición contenida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, analizándose la redacción del artículo 21 del Proyecto de Ley relativo a la Oferta de Empleo Público. Cabe constatar que su redacción, al excluir la aprobación de ofertas de empleo público salvo en los ámbitos expresamente autorizados, con sujeción a una tasa de reposición del diez por ciento de las vacantes de empleados fijos producidas a lo largo de 2013, no contempla solución alguna a las elevadas tasas de interinidad existentes en el conjunto de las Administraciones ni asegura el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, en la forma que se establece en el artículo 23.2 de la Constitución Española y se regula en el Estatuto Básico del Empleado Público. Los objetivos de control del gasto público no pueden ser motivo de suspensión del régimen de acceso a la función pública, cuando una cuarta parte de la plantilla de las Administraciones se halla cubierta por personal interino, pues ello no supone ninguna reducción del gasto público sino un directo menoscabo del régimen de acceso a la función público, inadmisible tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón. Por ello, se acuerda que la Asociación inicie una campaña, con motivo de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos, dirigida a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, para trasladarles nuestras tesis contrarias a la aplicación de las tasas de reposición como limitación al régimen de acceso a la función pública. Dicha campaña ha de estar presidida por la voluntad de combatir la creciente degradación de la función pública de las distintas administraciones públicas españolas, dado el carácter básico que se otorga a las previsiones de la Ley de Presupuestos.

A continuación, se aborda la situación de diferentes supuestos de ejercicio del derecho de petición realizados por la Asociación, y la necesidad de reaccionar frente a aquellos supuestos en que se da respuesta que elude las cuestiones planteadas en el escrito de petición, como sucede con las respuestas remitidas por la Secretaría General Técnica de la Presidencia o la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, o incumple el deber de respuesta, como en el caso del Alcalde de Zaragoza, el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza o el Consejero de Hacienda y Administración Pública.

Finalmente, y como continuación a la colaboración llevada a cabo en Heraldo de Aragón, en la que se hizo hincapié en la necesaria revisión de la situación de las empresas públicas, para su adaptación a las directrices de buen gobierno adoptadas por la OCDE en 2011, se conviene en hacer una campaña de difusión de dichas directrices tanto entre los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón como entre los diferentes Departamentos de la Comunidad Autónoma, solicitando la profesionalización y despolitización de los consejos de administración de las empresas, revisando la regulación de la Corporación Empresarial Pública de Aragón.