CLARIDAD DE OBJETIVOS EN FUNCIÓN PÚBLICA: UNA EXIGENCIA PARA LOS NUEVOS RESPONSABLES.

La reciente comparecencia del nuevo Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, ante las Cortes de Aragón, para exponer las líneas básicas de la política de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma, arroja una elevada falta de concreción y de ambición. Consideramos, no obstante, que es demasiado pronto para emitir un juicio sobre una gestión que todavía no ha comenzado apenas a definirse, más allá de los numerosos ceses y cambios de responsables administrativos que se vienen produciendo desde el cambio de Gobierno, situación que dista mucho del objetivo deseable de una Administración profesionalizada, en la que apenas tenga incidencia el cambio de orientación política del Ejecutivo autonómico.

No resulta razonable que nos veamos nuevamente inmersos en bailes de cifras sobre la interinidad en la Administración autonómica, y que los objetivos de la gestión de personal se reduzcan a dar cumplimiento a sentencias judiciales, en materia de oferta, o a la vaga promesa de promover un nuevo proyecto de Ley de Función Pública, sin concretar ninguna de las líneas básicas del modelo de función pública que se pretende establecer con su aprobación. Hace falta claridad en los objetivos a alcanzar y es necesario que dichos objetivos devuelvan a la función pública un compromiso colectivo con los principales valores del servicio público.

Aprobar una Ley no es un objetivo en sí mismo, pero es la vía a través de la cual cabe establecer un modelo de función pública que contribuya a asegurar el buen funcionamiento del conjunto de la Administración y de los diferentes servicios públicos gestionados.

Interesa por ello conocer el modelo que se propugna para la función pública autonómica por el nuevo Gobierno y por el nuevo titular de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, ya que el Proyecto de Ley elaborado en la anterior legislatura no constituía progreso alguno en los objetivos de profesionalización, salvo para aquellos –léase sindicatos de la función pública- que tienen por costumbre confundir la profesionalidad con la simple carrera profesional, y reducir ésta a mera progresión retributiva. Encarecer la Administración sin garantizar mayor calidad de los servicios y mejor garantía de los derechos de los ciudadanos es el peor camino que se puede seguir, y a eso se reducía el Proyecto de Ley pactado por Administración y sindicatos en la anterior legislatura.

Necesitamos una Administración basada en el mérito profesional y en el compromiso activo con el Estado de Derecho, y la ordenación de la función pública ha de sujetarse a reglas que refuercen ese doble objetivo. Queremos conocer las medidas que los nuevos responsables del Gobierno de Aragón pretenden impulsar para poder avanzar en dicha dirección. El cumplimiento de las sentencias judiciales en materia de oferta es una obligación legal, y por lo tanto no cabe entenderlo como una línea de actuación de la nueva política de personal. Entendemos que la política de personal está aún por definir, lo cual evidencia una falta de modelo difícil de justificar por parte de un equipo de gobierno.