FORMULADO RECURSO DE CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO FRENTE A LA SENTENCIA QUE DECLARÓ NULA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2010.

Esta Asociación formalizó ayer, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia de 29 de mayo de 2015, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en el recurso planteado contra el Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2010.

La citada sentencia del TSJA, si bien declaró nulo el señalado Decreto, no accedió a la petición de que se ordenase a la Administración  de la Comunidad Autónoma de Aragón una obligación de hacer, consistente en aprobar una oferta de empleo adicional que incluyese todas las plazas ocupadas por interinos que hubiesen sido indebidamente omitidas en la Oferta aprobada. En particular, en el escrito de conclusiones formulado por esta Asociación dentro del proceso seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se insistió en la necesidad de aprobar dicha oferta adicional en lo referido al personal docente no universitario, toda vez que las plazas relativas a administración general podían entenderse indirectamente resueltas con la ejecución de las sentencia que anuló las ofertas de empleo público de 2007 y 2011.

Consideramos necesario utilizar la vía de la casación ante el Tribunal Supremo para asegurar la efectiva garantía del derecho de acceso a la función pública, cuya vulneración se mantendría en el caso de que el Tribunal no obligase a la Administración a subsanar la lesión del derecho mediante la necesaria incorporación a la oferta anulada de todas las plazas irregularmente omitidas. La tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos no puede entenderse satisfecha con la mera anulación de los actos o disposiciones que conllevan una lesión a los mismos, si no se garantiza al mismo tiempo la reparación de tal lesión y el restablecimiento del ejercicio efectivo del derecho.

La lucha por el derecho no puede contentarse con victorias testimoniales como la lograda con la sentencia de 29 de mayo de 2015, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sino que ha de pretender, si existe cauce procesal para ello –como es la vía de casación ante el Tribunal Supremo- la reparación del derecho lesionado, reponiendo a los titulares del mismo en su pleno ejercicio frente a las plazas omitidas. Lo contrario, a diferencia de lo que pueda suponer una sentencia parcialmente favorable, supondría consolidar la lesión producida y, consecuentemente, renunciar al restablecimiento del derecho vulnerado. No parece que dicho resultado sea el que cabe esperar del sistema judicial de protección de derechos fundamentales.

Además de la pretensión de reparación efectiva del derecho fundamental lesionado –en el ámbito propio del personal docente no universitario-, el objetivo perseguido por esta Asociación en la interposición del recurso de casación señalado es también el de provocar un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de incluir en las ofertas de empleo público la totalidad de los puestos cubiertos por funcionarios interinos, según dispone el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Püblico –así como el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón-, pronunciamiento que vendría a reiterar lo ya afirmado por dicho Tribunal en su sentencia de 29 de octubre de 2010, al anular la oferta de empleo público aprobada por el Gobierno de Aragón para 2007.

Esta nueva iniciativa procesal es coherente con las prioridades establecidas por nuestra Asociación –al situar la defensa del derecho de acceso a la función pública como principal objetivo de nuestra labor-, y resulta posible, una vez más, gracias al compromiso de los profesionales que de manera altruista colaboran y respaldan nuestra actividad. No solo esta Asociación, sino también todos aquellos que se han visto favorecidos por los fallos judiciales que han permitido romper el bloqueo del acceso al empleo público en la Administración autonómica, nos hallamos en deuda con ellos, pues sin su generosidad y su compromiso profesional hubiera sido imposible esta larga batalla por la legalidad.