Esta Asociación, en su
condición de miembro de la Coalición Pro
Acceso, plataforma de ámbito estatal para impulsar una normativa avanzada de
transparencia de la actividad pública, se hace eco en su blog de la declaración
realizada por la Coalición
con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, en el que se basa el
derecho de acceso a la información pública incorporada a nuestro ordenamiento
jurídico por la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno, así como por la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
Entre nuestros objetivos se
encuentra la exigencia de una gestión transparente por parte de las
instituciones públicas, que permita reforzar los principios de legalidad y
eficiencia, a través de técnicas efectivas de control y rendición de cuentas y
de prevención de la corrupción. Las pautas de actuación administrativa
requieren el establecimiento de normas que aseguren los debidos estándares de
conducta, pero la consolidación de una cultura de transparencia requiere no
solo normas adecuadas que lo posibiliten, sino gestores comprometidos con los
valores del servicio público, entre los cuales ocupan un lugar destacado el
acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. El horizonte marcado por las próximas elecciones generales permite reclamar a las diferentes fuerzas políticas compromisos expresos para avanzar en objetivos de transparencia pública.
Reproducimos a continuación
el contenido de la declaración realizada por Coalición Pro Acceso con motivo
del Día Internacional del Derecho a Saber:
“Por el derecho a saber. Una carta abierta de la Coalición Pro Acceso ante las próximas elecciones generales
En el Día Internacional del
Derecho a Saber, hoy 28 de septiembre, las más de 60 organizaciones y actores
de la sociedad civil que componen la Coalición Pro Acceso hacen un llamamiento a las
distintas fuerzas políticas españolas a adoptar, de cara a las próximas
elecciones generales, un firme compromiso con los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año
2006, destinados a garantizar el pleno derecho de acceso a la información en
España y la transparencia de lo público.
La
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información
y Buen Gobierno (LTAIBG) ha sido
criticada desde el mismo momento de su aprobación debido a su baja calidad
con respecto a lo establecido en los estándares
internacionales. Así mismo, desde el comienzo de su proceso de
implementación, nuevas carencias han salido a la luz, evidenciando que esta es
una ley a todas horas insuficiente para poder garantizar lo que el Consejo
General del Poder Judicial ha
reconocido como un derecho fundamental.
Sin embargo, a día de hoy,
los compromisos y las propuestas de mejora por parte de los principales actores
políticos de este país, brillan por su
ausencia.
Ante un clima social como el
actual, donde los continuos casos de corrupción y la aún patente opacidad de
las instituciones han ido sedimentando un preocupante desapego ciudadano ante
la labor política e institucional, consideramos esencial y urgente emprender el
camino hacia una clara y definitiva mejora de la ley de transparencia.
Frente a este reto, hoy
recordamos nuestro decálogo con los principios fundamentales que toda
legislación en materia de acceso a la información es esencial que recoja:
1.
El derecho de acceso a la información es
un derecho fundamental de toda persona.
2.
El derecho de acceso a la información se
aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas
aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3.
El derecho de acceso a la información se
aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades
públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4.
Realizar solicitudes debe ser sencillo,
rápido y gratuito.
5.
Los funcionarios tienen la obligación de
ayudar a los solicitantes.
6.
Principio de publicidad de la información:
el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7.
Las denegaciones de acceso a la
información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8.
Toda persona tiene el derecho a recurrir
las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
9.
Las entidades públicas, a iniciativa
propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin
que sea necesario realizar una solicitud.
10.
El derecho de acceso a la información
debe ser garantizado por un órgano independiente.
La Coalición Pro Acceso
ve en las próximas elecciones un escenario propicio para que las principales
fuerzas políticas incorporen en su agenda la transparencia y el derecho de
acceso a la información como áreas de reforma prioritaria, incluyendo en sus
discursos y futuros programas las mejoras para la LTAIBG defendidas en los 10
principios.
Así pues llamamos a los
candidatos y sus partidos a velar por que se consolide el derecho a la
información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la
práctica, unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía
informada”.
1 comentario:
Veremos en qué queda la polvareda de las elecciones catalanas, pero es preferible seguir con nuestras tareas habituales.
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