El
pasado mes de junio, nos dirigimos a diferentes miembros del Gobierno autonómico
en funciones –como eran el Consejero de Hacienda y Administración Pública o el
de Sanidad, Bienestar Social y Familiar-, para expresarles nuestro reproche por
el incumplimiento de determinadas obligaciones legales, como pudieran ser la
aprobación del Plan general de mejora de
la calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, o del Informe anual sobre el estado de los servicios sociales
en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El término de una legislatura debiera comportar un balance en el que cada
responsable público expusiera sus actuaciones y reconociese sus
incumplimientos, aportando los motivos de estos últimos.
Es difícil que un responsable político reconozca
incumplimientos de la Ley,
y menos aún que exprese los motivos que no le han permitido cumplir los
mandatos de las normas, lo que sin duda es un fracaso claro en su gestión. Ocurre
incluso, por sorprendente que pueda parecer, que dichos responsables desconocen
buena parte de las obligaciones que establecen las leyes, o anteponen sus
propias iniciativas a los mandatos expresos de la ley, como si el cumplimiento
de éstos quedase sujeta a la voluntad de cada responsable político. Este modo
arbitrario de gobernar, donde se niega a las leyes cualquier valor cuando
imponen obligaciones de hacer, debiera ser objeto del más enérgico reproche
institucional y ciudadano. También debiera analizarse si dicho incumplimiento se debe a una manifiesta dejación de los profesionales de la Administración, al interiorizar como algo habitual el incumplimiento de las normas.
Nuestros diferentes escritos, como era de esperar,
no obtuvieron respuesta alguna que razonase los motivos de tales
incumplimientos, ni hubo siquiera acuse de recibo al recordatorio de las
obligaciones desatendidas. Creemos, sin embargo, que las entidades de la
sociedad civil –condición que corresponde a esta Asociación- tienen la obligación
de ejercer una labor de control de la acción pública, y deben señalar las
deficiencias en que incurre dicha acción, pues dicha actividad de control es
una actuación que viene a reforzar objetivos de buen gobierno y buena
administración.
Lo verdaderamente anómalo es que un Gobierno
incumpla las leyes y que ello no sea
detectado ni señalado por nadie, empezando por las Cortes de Aragón o el
Justicia de Aragón, instituciones a las que viene encomendada una función expresa
de control de la acción de gobierno y de respeto del ordenamiento jurídico
aragonés, respectivamente, por el propio Estatuto de Autonomía de Aragón. No
tiene mucho sentido que la labor de control que ha de ejercerse institucionalmente
deban asumirla las entidades ciudadanas, pues ello es signo de que el aparato
institucional del que nos hemos dotado no está funcionando adecuadamente.
Ningún cambio de gobierno, como el producido en la
nueva legislatura, es causa de excepción en el deber de cumplimiento de las
leyes, y el actual Gobierno de Aragón de Javier Lambán ha de ser consciente
que, desde el primer momento, ha de respetar el ordenamiento jurídico y
someterse a sus exigencias, y que sus incumplimientos serán puestos de
manifiesto por quienes consideran que el respeto al principio de legalidad es
condición indispensable para legitimar una acción de gobierno. Por ello, esta
Asociación seguirá en su empeño de reclamar a los nuevos responsables lo mismo
que exigía a los anteriores, empezando por la necesidad de que el envío del
Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón se produzca con
anterioridad al 1 de octubre del ejercicio en curso, tal y como establece el
artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
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