martes, 29 de septiembre de 2015

CLARIDAD DE OBJETIVOS EN FUNCIÓN PÚBLICA: UNA EXIGENCIA PARA LOS NUEVOS RESPONSABLES.



La reciente comparecencia del nuevo Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, ante las Cortes de Aragón, para exponer las líneas básicas de la política de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma, arroja una elevada falta de concreción y de ambición. Consideramos, no obstante, que es demasiado pronto para emitir un juicio sobre una gestión que todavía no ha comenzado apenas a definirse, más allá de los numerosos ceses y cambios de responsables administrativos que se vienen produciendo desde el cambio de Gobierno, situación que dista mucho del objetivo deseable de una Administración profesionalizada, en la que apenas tenga incidencia el cambio de orientación política del Ejecutivo autonómico.

No resulta razonable que nos veamos nuevamente inmersos en bailes de cifras sobre la interinidad en la Administración autonómica, y que los objetivos de la gestión de personal se reduzcan a dar cumplimiento a sentencias judiciales, en materia de oferta, o a la vaga promesa de promover un nuevo proyecto de Ley de Función Pública, sin concretar ninguna de las líneas básicas del modelo de función pública que se pretende establecer con su aprobación. Hace falta claridad en los objetivos a alcanzar y es necesario que dichos objetivos devuelvan a la función pública un compromiso colectivo con los principales valores del servicio público.

Aprobar una Ley no es un objetivo en sí mismo, pero es la vía a través de la cual cabe establecer un modelo de función pública que contribuya a asegurar el buen funcionamiento del conjunto de la Administración y de los diferentes servicios públicos gestionados.

Interesa por ello conocer el modelo que se propugna para la función pública autonómica por el nuevo Gobierno y por el nuevo titular de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, ya que el Proyecto de Ley elaborado en la anterior legislatura no constituía progreso alguno en los objetivos de profesionalización, salvo para aquellos –léase sindicatos de la función pública- que tienen por costumbre confundir la profesionalidad con la simple carrera profesional, y reducir ésta a mera progresión retributiva. Encarecer la Administración sin garantizar mayor calidad de los servicios y mejor garantía de los derechos de los ciudadanos es el peor camino que se puede seguir, y a eso se reducía el Proyecto de Ley pactado por Administración y sindicatos en la anterior legislatura.

Necesitamos una Administración basada en el mérito profesional y en el compromiso activo con el Estado de Derecho, y la ordenación de la función pública ha de sujetarse a reglas que refuercen ese doble objetivo. Queremos conocer las medidas que los nuevos responsables del Gobierno de Aragón pretenden impulsar para poder avanzar en dicha dirección. El cumplimiento de las sentencias judiciales en materia de oferta es una obligación legal, y por lo tanto no cabe entenderlo como una línea de actuación de la nueva política de personal. Entendemos que la política de personal está aún por definir, lo cual evidencia una falta de modelo difícil de justificar por parte de un equipo de gobierno.

4 comentarios:


  1. CCOO exige a la Dirección General de Función Pública que aclare la información ofrecida en las Cortes de Aragón sobre las futuras convocatorias de empleo público.

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  2. Vivimos tiempos convulsos y agitados. Tiempos en que lo importante es aparecer en los medios de comunicación, aunque algunas veces no se sepa muy bien lo que se quiere decir. Los empleados públicos ya estamos acostumbrados a la incontinencia verbal de "nuestros jefes", los políticos. Sabemos lo fácil que les resulta prometer en época electoral y lo difícil que les resulta cumplir lo prometido después.

    Pero ahora el bombo y platillo, las promesas, los gestos y las poses, (el "postureo" que llaman los entendidos) no se limitan a las épocas electorales. Asistimos a una obsesiva tendencia a demostrar permanentemente lo que se es. Cualquier político que se precie debe proclamar a los cuatro vientos de manera permanente todo su ideario, como si a fuerza de repetirlo lo interiorizara mejor.

    Parece que el nuevo Director General de Función Pública también padece este nuevo mal asociado a la inmediatez de las redes sociales. Y ayer, en su primera comparecencia en las Cortes de Aragón anunció que en el primer trimestre del año 2016 se aprobaría la Oferta de Empleo Público con todas las plazas cubiertas por personal interino. Es decir, el Director General anunció que iba a cumplir la ley, concretamente el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que dice textualmente. "Las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios".

    Después de esta declaración de intenciones el Director General continuó vendiendo realidades presentes como si fueran oportunidades, señalando que cuando se ejecuten todas las ofertas de empleo pendientes más de 3300 trabajadores en la DGA serán fijos, tanto en sanidad como en educación y administración general.

    ccoo

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  3. Sin embargo, lo verdaderamente importante es lo que el Director General no dijo. Se le olvidó decir que las plazas ofertadas en las ofertas complementarias de los años 2007 y 2011 son consecuencia de las sentencias favorables a la Asociación de Defensa de la Función Pública. Se le olvidó aclarar si va a convocar todas las plazas o si se va a plegar a las limitaciones que establece la tasa de reposición en los Presupuestos Generales del Estado. Se le olvidó decir que piensa hacer para acabar con la insoportable e injusta temporalidad existente en la DGA. Se le olvidó decir cómo piensa recuperar el empleo público perdido en los últimos años.

    En definitiva, se le olvidó mojarse, ofreciendo datos y fechas concretas. Se le olvidó lo fundamental, exponer cual va a ser la política del Gobierno de Aragón en materia de personal para los próximos cuatro años.

    Por eso, desde CCOO exigimos que la Dirección General de la Función Pública facilite toda la información presentada ayer en las Cortes de Aragón para poder valorar el alcance real de las intenciones del gobierno en relación con el empleo público.

    CCOO

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  4. Ya tardaba CCOO en reconocer la labor que ha hecho esta Asociación.¿Han cambiado los responsables?

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