La Mesa de las Cortes de Aragón, en su reunión
del pasado 17 de septiembre de 2014, acordó, a petición de los Grupos
Parlamentarios del Partido Aragonés y de Izquierda Unida, prorrogar el plazo de
presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón, finalizando
el nuevo plazo establecido el próximo día 10 de octubre de 2014.
Esta
Asociación ha insistido ante el Parlamento autonómico, tanto a través de
diversos escritos dirigidos a los Grupos Parlamentarios, como en la intervención
de su Presidente, Julio Guiral, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones
Ciudadanas, que tuvo lugar el pasado mes de junio, en la absoluta necesidad de
que el proyecto normativo cuente con una memoria económica real, en la
que se determinen los costes derivados de su aplicación –ligados al régimen
retributivo que establece y al modelo de carrera horizontal que se propugna- y
se indique su modo de financiación, pues no cabe admitir que dicha obligación
se despache con la mera indicación de que su implantación se acomodará a las
disponibilidades presupuestarias de los correspondientes ejercicios. Los gastos
han de estar cuantificados y proyectados
en el tiempo, de manera que su atención pueda preverse al determinar los créditos
presupuestarios de cada ejercicio. Lo contrario es una completa burla tanto a
los empleados públicos –cuya carrera profesional queda condicionada a unos créditos
indeterminados- como a los ciudadanos, al aprobarse conceptos de gasto público
sin fijación de su cuantía ni garantía de su viabilidad y sostenibilidad en el
tiempo, con la correspondiente afección potencial a otras políticas de gasto público.
Dado
que la carencia de información suficiente sobre costes y financiación es
manifiesta, creemos que los Grupos Parlamentarios, antes de iniciar la
tramitación del Proyecto de Ley, debieran reclamar dicha memoria económica o,
en caso contrario, formular una enmienda a la totalidad de devolución, para
rechazar un proyecto de ley que carece de un documento fundamental para evaluar
su sostenibilidad presupuestaria. La responsabilidad de los parlamentarios en
el ejercicio de sus funciones así lo requeriría.
La
decisión de la Mesa
de ampliar el plazo de presentación de enmiendas puede ser un indicador de la
falta de voluntad efectiva de la
Cámara –y del propio Gobierno de Aragón- para la aprobación
del Proyecto de Ley antes de que concluya la legislatura y se convoquen nuevas
elecciones, dejando con ello decaer el proyecto presentado. Sería una forma tácita
de reconocer la inviabilidad de la norma y la manifiesta insuficiencia de
recursos para afrontar su aplicación a lo largo de la siguiente legislatura.
Esta
estrategia, de ser real, supondría un ejercicio de responsabilidad, pero demostraría que la remisión del Proyecto de
Ley a la Cámara
ha sido un gesto vacío, cuya única finalidad era el cumplimiento formal o
aparente de un compromiso adquirido ante el Parlamento. Este comportamiento,
sin embargo, está muy lejos de lo que exige un programa de buen gobierno, en el
que se debiera evitar la aprobación de proyectos de ley carentes de calidad técnica
y de viabilidad económica, defectos ambos que cabe achacar al Proyecto de Ley
de Función Pública de Aragón.
1 comentario:
¿Por qué no se exige una memoria bien hecha? ¿Tan poco se preocupan de los efectos de las leyes?
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