PRORROGADO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN: PERO SEGUIMOS SIN CONTAR CON UNA MEMORIA ECONÓMICA REAL.

La Mesa de las Cortes de Aragón, en su reunión del pasado 17 de septiembre de 2014, acordó, a petición de los Grupos Parlamentarios del Partido Aragonés y de Izquierda Unida, prorrogar el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón, finalizando el nuevo plazo establecido el próximo día 10 de octubre de 2014.

Esta Asociación ha insistido ante el Parlamento autonómico, tanto a través de diversos escritos dirigidos a los Grupos Parlamentarios, como en la intervención de su Presidente, Julio Guiral, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, que tuvo lugar el pasado mes de junio, en la absoluta necesidad de que el proyecto normativo cuente con una memoria económica real, en la que se determinen los costes derivados de su aplicación –ligados al régimen retributivo que establece y al modelo de carrera horizontal que se propugna- y se indique su modo de financiación, pues no cabe admitir que dicha obligación se despache con la mera indicación de que su implantación se acomodará a las disponibilidades presupuestarias de los correspondientes ejercicios. Los gastos han de estar cuantificados  y proyectados en el tiempo, de manera que su atención pueda preverse al determinar los créditos presupuestarios de cada ejercicio. Lo contrario es una completa burla tanto a los empleados públicos –cuya carrera profesional queda condicionada a unos créditos indeterminados- como a los ciudadanos, al aprobarse conceptos de gasto público sin fijación de su cuantía ni garantía de su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, con la correspondiente afección potencial a otras políticas de gasto público.

Dado que la carencia de información suficiente sobre costes y financiación es manifiesta, creemos que los Grupos Parlamentarios, antes de iniciar la tramitación del Proyecto de Ley, debieran reclamar dicha memoria económica o, en caso contrario, formular una enmienda a la totalidad de devolución, para rechazar un proyecto de ley que carece de un documento fundamental para evaluar su sostenibilidad presupuestaria. La responsabilidad de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones así lo requeriría.

La decisión de la Mesa de ampliar el plazo de presentación de enmiendas puede ser un indicador de la falta de voluntad efectiva de la Cámara –y del propio Gobierno de Aragón- para la aprobación del Proyecto de Ley antes de que concluya la legislatura y se convoquen nuevas elecciones, dejando con ello decaer el proyecto presentado. Sería una forma tácita de reconocer la inviabilidad de la norma y la manifiesta insuficiencia de recursos para afrontar su aplicación a lo largo de la siguiente legislatura. 

Esta estrategia, de ser real, supondría un ejercicio de responsabilidad, pero  demostraría que la remisión del Proyecto de Ley a la Cámara ha sido un gesto vacío, cuya única finalidad era el cumplimiento formal o aparente de un compromiso adquirido ante el Parlamento. Este comportamiento, sin embargo, está muy lejos de lo que exige un programa de buen gobierno, en el que se debiera evitar la aprobación de proyectos de ley carentes de calidad técnica y de viabilidad económica, defectos ambos que cabe achacar al Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón.