Esta Asociación se ha dirigido al
conjunto de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para insistir
en la necesidad de que, dentro de las propuestas de regeneración democrática
que puedan tomar en consideración los diferentes grupos políticos, se contemple
también la necesidad de reforzar la profesionalidad de la función pública y su
compromiso con la legalidad, como elemento esencial para fortalecer el Estado
de Derecho.
El problema principal que reclama un
programa de regeneración democrática es la corrupción pública que ha
desacreditado a una buena parte de nuestras instituciones y a la clase política
que las ha dirigido. Debemos preguntarnos por las causas de la corrupción y por
las debilidades de las instituciones que la han hecho posible, y entre éstas no
cabe ocultar la visible degradación sufrida por la función pública –especialmente
en el ámbito autonómico y local-, como resultado de un sistema de selección
bloqueado, que impide el acceso de los ciudadanos conforme a principios de mérito
y capacidad y que excepciona para una parte del personal público la garantía de
la inamovilidad que establece el Estatuto Básico del Empleado Público como
garantía del deber de imparcialidad, objetividad y estricto sometimiento a la
legalidad.
La situación generada por las altas
tasas de interinidad existenteS en las Administraciones Públicas –con el
consiguiente debilitamiento de los empleados públicos frente a cualquier tipo
de presión política- se ve claramente agravada por la creciente extensión de la
libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo, haciendo con
ello que la carrera profesional de los funcionarios públicos dependa
directamente de la discrecionalidad política de quienes, en cada momento,
dirigen la
Administración.
Dicha situación ha de ser revisada
necesariamente para conseguir el fortalecimiento de nuestras instituciones y,
con ellas, del Estado de Derecho, lo que ha de permitir recuperar confianza y
legitimidad por parte de los ciudadanos. Los mecanismos para lograrlo están
perfectamente señalados tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como
en la Convención
de Naciones Unidas contra la
Corrupción de 2003, en la que se señalan numerosas medidas en
relación con el empleo público.
Es necesario también que la voluntad de
regeneración –es decir, el “giro ético” que esta Asociación viene propugnando
desde 2007- sea asumido como una necesidad inaplazable por los propios
servidores públicos, así como por las diferentes organizaciones sindicales y
profesionales existentes en el seno de las Administraciones Públicas. La
legitimación social de los empleados públicos –y su propio estatuto jurídico-
no puede desligarse del cumplimiento de sus deberes legales y éticos en la
defensa del interés público, en el respeto a la legalidad y en la garantía
efectiva de los derechos de los ciudadanos.
Creemos que estas consideraciones no
pueden estar ausentes en cualquier análisis serio sobre la regeneración
institucional que precisa nuestro país, y por ello hemos querido hacerlas
llegar a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados,
haciendo presente en el Parlamento la inquietud y colaboración de la sociedad
civil en el debate público sobre la calidad de nuestra democracia.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso de los Diputados:
“Grupo Parlamentario Popular
Congreso
de los Diputados
C/
Floridablanca, s/n.
28071-MADRID
Zaragoza,
23 de septiembre de 2014.
Estimados
señores:
Desde
la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, organización comprometida con la defensa y promoción de los
principios constitucionales que ordenan la función pública, entre los que
figuran de forma destacada los de legalidad, profesionalidad y ética pública,
deseamos trasladarles la necesidad de que el reforzamiento de la
profesionalidad de la función pública y el compromiso activo de todos los
servidores públicos en la fortaleza del Estado de Derecho y en la prevención y
lucha contra la corrupción pública se contemplen entre los objetivos y medidas
que los diferentes grupos parlamentarios puedan considerar dentro de la
prevista “regeneración democrática” para la mejora del funcionamiento de
nuestras instituciones públicas.
La
regeneración institucional que necesita nuestro sistema político no se agota, a
nuestro juicio, con medidas que afecten al estatuto jurídico de los
representantes políticos o cargos públicos, sino que debieran abarcar otro
importante conjunto de medidas dirigidas a garantizar el buen funcionamiento de
los elementos del Estado de Derecho, entre los cuales ejerce un destacado papel
la función pública que sirve a las diferentes Administraciones.
Se
debe garantizar adecuadamente el derecho de acceso a la función pública que
reconoce el artículo 23.2 de la Constitución
Española, para asegurar tanto el ejercicio de un derecho
constitucional del que son titulares todos los ciudadanos como la
profesionalidad del conjunto de los servidores públicos y su inamovilidad como
garantía legal para el cumplimiento de su deber de imparcialidad en el
desempeño de sus funciones.
La
degradación sufrida por la función pública –resultado de la crisis del sistema
legal de selección de personal, que ha dado lugar a elevadas tasas de
interinidad, y el abuso de la discrecionalidad en el sistema de provisión de
puestos de trabajo, en detrimento de los principios de mérito y capacidad- es
una de las principales debilidades que presenta hoy nuestro modelo
institucional y el propio Estado de Derecho. La corrupción pública no puede ni
debe ser corregida exclusivamente por los Tribunales, lo que exige fortalecer
la profesionalidad y la integridad de la función pública para que actúe como un
eficaz elemento de prevención de la corrupción, tal y como se contempla en la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción
de 2003, ratificada por España en 2006.
Consideramos,
por todo ello, que la situación de la función pública y el papel que le
corresponde jugar en el aseguramiento de la legalidad administrativa y en la
prevención de la corrupción pública han de ser un factor a analizar en
cualquier programa de “regeneración democrática” que pueda ser objeto de debate
por los grupos políticos.
El
desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos del Estatuto Básico del Empleado
Público para promover la profesionalidad y la ética administrativa y el impulso
de medidas de prevención en el sector público que se contemplan en la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción
debieran ser elemento imprescindible de cualquier estrategia de regeneración
institucional.
Confiando
en que ese Grupo pueda compartir el criterio expresado, y agradeciéndoles de
antemano la atención prestada, reciban nuestro más atento y respetuoso saludo.
Julio
Guiral Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa”
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