La Mesa de las Cortes de Aragón, de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento de la Cámara, remitió el pasado mes de julio la Proposición de Ley de
actualización de los derechos históricos de Aragón, promovida por los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés, al Gobierno de Aragón, para
que éste pueda expresar su criterio, no vinculante, respecto a su posible toma en
consideración, así como señalar su conformidad o no con su tramitación en el
caso de que conlleve un aumento de gasto o una disminución de los ingresos del
ejercicio en curso.
De acuerdo con lo señalado en el artículo
139.2 del Reglamento de las Cortes de Aragón, “el criterio de la Diputación General
sobre la toma en consideración de la proposición de ley se expresará mediante
escrito dirigido a la Mesa
de las Cortes, que lo trasladará inmediatamente a todos los Grupos
Parlamentarios”.
Como ya adelantamos en varias notas de
este blog, desde esta Asociación consideramos que la iniciativa legislativa
parlamentaria de los Grupos Popular y del Partido Aragonés no tiene cabida en
nuestro ordenamiento constitucional, por ser radicalmente ajena y contraria a
sus principios. No cabe resucitar la historia pasada mediante una ley, porque
la ley emana del marco establecido por la Constitución y el
Estatuto de Autonomía de Aragón y
cualquier apelación a una legitimidad distinta o previa a ambas normas –como ocurre con
la citada iniciativa legislativa, al apelar a derechos históricos que carecen
por completo de vigencia y valor jurídico- ha de considerarse radicalmente
antijurídica. Previsiones como la modificación de la titularidad del derecho al
voto –cuya regulación es exclusiva del régimen electoral general- o la absurda
pretensión de ejercer la potestad expropiatoria sobre bienes situados fuera de
Aragón, desconociendo la eficacia territorial de las leyes autonómicas, no
hacen sino agravar todavía más la antijuridicidad de la iniciativa.
Entendemos por ello, y así se lo hemos
querido señalar a la
Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que
el Gobierno de Aragón no puede avalar la toma en consideración de una propuesta
normativa de tal naturaleza, y que su criterio, en todo caso, debiera verse respaldado por el análisis jurídico realizado tanto por la Dirección General
de los Servicios Jurídicos como por el Consejo Consultivo de Aragón.
El buen gobierno ha de tener entre sus
objetivos la calidad de las leyes aprobadas, pues un ordenamiento jurídico
deficiente constituye una importante rémora para el desenvolvimiento de la
actividad institucional y para el progreso social. La pretendida actualización
de los derechos históricos de Aragón creemos que es una iniciativa fuera de
lugar, contraria al marco constitucional y claramente alejada de la
racionalidad democrática. El Gobierno de Aragón debiera evitar expresar su
conformidad con tal iniciativa, y debería hacerlo especialmente por provenir de
los grupos parlamentarios que lo apoyan, para no hacerse corresponsable de
semejante dislate político y jurídico.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno
de Aragón:
“Excmo.
Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón
Gobierno de
Aragón
Edificio
Pignatelli
Pº María
Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA
Zaragoza,
29 de septiembre de 2014.
Estimada
señora:
Los
Grupos Parlamentarios del Partido Popular y del Partido Aragonés han formulado
ante las Cortes de Aragón una Proposición de Ley de actualización de los
derechos históricos de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón de 18 de julio de 2014, con la que se viene a ahondar en la orientación
historicista que marcaba la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llevada
a cabo en 2007.
Dicha
proposición de ley, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de las Cortes
de Aragón, fue remitida al Gobierno de Aragón para que manifieste su criterio
no vinculante respecto a su posible toma en consideración.
El
contenido de dicha norma resulta, a nuestro juicio, manifiestamente
contradictorio con el ordenamiento constitucional y estatutario al que ha de
someter el ejercicio de su potestad legislativa el Parlamento autonómico, razón
por la cual deseamos solicitarle que el Gobierno de Aragón, con carácter previo
a la emisión del citado criterio sobre la posible toma de en consideración de
la señalada proposición de ley, recabe el dictamen jurídico del Consejo Consultivo
para señalar todos aquellos aspectos de la propuesta normativa que puedan
entrar en colisión con previsiones constitucionales o estatutarias.
Deseamos
señalar que, a nuestro juicio, el derecho histórico no constituye fundamento alguno de la autonomía aragonesa,
cuya legitimidad solo es posible encontrar en la Constitución Española,
ni constituye un límite posible al poder constituyente del pueblo español, cuya
libertad de configuración del Estado no queda sometida a restricción alguna que
apele al pasado de los diferentes territorios.
Entendiendo que
numerosas previsiones contenidas en la citada proposición pueden contradecir el
núcleo esencial de nuestro vigente ordenamiento constitucional, y al objeto de
evitar problemas futuros de control de constitucionalidad y posible descrédito
de las instituciones aragonesas, consideramos oportuno que el pronunciamiento
del Gobierno de Aragón sobre su toma en consideración vaya precedida de los
necesarios controles de corrección jurídica, tanto por parte de la Dirección General
de los Servicios Jurídicos como del Consejo Consultivo de Aragón, toda vez que
las proposiciones de ley, al contrario que los proyectos de ley aprobados por
el Gobierno, carecen de tales trámites preceptivos.
Agradeciendo
de antemano su atención, reciba nuestro atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
9 comentarios:
Hace bien esa asociación en criticar algo tan disparatado como traer a nuestro ordenamiento el Reino de Aragón. ¿Por qué no el condado de Sobrarbe o la taifa de Albarracín?
Hace bien, porque el silencio generalizado es incomprensible.
Hay que valorar siempre la voz disidente.
Sobre todo cuando se disiente de propuestas aberrantes ...
¿el silencio generalizado debe ser equiparado al asentimiento, a creer en cuentos de reyes y reinas? , Parece que mucha gente cree en eso y actúa en consecuencia , y propone esas leyes. Algunas preguntas: ¿se recuperará el título del rey de Aragón ?, ¿volveremos a ser siervos ?, ¿la casta devendrá en nobleza? y otras lindas preguntas
El Pleno de las Cortes de Aragón debatirá hoy la toma en consideración de dos proposiciones de ley presentadas conjuntamente por PP y PAR. Se trata de dos textos, relacionados con la distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas y la actualización de los derechos históricos de la comunidad, que protagonizarán el arranque del debate en el hemiciclo. Después comparecerán los titulares de Industria, Arturo Aliaga, y de Sanidad, Ricardo Oliván en el ejecutivo autonómico
el periodico de aragon
El Gobierno ya se pronunció. La petición llega tarde. La historia se ha adelantado.
El portavoz del Grupo Socialista en el debate de toma en consideración ha citado la postura contraria de esta Asociación. ¿A qué puede deberse esa cita?
El Pleno de las Cortes tomó ayer en consideración la proposición de ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, que se pretenden reivindicar como garantía de futuro, al mismo tiempo que se afirma y protege la identidad aragonesa.
La toma en consideración de la iniciativa, que fue presentada de forma conjunta por los grupos del PP y el PAR, contó con el apoyo del PSOE y CHA y con la abstención de IU, con lo que queda abierto el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
En la exposición de motivos de la proposición se especifica que con esta ley, Aragón "proclama su condición de territorio foral por legitimidad histórica y porque lo dispone su Estatuto de Autonomía", según el cual los derechos históricos de Aragón podrán ser actualizados de acuerdo con la Constitución española.
epa
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