LA FUNCIÓN PÚBLICA HA DE JUGAR UN PAPEL RELEVANTE EN LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA: PETICIÓN DIRIGIDA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Esta Asociación se ha dirigido al conjunto de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para insistir en la necesidad de que, dentro de las propuestas de regeneración democrática que puedan tomar en consideración los diferentes grupos políticos, se contemple también la necesidad de reforzar la profesionalidad de la función pública y su compromiso con la legalidad, como elemento esencial para fortalecer el Estado de Derecho.

El problema principal que reclama un programa de regeneración democrática es la corrupción pública que ha desacreditado a una buena parte de nuestras instituciones y a la clase política que las ha dirigido. Debemos preguntarnos por las causas de la corrupción y por las debilidades de las instituciones que la han hecho posible, y entre éstas no cabe ocultar la visible degradación sufrida por la función pública –especialmente en el ámbito autonómico y local-, como resultado de un sistema de selección bloqueado, que impide el acceso de los ciudadanos conforme a principios de mérito y capacidad y que excepciona para una parte del personal público la garantía de la inamovilidad que establece el Estatuto Básico del Empleado Público como garantía del deber de imparcialidad, objetividad y estricto sometimiento a la legalidad.

La situación generada por las altas tasas de interinidad existenteS en las Administraciones Públicas –con el consiguiente debilitamiento de los empleados públicos frente a cualquier tipo de presión política- se ve claramente agravada por la creciente extensión de la libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo, haciendo con ello que la carrera profesional de los funcionarios públicos dependa directamente de la discrecionalidad política de quienes, en cada momento, dirigen la Administración.

Dicha situación ha de ser revisada necesariamente para conseguir el fortalecimiento de nuestras instituciones y, con ellas, del Estado de Derecho, lo que ha de permitir recuperar confianza y legitimidad por parte de los ciudadanos. Los mecanismos para lograrlo están perfectamente señalados tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, en la que se señalan numerosas medidas en relación con el empleo público.

Es necesario también que la voluntad de regeneración –es decir, el “giro ético” que esta Asociación viene propugnando desde 2007- sea asumido como una necesidad inaplazable por los propios servidores públicos, así como por las diferentes organizaciones sindicales y profesionales existentes en el seno de las Administraciones Públicas. La legitimación social de los empleados públicos –y su propio estatuto jurídico- no puede desligarse del cumplimiento de sus deberes legales y éticos en la defensa del interés público, en el respeto a la legalidad y en la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Creemos que estas consideraciones no pueden estar ausentes en cualquier análisis serio sobre la regeneración institucional que precisa nuestro país, y por ello hemos querido hacerlas llegar a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, haciendo presente en el Parlamento la inquietud y colaboración de la sociedad civil en el debate público sobre la calidad de nuestra democracia.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados:

“Grupo Parlamentario Popular

Congreso de los Diputados

C/ Floridablanca, s/n.

28071-MADRID

Zaragoza, 23 de septiembre de 2014.

Estimados señores:

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, organización comprometida con la defensa y promoción de los principios constitucionales que ordenan la función pública, entre los que figuran de forma destacada los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseamos trasladarles la necesidad de que el reforzamiento de la profesionalidad de la función pública y el compromiso activo de todos los servidores públicos en la fortaleza del Estado de Derecho y en la prevención y lucha contra la corrupción pública se contemplen entre los objetivos y medidas que los diferentes grupos parlamentarios puedan considerar dentro de la prevista “regeneración democrática” para la mejora del funcionamiento de nuestras instituciones públicas.

La regeneración institucional que necesita nuestro sistema político no se agota, a nuestro juicio, con medidas que afecten al estatuto jurídico de los representantes políticos o cargos públicos, sino que debieran abarcar otro importante conjunto de medidas dirigidas a garantizar el buen funcionamiento de los elementos del Estado de Derecho, entre los cuales ejerce un destacado papel la función pública que sirve a las diferentes Administraciones.

Se debe garantizar adecuadamente el derecho de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española, para asegurar tanto el ejercicio de un derecho constitucional del que son titulares todos los ciudadanos como la profesionalidad del conjunto de los servidores públicos y su inamovilidad como garantía legal para el cumplimiento de su deber de imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

La degradación sufrida por la función pública –resultado de la crisis del sistema legal de selección de personal, que ha dado lugar a elevadas tasas de interinidad, y el abuso de la discrecionalidad en el sistema de provisión de puestos de trabajo, en detrimento de los principios de mérito y capacidad- es una de las principales debilidades que presenta hoy nuestro modelo institucional y el propio Estado de Derecho. La corrupción pública no puede ni debe ser corregida exclusivamente por los Tribunales, lo que exige fortalecer la profesionalidad y la integridad de la función pública para que actúe como un eficaz elemento de prevención de la corrupción, tal y como se contempla en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006.

Consideramos, por todo ello, que la situación de la función pública y el papel que le corresponde jugar en el aseguramiento de la legalidad administrativa y en la prevención de la corrupción pública han de ser un factor a analizar en cualquier programa de “regeneración democrática” que pueda ser objeto de debate por los grupos políticos.

El desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos del Estatuto Básico del Empleado Público para promover la profesionalidad y la ética administrativa y el impulso de medidas de prevención en el sector público que se contemplan en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción debieran ser elemento imprescindible de cualquier estrategia de regeneración institucional.

Confiando en que ese Grupo pueda compartir el criterio expresado, y agradeciéndoles de antemano la atención prestada, reciban nuestro más atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”