PROMOVER EQUIPOS DE ESTUDIO INTERNOS: HACIA UN CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA DE LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA.

Corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública, de acuerdo con su normativa, promover y desarrollar actividades de investigación, estudio, asesoramiento, documentación y publicaciones dirigidas a la mejora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El desarrollo de esta tarea, muy escasamente atendida hasta el momento, debería permitir que la Administración autonómica incentivase y mantuviese líneas de reflexión internas, de carácter permanente, que hagan posible madurar ideas y estrategias en áreas fundamentales de la gestión pública, evitando que los profesionales de las diferentes áreas de la gestión terminen abandonándose a la rutina burocrática.

Aspectos como la gestión de calidad, la transparencia, el control y rendición de cuentas, la administración electrónica, la participación ciudadana, el reforzamiento de la profesionalidad o la ética pública, entre tantos otros, deberían contar con grupos de estudio, integrados por funcionarios de carrera especialmente interesados en dichos temas, cuya labor debiera servir para elaborar documentación especializada y desarrollar labores de divulgación teórica y práctica sobre tales cuestiones entre el conjunto del personal de la Administración autonómica. La actividad de tales grupos de estudio o investigación debiera igualmente servir para confeccionar propuestas de actuación estratégica en las diferentes áreas de gestión, útiles para los responsables políticos y administrativos de cada una de ellas.

Esta Asociación madurará la posibilidad de sugerir al Instituto Aragonés de Administración Pública comenzar esta labor de estudio e investigación por parte de los propios profesionales de la Administración autonómica mediante el diseño de una estrategia de reforzamiento de la ética profesional de los funcionarios públicos, elaborando las bases teóricas y metodológicas para la confección de un Código de Buena Conducta para el conjunto del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma, dando con ello desarrollo tanto al Estatuto Básico del Empleado Público como a la previsión contenida en el artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

En concreto, la citada Convención contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, señala que “cada Estado Parte procurará aplicar en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas”. Es evidente que, al margen del que quepa promover en el ámbito de la Administración General del Estado, a partir de los principios señalados en el Estatuto Básico del Empleado Público, cada Administración autonómica debiera proceder a la elaboración de un Código de Conducta propio, en cuya elaboración y permanente actualización sea posible el desarrollo de una amplia labor de sensibilización en materia de ética administrativa y de definición de los mecanismos de que debe dotarse la Comunidad Autónoma para garantizar no sólo el comportamiento ético del conjunto del personal de la Administración sino también el de la propia organización, comenzando por los responsables políticos, como son los miembros del Gobierno de Aragón y los restantes altos cargos de la Administración autonómica.

Una iniciativa de este tipo podría permitir que la Administración autonómica aborde, de forma reflexiva y con amplia participación, el necesario giro ético que la sociedad demanda hoy al conjunto de las instituciones públicas.