NECESIDAD DE FORMACIÓN ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Hoy se publican en el Boletín Oficial de Aragón convocatorias de sendos cursos sobre integridad y empleo público (ética administrativa), organizados por el Instituto Aragonés de Administración Pública y cuyo desarrollo tendrá lugar en las localidades de Zaragoza, Huesca y Teruel,  a partir del próximo día 20 de mayo, de forma simultánea, en lo que supone la recuperación de una iniciativa que quedó truncada en el año 2007, cuando la ética parecía un concepto incómodo para los responsables de la función pública.

Dicho curso, en el que intervienen personas pertenecientes o próximas a esta Asociación, pretende destacar el valor y la necesidad de incorporar la reflexión ética al ejercicio profesional de los servidores públicos, pues éste sólo puede mantener o recobrar su legitimidad social si las personas que trabajan en las Administraciones Públicas refuerzan de forma nítida su compromiso con el interés general y la idea de servicio público, de modo que las garantías laborales de que disfrutan, para asegurar su independencia y su imparcialidad, no se tornen privilegios injustificados e inmerecidos.

El vigor ético de los funcionarios públicos es clave para la salud de las instituciones y para la plena vigencia del Estado de Derecho, cuya realización descansa en gran medida en el quehacer diario de todos los servidores públicos. La sensibilización ética ha de permitir una capacidad mayor para actuar correctamente y para detectar y prevenir prácticas indebidas (abusos, corruptelas, fraudes) o para frenar y desincentivar la utilización impropia de las potestades públicas, evitando que se persigan con ellas fines distintos al que señala el interés general.

A nadie se le oculta que en el origen de la crisis económica, política e institucional que padece nuestro país se encuentra una grave quiebra de valores éticos y de principios democráticos. La utilización ilegítima de los recursos públicos y, sobre todo, el abuso de la confianza otorgada por los ciudadanos en que han incurrido un importante número de responsables públicos (buscando el beneficio propio en perjuicio del bienestar colectivo) ha sido un factor determinante en el origen y en la evolución de la crisis que hoy padecemos, y la sociedad parece inerme para hacer frente a las dificultades cuando se quiebra o menoscaba la confianza en las instituciones públicas.

Frente a una realidad tan problemática como la actual, y al margen de las actuaciones legítimas impulsadas por todos los colectivos de personas más directamente castigadas por los efectos de la crisis, una línea de trabajo imprescindible es la reconstrucción de la ética pública, que incumbe a todos los ciudadanos, pero que obliga muy especialmente a quienes ejercen funciones públicas, tanto en el nivel político como en el administrativo.

A dicha reconstrucción contribuyen iniciativas como el curso convocado por el Instituto Aragonés de Administración Pública, pues no es posible, y hoy menos que nunca, dar la espalda al compromiso ético, a la actuación coherente con los valores propios de la función pública, a la reflexión lúcida sobre los peligros de la corrupción –su origen, sus formas, sus consecuencias- y a las estrategias necesarias para prevenirla y combatirla, pues la virtud ciudadana y la ejemplaridad de quienes ejercen funciones públicas son el principal capital del que puede disfrutar una democracia, en cualquier circunstancia imaginable, y el rescate de dichos valores es una tarea indelegable, que nos compete a todos y cada uno de los ciudadanos, a todos y cada uno de los servidores públicos, desde el esfuerzo y el compromiso personal y desde el estímulo y la coherencia institucional.