LA CONFIANZA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Conviven en el ámbito de la función pública dos confianzas muy diferentes, y junto a ellas múltiples desconfianzas, unas justificadas y otras no tanto.

La primera confianza, básica en la definición de la configuración constitucional de la Administración Pública, es la que lleva aparejada un sistema de mérito y capacidad, de modo que la gestión de los asuntos públicos se encomienda a personas que han acreditado una preparación adecuada y, además, aspecto que es preciso remarcar, han llevado a cabo un acatamiento expreso de la Constitución y del ordenamiento jurídico como requisito imprescindible para adquirir la condición de funcionario público. Por lo tanto, los responsables políticos y los ciudadanos en general debieran confiar en el buen desempeño de la labor asignada a los funcionarios públicos, garantes de una Administración imparcial y profesionalizada, plenamente comprometida con el Estado de Derecho y con lealtad al Gobierno al que los ciudadanos encomienden la dirección política, ya sea del Estado o de una Administración territorial, autonómica o local. Se trata de una confianza objetiva, profesional, técnica, sin la cual no sería reconocible nuestra Administración Pública.

La segunda confianza, exclusiva del nivel de dirección política, se refiere al entorno inmediato de los miembros del Gobierno, que cuentan con personal de asesoramiento especial, de carácter político, que nutre los gabinetes u órganos de apoyo directo. Este personal debiera limitar su actuación al apoyo al cargo político y tener claro que carece de toda legitimidad institucional para interferir en el funcionamiento de la Administración, como lamentablemente suele suceder. Son un personal extraño en el ámbito de las Administraciones Públicas, que deben su presencia no a sus méritos profesionales, sino a la libre voluntad del cargo político al que asesoran. Por lo tanto, son unos empleados públicos de carácter excepcional, cuya presencia quiebra el principio general de mérito y capacidad que rige el acceso a la función pública. Se trata de una confianza subjetiva –exclusiva del cargo político- y de carácter político, sin la cual nada obstaría al correcto funcionamiento de la Administración Pública. En este personal de confianza política no se presume la imparcialidad y objetividad propia de la función pública, sino justamente todo lo contrario, al responder su nombramiento y su presencia a estrictos criterios de confianza política y nutrirse, generalmente, con personal propio de los partidos políticos.

Debieran articularse adecuadamente estas dos esferas de confianza para que no interfieran entre sí y para que queden perfectamente delimitadas la confianza profesional que corresponde a los funcionarios públicos y la confianza personal que corresponde a los órganos de apoyo inmediato nutridos por personal eventual de directa elección por parte del cargo político. Estos últimos, además, habrían de ser muy cuidadosos en sus relaciones con los funcionarios, pues nada les faculta para impartir órdenes o instrucciones directas a los mismos, debiendo comunicarse exclusivamente con los altos cargos de su respectivo Departamento.

Nada legitima, además, al personal de confianza política para desacreditar a los funcionarios profesionales por no ser dóciles a ciertos dictados políticos que pugnan con el ordenamiento jurídico. Deberían saber que el ordenamiento jurídico también les vincula en todas sus actuaciones, aunque sean proclives a anteponer al mismo los intereses de partido o la voluntad del cargo político al que deben su nombramiento. Acaso olvidan que los funcionarios no sólo no deben su nombramiento a ningún cargo político, sino que están para cumplir sus directrices con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Si así no lo hiciesen, defraudarían la confianza principal de los ciudadanos y con ello perderían su legitimidad social.