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Sorprenden hoy las declaraciones de los máximos responsables de UGT y CCOO de la Administración autonómica, aparecidas en "Heraldo de Aragón", en las que se afirma que el recorte del gasto público debe recaer sobre asesores y altos cargos y no sobre el personal de la Administración autonómica.
Llamativo resulta el silencio guardado respecto a los liberados sindicales en los diferentes ámbitos de la DGA, que conllevan un importante sobrecoste del funcionamiento de los diferentes servicios públicos. Esa cuestión no sólo no se revisa, sino que ni siquiera se hace público el volumen de gasto que implica la existencia de liberados sindicales, aunque sólo por razones de transparencia y para permitir comparar dicho coste con el que suponen los "asesores fantasma", expresión utilizada por los representantes sindicales para referirse a los asesores adscritos a los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón que cobran su sueldo sin realizar función alguna ni acudir a las oficinas administrativas, personas cuya única vinculación con la Administración es la de figurar en nómina.
Más llamativa todavía es la falta de autocrítica sobre la estrategia seguida por los sindicatos desde 2004 hasta ahora, en la que las exigencias de mejoras retributivas han sido un permanente desafío a la legalidad presupuestaria y de función pública, vulnerando los principios de reserva de ley, de sometiemiento a la legislación básica estatal y de publicidad.
Fruto de una viciada negociación colectiva, la función pública autonómica, en los últimos seis años, no ha dejado de experimentar subidas salariales ilegales: en primer lugar, con el pacto, nunca publicado -por temor a que fuese impugnado por el Estado- sobre cláusula de revisión salarial, lo que en modo alguno autorizaban las leyes anuales de los Presupuestos Generales del Estado, que fijan el límite del incremento retributivo anual en todas las Administraciones (dicho límite fue rebasado en varios ejercicios por la aplicación de una cláusula de revisión manifiestamente ilegal, pactada en la Administración autonómica por Gobierno y Sindicatos); en segundo lugar, el anticipo de carrera profesional, igualmente pactado entre Administración y Sindicatos en el ámbito de la negociación colectiva, que venía a establecer un incremento retributivo, sin soporte legal alguno, "amparado" en una futura e hipotética regulación de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (¿qué necesidad existe, por lo tanto, de que se apruebe una nueva Ley de la Función Pública aragonesa, si sus posibles ventajas salariales ya se perciben por anticipado?); y, en tercer lugar, la Ley de Presupuestos de 2010 incluye una previsión retributiva para los supuestos de "promoción interna temporal" sobre la cual la propia Intervención General del Gobierno de Aragón ha tenido que alertar al conjunto de los Departamentos sobre su carácter irregular, por contravenir la legislación básica estatal.
Llama la atención que la inaplicación parcial de unos acuerdos ilegales, prevista en la Ley de Presupuestos de 2010, se diga que no ha sido negociada sino impuesta unilateralmente por el Gobierno. Se olvida la facultad presupuestaria de las Cortes de Aragón, única competente para determinar el gasto de personal de la Diputación General de Aragón. Y se omite, conscientemente, la imposibilidad de reaccionar frente a la inaplicación de unos acuerdos claramente ilegales, como quedó claramente expresado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló un similiar "anticipo" establecido para el personal del Principado de Asturias.
Urge, a juicio de esta Asociación, que Gobierno y Sindicatos, y muy en especial las Cortes de Aragón, aclaren la situación retributiva existente en la Administración autonómica, con un inequívoco compromiso para asegurar la estricta legalidad de los salarios públicos. Es posible, como señalan los representantes de UGT y CCOO, que quepa ahorrar dinero público en asesores y altos cargos, pero el principal capítulo de ahorro, por razones no sólo económicas sino fundamentalmente éticas, es la supresión de los incrementos retributivos ilegales que se han venido pactando en el marco de la negociación colectiva entre Gobierno y Sindicatos.
¿Cuál es el porcentaje ilegal acumulado en el conjunto de las retribuciones del personal de la Administración autonómica? Muy probablemente, supone más del 4% del coste de personal que el Gobierno de España pide recortar al conjunto de las Administraciones Públicas. Se impone, por lo tanto, anular en primer lugar los costes salariales irregulares y reclamar la responsabilidad en que hayan incurrido los responsables de los Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo por tolerar y posibilitar una política retributiva inaceptable desde todo punto de vista, y que constituye una carga que los ciudadanos no tienen por qué soportar.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
42 comentarios:
Basta de tolerancia con la hipocresía sindical.
Que cada palo aguante su vela.
Los sindicatos niegan haber pactado con la DGA y piden ajustes en los altos cargos.
Afirman que el Ejecutivo ha impuesto la inaplicabilidad de las carreras profesionales. Creen que hay otras opciones para recortar gasto en personal, como reducir asesores o directivos.
HERALDO DE ARAGON.
De pacto, nada de nada. Los sindicatos mayoritarios en la administración autonómica -UGT y CC. OO.- negaron ayer taxativamente que hayan negociado con el Gobierno de Aragón la inaplicabilidad de los acuerdos que habían cerrado en torno a las carreras profesionales. Según los sindicatos, la DGA tuvo la “deferencia” al menos de informarles un poco antes que a la Prensa de que iban a anular los acuerdos sobre progresión laboral en el ámbito sanitario y en la administración autonómica. “No han pactado nada, lo han impuesto”, resumieron.
En este sentido, coincidieron en señalar que puede ser necesario tomar medidas, pero cuestionaron que en lo que afecta a gastos de personal, tengan obligatoriamente que asumirlas sobre todo los funcionarios , en vez por ejemplo de aplicar medidas de ahorro con los altos cargos, las empresas públicas y los asesores.
“No se han sentado a negociar”, lamentó ayer Daniel Alastuey, de UGT, quien explicó además que la DGA_se ha negado a dar la relación de puestos de trabajo de las entidades de derecho público (los institutos y otros entes que ha creado el Ejecutivo aragonés fuera de la administración autonómica). Ante la decisión del consejero de Economía, Alberto Larraz, de no reponer las plazas de funcionarios que se queden vacantes, Alastuey cuestionó este tipo de medidas dirigidas al colectivo de funcionarios. “Igual también sobran asesores, altos directivos, cargos de las empresas públicas”, etc.
Por su parte, Julio Moreno, de Comisiones Obreras, coincidió en señalar que les comunicaron la medida, pero que en absoluto la negociaron con los sindicatos, “que son con quienes habían pactado esos acuerdos”.
Moreno explicó además que “hay asesores que efectivamente no son prescindibles, pero hay otros que podíamos calificarlos de asesores fantasmas”. Moreno hizo esta reflexión en referencia a los diferentes políticos afiliados al PSOE y al PAR que cobran como asesores en la DGA sin prestar realmente ese servicio.
HERALDO DE ARAGÓN.
“Falta de planificación”
Entre los reproches que llegaron por la forma en la que está actuando el Gobierno de Aragón destacó el de “falta de planificación”. Tampoco ha gustado a los representantes sindicales el empecinamiento del Ejecutivo con salvaguardar todos los puestos que ocupan su personal de confianza a costa del funcionario.
En cualquier caso, diferentes fuentes autonómicas cuestionaron la decisión real del Gobierno aragonés de reducir en gastos de personal el 4 %, como ha mandatado la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Y para justificar sus dudas, explican varias situaciones que se están dando en la DGA y su entorno.
Según explicaron, y es solo un ejemplo más, en un centro cultural de la DGA que contaba con dos conserjes (uno por la mañana y otro por la tarde), al irse uno de ellos se optó por no cubrir esa plaza a través del trámite preceptivo. De esta manera, efectivamente se reduce en el capítulo de gastos de personal. Sin embargo, la DGA ha optado por trampear, ya que ha cubierto ese hueco en la plantilla del centro cultural contratando a otra persona a través de una contrata. “Y lo que hasta ahora se pagaba a través del capítulo de gastos de personal, ahora se paga a través de otro concepto presupuestario”, resumen.
Hay que recordar que la DGA se había comprometido a reducir su gasto de personal este 2010 un 0,34% y explicaban que no preveían más recorte. Tras la presión del Gobierno central, la DGA dice ahora que estas medidas permitirán llegar al ahorro del 4 % en 2013.
HERALDO DE ARAGÓN.
Bandrés, Larraz y Velasco deben dar explicaciones sobre todo lo sucedido.
Basta de palabras, y enviemos todo al Tribunal de Cuentas.
Comentario:
Además de que los funcionarios cumplirán con su trabajo la mayoría al 100%, saben donde tienen el puesto de trabajo; sin embargo habrá asesores en todos los niveles que quizá no sepan ni donde tienen su puesto para "ganarse" los garbanzos. Cuando digo los garbanzos me refiero a esos miles de euros que le echa quien le agradece los servicios prestados, la cercanía familiar ó la amistad con los garbanceros.
¿No se depuran responsabilidades?
Satisfacción
La recomendación formulada por el Justicia de Aragón al Ejecutivo autónomo para que se proceda a la derogación del régimen de promoción interna temporal introducido por el Decreto 118/2009, por contravenir lo previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, ha de ser publicada en el Boletín Oficial de Aragón, "por exigencia expresa de la Ley del Justicia de Aragón", indicó la Asociación.
La Asociación acogió con "satisfacción" la recomendación realizada por el Justicia de Aragón, ya que desde el primer momento alertó sobre el carácter "ilegal" de la fórmula aprobada por el Gobierno de Aragón y procedió a su impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Igualmente, la Asociación criticó ante el Tribunal de Cuentas y otras instituciones del Estado la "inconstitucional" previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, dirigida a reconocer a los funcionarios "promovidos" el derecho a percibir unas retribuciones básicas superiores a las que les corresponde por aplicación de la legislación básica estatal.
La decisión del Justicia, como el anterior pronunciamiento de la Intervención General del Gobierno de Aragón, pone de manifiesto, a juicio de la Asociación, "la nefasta e irregular política de personal impulsada por el Departamento de Presidencia, incapaz de respetar reglas tan básicas del Estado de Derecho como los principios de legalidad y jerarquía normativa".
"También los sindicatos de la función pública aragonesa debieran reflexionar sobre su equivocada estrategia, al impulsar constantemente medidas contrarias al ordenamiento jurídico, lo cual contraviene la esencia misma de la función pública", concluyeron.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha formulado una recomendación al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón para que proceda a suprimir el mecanismo de promoción interna temporal que fue introducido en el régimen de provisión de puestos de trabajo de la Administración autonómica a través del Decreto 118/2009, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón.
Según informó la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en un comunicado, este Decreto vino a regular una fórmula de provisión nueva, denominada "comisión de servicios en distinta escala o clase de especialidad", mediante la cual se quería posibilitar la "promoción interna temporal" pactada con las organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva.
Dicha fórmula posibilita que los puestos de cada cuerpo o escala puedan ser desempeñados por funcionarios del cuerpo o escala inferior, de forma temporal, mediante comisión de servicios, sin necesidad de respetar las condiciones de desempeño de los puestos. Un auxiliar administrativo puede desempeñar funciones propias de administrativo, un administrativo las de un técnico de gestión, y éste las de un funcionario superior.
Tal diseño ha sido analizado por el Justicia de Aragón, al considerar que tal regulación suponía "una vulneración" de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya estructura de cuerpos y escalas y régimen de clasificación de puestos, con intervalos de niveles asignados a los diferentes grupos de titulación, hace "antijurídica e inviable" la fórmula pactada.
Así, García Vicente considera que "equiparar un mecanismo de provisión de plazas, como es la comisión de servicios, a la promoción interna, supone una adulteración de la naturaleza jurídica de ambas figuras, en tanto la comisión de servicios no puede considerarse propiamente un derecho de los empleados públicos".
La resolución del Justicia también tilda de "antijurídico" el régimen retributivo previsto para dicha fórmula de provisión, por entenderlo contrario a la legislación básica estatal, como ya se señaló en un informe elaborado por la propia Intervención General del Gobierno de Aragón.
Comentario:
Esto es un paripe. Los sindicatos no haran nada de nada, no lo han hecho antes y no van a empezar ahora, un ejemplo claro es la negociación del convenio colectivo de los laborales de la DGA estuvo sin negociar durante diez años y, cuando finalmente se firma el último convenio, casi un calco del anterior que no justificaba la demora de diez años excepto por pequeñas modificaciones que perjudican a los trabajadores, se paraliza cualquier nueva negociación. Ya llevamos varios años con este convenio y vamos camino de batir el record anterior. Para esto no son necesarios sindicatos, sindicalistas y liberados. Para acatar lo que mande el amo y lamer sus pies sobra con mantener a un lacayo perruno no a miles.
Comentario:
No solamente son del partido los amiguetes colocados para asesorar o para puestos de libre designación, que usurpan (sin saber) las tareas que deberían hacer los funcionarios, todos conocemos a sindicalistas (UGT) que están en estas tareas señaladas (de lo del PAR hoy no hablo). Luego algún sindicato debería replantearse lo que dice y pedir a sus afiliados que dimitan antes de hacer declaraciones. PREBENDAS PARA AMIGUETES. NO GRACIAS
Comentario:
Pero es que los sindicatos debería ser consecuentes si de verdad quieren resolver los problemas. En primer lugar hay que plantear que los funcionarios, por el hecho de serlo, lo son de la administración y no de los gobiernos de turno. En segundo lugar cuando un político, que no debe saber de todo, necesita asesoramiento, para eso están los funcionarios, para que lealmente, le asesoren, pues los funcionarios han demostrado su saber en una oposición. En tercer lugar, para suntos EXTRAORDINARIOS se puede acudir a asesores externos a la administración, pero eso sí, personas con un merecido y reconocido prestigio en su área de competencia. Esto es lo que deberían reivindicar los sindicatos y es lo que deberían exigir los funcionarios, por dignidad personal y profesional, y así dejarían de tener tan mala imagen entre la población. Y de paso nos ahorraríamos muchas cosas. Dinero, inequidades, nepotismos, etc. Ah! y por cierto, no soy funcionario ni experto en nada. Ni puedo ya serlo. Simple sentido común.
Comentario:
Ya era hora de que algún sindicalista hablase de los asesores fantasma y altos directivos nombrados a dedo por sus amiguetes políticos. A ver si también se preocupan de que los recortes no solo afecten a los funcionarios de sueldos inferiores ( como ya está ocurriendo ) y les recuerden a nuestros políticos que recortando en éstos altos cargos, es mucho más facil ahorrar.-
Comentario:
La DGA sigue haciendo chanchullos a costa de los trabajadores. Los funcionarios deben y son elegidos por su merito y capacidad mientras que los asesores por su amistad y carnet del partido. Hay que parar esto.
Comentario:
CCOO y UGT dormidos durante tanto tiempo, bienvenidos a la pura realidad, no se os pide nada, creó que todo lo contrario no hagaís nada, por que el resultado es siempre el mismo, más y más dinerito para vuestros bolsillos, con cientos de cursos dudosos para que los gestioneís, por favor seguir sin hacer nada, los trabajadores os lo agradecemos, gracias de verdad (un afiliado).
Este es un tema tabú, que nadie quiere abordar.
Ya veréis como no sale nada en prensa.
La estabilidad en el empleo público ha convertido a los funcionarios, en un momento de crisis y pérdida de puestos de trabajo como el actual, en uno de los principales colectivos de trabajadores a los que se le exige un "esfuerzo de solidaridad", ya sea con recortes de sueldos o con una reducción de la plantilla. El tópico fácil dice que en España sobran funcionarios, sin especificar a qué se dedica la mayor parte: trabajos vinculados al mantenimiento del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación, la seguridad, la justicia y los servicios sociales. Pero la imagen del burócrata persiste sobre las demás y sitúa a la función pública española en el disparadero, cuando no es una de las más numerosas de Europa.
Uno de los objetivos del pacto económico para superar la recesión que se ha fijado el Gobierno es la reducción de los costes de personal de la función pública en un 4% hasta el 2013. Aunque la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya subrayó en el Congreso el martes que esa rebaja no se haría tocando los sueldos de los funcionarios ni restando servicios públicos, sino mediante una labor de racionalización pactada con los sindicatos. En todo caso, dejó muy claro que, con los datos en la mano, la función pública en España "no está sobredimensionada", sino al contrario, todavía faltan empleados públicos aunque redistribuidos de forma diferente a la actual.
EL PERIODICO DE ARAGÓN.
COMPARACIÓN CON EUROPA Otro tópico que cae ante las cifras es el de que España es un país de funcionarios. Solo hay que hacer una comparación con otros estados europeos para comprobar que no es así. En Finlandia, ejemplar por sus servicios públicos, hay un empleado público por cada 4,5 personas en activo. En el Reino Unido, por cada funcionario hay 5,26 personas en activo. Cifras para reflexionar frente a los ocho trabajadores del sector privado que tiene España por cada uno del público.
Pero una cosa es que no sobren funcionarios y otra que los que hay estén trabajando en lo que más conviene o necesiten adaptarse a un tipo de Administración más moderna y eficaz. Y en esa labor está puesto el Gobierno: planes de racionalización y de optimización de plantillas.
En ningún caso se contemplan reducciones de personal, aunque sí fórmulas para evitar que crezca la plantilla. La medida más concreta en este sentido es la reducción de la tasa de reposición, el porcentaje de plazas a cubrir cuando vayan quedando vacías por jubilaciones o similares. Según De la Vega, aplicando esta medida con rigor reduciría el coste de personal un 5% hasta el 2013, aunque por razones obvias de funcionamiento de la Administración no sería aplicable al 100%, ya que algunos de los servicios básicos podrían quedar desatendidos.
En los tres últimos años de gobierno del PP, los conservadores aplicaron unas tasas de reposición bajísimas, del 25%. Con la llegada de los socialistas, la reposición fue del 100% entre el 2003 y el 2008. Pero la recesión hizo mella en la Administración y en el 2009 se limitó esa tasa de reposición al 30%, y para este año se ha dejado en el 15%. Eso sí, con las exclusiones de justicia, educación, sanidad, políticas de ocupación y prisiones. La aplicación de esta medida es el mejor ejemplo de políticas muy diferenciadas al promover los servicios públicos: los ejecutivos de izquierdas limitan el crecimiento de la función pública en épocas de crisis, mientras que los más liberales intentan reducir el peso del Estado en cualquier circunstancia.
EL PERIODICO DE ARAGON.
TÓPICO FALSO Si bien es cierto que la plaza de funcionario es para toda la vida, no es sinónimo de estabilidad. Por ejemplo, según un estudio realizado por el sindicato CCOO en Cataluña, la tasa de temporalidad en el sector público supera a la del sector privado.
Así, en el primer semestre del año 2009, mientras que entre los trabajadores del sector privado el 16,6% eran temporales, en el público eran el 24,8%. La media española era del 24,9%. En el pacto entre Gobierno y sindicatos del pasado mes de septiembre se acordó bajarla al 8%.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
Incontestable. No hay nada como los datos objetivos para dar y quitar razones, en esta y en cualquier materia. Basta ya de cargar contra el funcionario profesional, sí y porque sí. Al vago caña, como en cualquier sitio. Y si hay que meter mano, a los asesores de los cargos públicos, cuyo trabajo, las más de las veces, es de funcionarios de carrera provocando duplicidad y un daño enorme a la estructura.
Insisto, el que quiera sangre que mire a los políticos no a los profesionales que bastante tienen con soportarlos, a ellos y a cuadrilla de palmeros impresentables
Comentario:
Que cierren de una vez la puerta de atrás para entrar en la Administración. De lo contrario nunca saldremos de lo parecemos ser "Una República Bananera", donde la igualdad de mérito y capacidad se la pasan por el arco del triunfo,solo para ponerlo en el BOA y luego mearse encima.
Comentario:
Pues la verdad no sé yo si esas cifras son muy reales o no, porque hablan de funcionarios y se olvidan los servicios públicos que en España se prestan por empresas públicas o privadas y en otros paises lo hacen funcionarios. De todas formas no podemos pretender compararnos en "Estado del bienestar" con Europa del Norte, porque nuestra Renta se aproxima ni de lejos a la de esos paises. Ese fue el error de Zapatero, hacernos creer que eramos mas ricos que italianos y franceses.
Comentario:
La gente de la calle, si se explica bien, debe empezar a entender que en el mismo saco no se pueden meter a los funcionarios,en algunos casos o administraciones, con sueldos mas bien bajos,y a los otros(lease asesores y demas cepciones)que aún cobrando dinero publico son personajes puestos a dedo por el politico de turno que o bien se ha caido de las listas electorales o no tenia la mas minima posibilidad de entrar en ellas y si no fuera por ser del partido no tendria donde caerse muerto.
Los funcionarios,a los que les toca lidiar, tambien, con estos personajillos,prefieren que se dediquen a "sus asuntos" y les dejen trabajar y hacer su labor,que por cierto es lo que hacen a lo largo de su carrera viendo como aquellos entrar y salen a go-go con cada cambio de legislatura.
Comentario:
No sobran funcionarios, yo estoy de acuerdo con el autor del artículo. El problema es que están mal distribuidos.
Por otro lado, la estrategia seguida por el Gobierno de Aragón, y también por el Ayuntamiento de Zaragoza, de montar empresas para gestionar asuntos públicos tiene varios objetivos y el principal no es la racionalización ni supuesto menor coste, eso es mentira, el coste económico es incluso mayor.
Su auténtico interés proviene de poder colocar a personas afines sin que éstos deban pasar oposiciones; poder gobernarlas, a través de esas personas, sin restricciones técnicas exigentes como las normas de fiscalización económica que deben aplicarse a cualquier fondo gestionado desde la Administración. Y, además, son casi opacas para los partidos en la oposición y la ciudadanía, en general, que normalmente se enteran de las cosas a toro pasado.
Por eso interesa vaciar la administración y desprestigiar a los funcionarios.
Comentario:
Cada familia española paga 6000 € al año para atender el coste de los funcionarios (http://www.expansion.com/2010/01/14/funcion-publica/1263505904.html).
En una país con más de cinco millones de personas que buscan empleo, donde de los 18 millones que trabajan, un tercio están con contrato temporal, y otro diez por ciento con jornada reducida, sacar pecho por los funcionarios parece excesivo. Debieran trabajar su jornada completa, atender mejor al ciudadano y olvidarse de ejercer actividades privadas en despachos y consultas.
Comentario:
Bueno, no creo que este artículo sea muy riguroso.
En España, hay más de tres millones de funcionarios. A eso hay que sumar empleados de empresas públicas, asesores, empleados de cajas de ahorros etc. El resultado es que una Administración absolutamente esclerotizada. Hace 10 años había 1 millón de funcionarios menos, y los servicios "sociales" funcionaban igual. EL caso es que sobre una población activa de 22 millones de personas, tenemos que hay 3 millones de funcionarios y 4,5 millones de parados. Es decir, hay 7,5 millones de personas activas viviendo de los impuestos de todos. Es el 40% de la gente trabajando. Eso, progres, es insostenible.
Comentario:
Nunca ha sido el espíritu empresarial característica dominante en el carácter de los españoles. Los negocios no son actividad de hidalgos; y, mientras la pobreza honorable se ha visto casi siempre con respeto, se ha desconfiado por lo general del comportamiento de aquellos que intentan obtener beneficios en una actividad comercial o industrial. La mezcla de este espíritu con la tradición católica hacen muy difícil que la sociedad vea con respeto a quienes ganan dinero creando su propia empresa; a diferencia, por cierto, de lo que ocurre a quienes han obtenido su riqueza por nacimiento o por métodos que a menudo ni siquiera se puede mencionar sin sonrojarse. No cabe duda, quien gana dinero trabajando en este país no es objeto de gran aprecio. Pocas frases definen mejor esta curiosa actitud que aquel texto de Quevedo en el que afirma que "conciencia en mercader es como virgo en cotorrera, que se vende no habiéndolo".
Comentario:
Esta actitud, inicialmente limitada a determinadas clases o estamentos, se extendió hace ya siglos a toda la sociedad, y sigue muy presente en la España actual. Las críticas a los empresarios y a los "especuladores", a los que se les acusa de todos los males del país, constituyen una clara muestra de esta forma de entender la economía. En la misma línea está, desde luego, el rechazo a casi cualquier medida que tenga como objetivo aumentar la competencia mediante la liberalización de un sector regulado. Así, que las tiendas puedan abrir el día que quieran sus propietarios es algo que despierta auténtica animadversión en mucha gente, aunque el hecho a ellos en nada les perjudique y la gran mayoría de las personas resulte beneficiada. Tenga cuidado si se le ocurre, por ejemplo, sugerir que se deberían permitir que funcione la competencia en la sanidad, en la educación o en las pensiones. Su integridad física podría correr peligro. "La competencia nos envilece", afirmaban los farmacéuticos hace algo más de cien años; y muchos españoles piensan, en el fondo, lo mismo.
Comentario:
Consecuencia lógica de esta actitud es la obsesión nacional por trabajar para el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento del pueblo. Todos queremos ser funcionarios y asumir los valores del conformismo y el rechazo a asumir riesgos. El aumento del nivel de renta y la descentralización administrativa permitieron, a lo largo de bastantes años, un crecimiento absurdo del número de personas que trabajan en el sector público, que ya supera los tres millones. Hay comunidades autónomas, como Extremadura o Andalucía, en las que pocas cosas se pueden hacer al margen de la administración autonómica y local, que han creado un sistema caciquil de nuevo cuño que hace muy difícil que estas zonas puedan experimentar un auténtico progreso económico, al margen de la subvención y las transferencias. Pero incluso regiones que durante mucho tiempo creyeron más en el sector privado que en la Administración se están convirtiendo también en sociedades de funcionarios. Cataluña es un buen ejemplo, aunque no el único, desde luego, de esta renuncia a la iniciativa individual y a la asunción de riesgos.
Una de las vicepresidentas del Gobierno dijo hace sólo unos días, que, en la actual situación de crisis, el sector público es nuestra "tabla de salvación"; y añadió a continuación, sin inmutarse, que "lo público" constituye un "pilar dinamizador". Al margen de lo absurdo de la expresión, la frase refleja lo viva que la actitud contraria a las soluciones de mercado sigue en nuestro país. Pues nada, creemos más funcionarios, hagamos la vida imposible a los empresarios innovadores... y sentémonos a esperar la recuperación de la economía española
Comentario:
Volvemos en épocas de crisis al temible mal de este país: la envidia. Todos criticamos al empresario, pero deseamos sus rentas y no nos interesa saber del esfuerzo que le cuesta. También criticamos la economía sumergida y pedimos las obras de nuestra casa sin factura. Decimos que despidan a los funcionarios como pasa con el resto de los trabajadores y detrás de eso lo único que siente el español es la envidia de que él no es funcionario, eso sí, tampoco nos interesa saber el esfuerzo académico y personal que le ha costado a esa persona aprobar las oposiciones. También queremos despedir empleados públicos y queremos que nuestros hijos tengan un buen colegio y nos atiendan en el Hospital Miguel Servet como si de la Clínica Univ. de Pamplona fuese. Sí que es cierto que debemos exigir modernización y flexibilidad en el sector público pero, además, debemos ser muy estrictos en exigirnos todos, Gobiernos, empresarios, trabajadores y demás sector público, una mejor manera de crecer como país. TODOS JUNTOS SOMOS RESPONSABLES DE LA CRISIS
Comentario:
He trabajado en la DGA en varios departamentos como interino y allí he visto de todo: largas conversaciones dentro de la jornada de trabajo comentando las incidencias de Gran Hermano, largas ausencias en el descanso de media mañana, funcionarios fichando por otros, creación de bolsas de trabajo para enchufar a gente, etc. Todos los que trabajan allí saben que así. No puedo decir que sea algo generalizado, pero tampoco excepcional.
En mi modesta opinión si en la Administración Pública se trabajara con el mismo nivel rigor y exigencia que se aplica en la empresa privada sobrarían la mitad de los funcionarios.
TODO MOLESTA.
Con sus luces y sus sombras, es evidente que los once años de coalición PSOE-PAR han dado una estabilidad política desconocida en Aragón. Pero el gobierno se ha pasado de vueltas y ha entrado en una fase de autoafirmación, mirando constantemente hacia atrás y celebrando de forma exagerada -y hasta teatral-- los éxitos conseguidos. Estos son tiempos de arremangarse y de abandonar una sensación de punto muerto que no se puede permitir y que no se merece la gente que lo está pasando mal. Además, se percibe otra consecuencia de llevar más de una década en el poder. Que todo molesta. Y no gusta que se pregunte por el equipo USA de Fórmula 1, del que nada se sabe y cuya instalación en Motorland --así se dijo-- era vital. O que se pida información de las empresas públicas en las que participa la DGA. Y que se quiera saber cuándo y por dónde van a recortar gastos en el Pignatelli. Y cabrea que se siga informando de la trama de La Muela, con casi cuarenta imputados. No creo que el trabajo de los gobernantes sea el de parapetarse en los despachos, pero el de los periodistas sí seguirá siendo el de preguntar por todo esto. Aunque moleste.
PEPE LASMARIAS.
Comentario:
La estabilidad política no es méritode nadie sino de las circunstancias.
Y esa molestia generalizada por la simple formulación de preguntas es la consecuencia de esa sensación de impunidad en que parecen haberse instalado. Comosi estuvieran por encima del bien y del mal. Como si gobernar diera derecho a todo. Llevan mucho tiempo sin control y sin una oposición eficaz.
Comentario:
No es más que una falsa estabilidad política, ya que no hay nada mejor alrededor, lo peor es esto y todo lo demás es igual de malo. No hay nada a lo que llevar nuestra mirada para una mejor referencia posible. Eso es la falsa estabilidad, que da como consecuencia la parálisis de acción de los gobernados que nos sentimos impotentes y apáticos, eso es lo que les hace crecerse y sentirse los amos del mundo. Y en cuanto a los periodistas, de momento poca, muy poca caña. De pena¡. Todos hemos contribuído a esto, pero vosotros que tenéis más medios, bastante más.
Mirad qué enlace:
http://www.aptcpublicas.org/
¿Y si os ponéis en contacto con ellos?
He leído el artículo de Mikel Iturbe en el Heraldo de Aragón y me da la impresión de que no acaba de entender la naturaleza de los acuerdos suscritos entre el Gob. de Aragón y sindicatos. Quizás debiéris aclararle las muchas vulneraciones de la ley que han pactado.
¿Habéis leído la entrevista de Jesús Sola, ex-presidente de ASAEL, en el Periódico de Aragón?
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=564836
Ufff... Cómo huele eso.
Hola mirad esta página http://www.iniciativapopular.eu/ a favor de la transparencia de las cuentas publicas.
La verdad que de estas cosas de poca transparencia van a existir siempre en los paises donde todavía no se elimino por lo menos significativamente la corrupción. Ni hablar que puede ser falto de gestión y hasta acuerdos internos poco justos.
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