ENCARECIMIENTO ILEGAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA: RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y SINDICAL

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Sorprenden hoy las declaraciones de los máximos responsables de UGT y CCOO de la Administración autonómica, aparecidas en "Heraldo de Aragón", en las que se afirma que el recorte del gasto público debe recaer sobre asesores y altos cargos y no sobre el personal de la Administración autonómica.

Llamativo resulta el silencio guardado respecto a los liberados sindicales en los diferentes ámbitos de la DGA, que conllevan un importante sobrecoste del funcionamiento de los diferentes servicios públicos. Esa cuestión no sólo no se revisa, sino que ni siquiera se hace público el volumen de gasto que implica la existencia de liberados sindicales, aunque sólo por razones de transparencia y para permitir comparar dicho coste con el que suponen los "asesores fantasma", expresión utilizada por los representantes sindicales para referirse a los asesores adscritos a los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón que cobran su sueldo sin realizar función alguna ni acudir a las oficinas administrativas, personas cuya única vinculación con la Administración es la de figurar en nómina.

Más llamativa todavía es la falta de autocrítica sobre la estrategia seguida por los sindicatos desde 2004 hasta ahora, en la que las exigencias de mejoras retributivas han sido un permanente desafío a la legalidad presupuestaria y de función pública, vulnerando los principios de reserva de ley, de sometiemiento a la legislación básica estatal y de publicidad.

Fruto de una viciada negociación colectiva, la función pública autonómica, en los últimos seis años, no ha dejado de experimentar subidas salariales ilegales: en primer lugar, con el pacto, nunca publicado -por temor a que fuese impugnado por el Estado- sobre cláusula de revisión salarial, lo que en modo alguno autorizaban las leyes anuales de los Presupuestos Generales del Estado, que fijan el límite del incremento retributivo anual en todas las Administraciones (dicho límite fue rebasado en varios ejercicios por la aplicación de una cláusula de revisión manifiestamente ilegal, pactada en la Administración autonómica por Gobierno y Sindicatos); en segundo lugar, el anticipo de carrera profesional, igualmente pactado entre Administración y Sindicatos en el ámbito de la negociación colectiva, que venía a establecer un incremento retributivo, sin soporte legal alguno, "amparado" en una futura e hipotética regulación de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (¿qué necesidad existe, por lo tanto, de que se apruebe una nueva Ley de la Función Pública aragonesa, si sus posibles ventajas salariales ya se perciben por anticipado?); y, en tercer lugar, la Ley de Presupuestos de 2010 incluye una previsión retributiva para los supuestos de "promoción interna temporal" sobre la cual la propia Intervención General del Gobierno de Aragón ha tenido que alertar al conjunto de los Departamentos sobre su carácter irregular, por contravenir la legislación básica estatal.

Llama la atención que la inaplicación parcial de unos acuerdos ilegales, prevista en la Ley de Presupuestos de 2010, se diga que no ha sido negociada sino impuesta unilateralmente por el Gobierno. Se olvida la facultad presupuestaria de las Cortes de Aragón, única competente para determinar el gasto de personal de la Diputación General de Aragón. Y se omite, conscientemente, la imposibilidad de reaccionar frente a la inaplicación de unos acuerdos claramente ilegales, como quedó claramente expresado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló un similiar "anticipo" establecido para el personal del Principado de Asturias.

Urge, a juicio de esta Asociación, que Gobierno y Sindicatos, y muy en especial las Cortes de Aragón, aclaren la situación retributiva existente en la Administración autonómica, con un inequívoco compromiso para asegurar la estricta legalidad de los salarios públicos. Es posible, como señalan los representantes de UGT y CCOO, que quepa ahorrar dinero público en asesores y altos cargos, pero el principal capítulo de ahorro, por razones no sólo económicas sino fundamentalmente éticas, es la supresión de los incrementos retributivos ilegales que se han venido pactando en el marco de la negociación colectiva entre Gobierno y Sindicatos.

¿Cuál es el porcentaje ilegal acumulado en el conjunto de las retribuciones del personal de la Administración autonómica? Muy probablemente, supone más del 4% del coste de personal que el Gobierno de España pide recortar al conjunto de las Administraciones Públicas. Se impone, por lo tanto, anular en primer lugar los costes salariales irregulares y reclamar la responsabilidad en que hayan incurrido los responsables de los Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo por tolerar y posibilitar una política retributiva inaceptable desde todo punto de vista, y que constituye una carga que los ciudadanos no tienen por qué soportar.