En los primeros días de la semana próxima, esta Asociación formulará ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, escrito de conclusiones en el procedimiento seguido contra el Decreto 118/2009, del Gobierno de Aragón, por el que se introdujo, en el régimen de provisión de puestos de trabajo de la Administración autonómica, la atípica e irregular figura de la "comisión de servicios en diferente escala o clase de especialidad", establecida para dar cauce a la llamada "promoción interna temporal" pactada entre Administración y Sindicatos en el marco de la negociación colectiva.
El escrito de conclusiones elaborado, al tratarse de un mero debate jurídico -en el que no existen hechos a probar, sino simples argumentos jurídicos a contraponer-, viene a reformular las tesis fundamentales del escrito de demanda formulado en su momento, al tiempo que trata de rebatir los argumentos esgrimidos por la Letrada de la Administración en su escrito de contestación a la demanda.
Se trata, en primer lugar, de rechazar la causa de inadmisión planteada por la Letrada de la Administración, invocando la falta de legitimación de la Asociación, por carecer de interés legítimo para la impugnación realizada. Una vez más, como ya se nos tiene acostumbrados, la Administración trata de evitar que los Tribunales entren a juzgar sobre la cuestión de fondo, poniendo trabas e impedimentos al control jurisdiccional de la actividad administrativa -en este caso, de naturaleza normativa- y negando, de forma contumaz, el interés que corresponde a esta Asociación -pese a ser su estricta razón de ser- en combatir la regulación de la función pública que contravenga los principios ordenadores a que ha de ajustar necesariamente su contenido, como es, en el presente caso, la sujeción a la legislación básica estatal y al principio de jerarquía normativa.
La estrategia de la Administración, con su constante apelación a la falta de legitimación de esta Asociación, sólo ha prosperado en supuestos referentes a actos administrativos concretos, y nunca en lo referente a disposiciones generales -como fue el caso de la Oferta de Empleo Público de 2007 y es el presente caso-, por lo que confiamos en que dicha estrategia procesal fracase de nuevo. Además, el escrito de conclusiones se refuerza con el escrito de alegaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, correspondiente al recurso de casación planteado en relación con la Oferta de 2007, en el que se defiende la legitimación de la Asociación. El criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo nos parece una opinión particularmente autorizada.
En cuanto a los argumentos de fondo aportadas por la Letrada en su oposición al escrito de demanda, todos ellos extraordinariamente endebles, basta con contrastarlos con el contenido de la normativa vigente para que queden desvirtuados: no cabe decir que los requisitos de las relaciones de puestos de trabajo no son de aplicación a las fórmulas de provisión temporal, como las comisiones de servicio, pues tal exigencia de respeto la establecen expresamente el reglamento de provisión de puestos y la norma reguladora de las relaciones de puestos de trabajo. Tampoco resulta mínimamente sostenible invocar la titulación académica ostentada por el funcionario para habilitarle a acceder a puestos de grupo de titulación superior, pues la titulación relevante a tales efectos no es la que se posea sino la exigida en las pruebas de acceso en que se haya adquirido la condición de funcionario de carrera. Y, por último, obviar la diferenciación entre retribuciones básicas y complementarias, para afirmar la lógica de cobrar las retribuciones básicas del puesto desempeñado, si éste corresponde a grupo de titulación superior, constituye simplemente el inevitable e ilógico colofón a una serie de sofismas jurídicos con los cuales parece querer subordinarse la legalidad a los acuerdos arbitrarios de la negociación colectiva.
Además del señalado escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en que se sostiene la legitimación de esta Asociación para impugnar normas de función pública dictadas por el Gobierno de Aragón, el escrito de conclusiones formulado se refuerza con la recomendación formulada por el Justicia de Aragón para que se derogue el régimen de "promoción interna temporal" establecido, por ser contrario a la Ley de Ordenación de la Función Pública, y el escrito de la Intervención General del Gobierno de Aragón en el que se advierte que el régimen retributivo previsto en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, aplicable a la promoción interna temporal, es contrario a la legislación básica estatal.
Quedamos, por lo tanto, a la espera del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, salvo que el Gobierno de Aragón acepte la recomendación efectuada por el Justicia de Aragón y elimine, de oficio, la regulación aprobada, lo cual nos parece altamente improbable.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
12 comentarios:
¿Y el Estado va a consentir la vulneración en materia retributiva?
¿Qué ocurriría si se inadmitiese por falta de legitimación? ¿Tampoco se admitiría la recomendación del Justicia?
¿Cuándo puede tardarse en dictar sentencia?
¿Y no recurrirá la DGA al Tribunal Supremo sólo para demorar el fallo y consumar la aplicación de la norma?
¿Qué sentido tiene luchar por el derecho en estas condiciones?
Y pese a todo ello, hay que seguir.
No hay que desistir.
A pesar de las tentaciones que asaltan todos los días.
SEBASTIÁ VERD La retirada del pasaporte al ex president Matas y la millonaria fianza que han pedido los fiscales para que –a la espera de ser juzgado– eluda la cárcel, se corresponden, sin duda, a la gravedad de los delitos que se le imputan. Nada más y nada menos que tres millones de euros, toda una marca en los anales de la fiscalía anticorrupción de Balears, superando con creces la que fue impuesta a su antigua socia, Maria Antònia Munar, y a todos los políticos que han sido investigados hasta el momento. Pero, sobre todo, estamos ante una fianza ejemplar, millonaria, para quién presidió Illes Balears de manera nada ejemplar. Los ciudadanos en general, los medios de comunicación, los partidos que forman el gobierno y hasta algunos dirigentes del PP, con la boca pequeña –eso sí – hace tiempo que pedían al ex president que despejara todas las dudas sobre el origen de su incremento patrimonial y del alto nivel de vida que llevaba, pero ante el juez el imputado quiso escurrir el bulto, responsabilizando de las irregularidades a sus subordinados y justificando su riqueza en herencias familiares y cobro de alquileres en negro.
En definitiva, que Matas ha preferido pasar como defraudador de Hacienda, buscando la complicidad del lado más oscuro de la sociedad mallorquina, antes que reconocer su participación o siquiera responsabilidad en el descontrol del Palma Arena, el mayor despilfarro de dinero público de nuestra historia autonómica. Jaume Matas ha confesado ser un defraudador de Hacienda y, paralelamente, un pésimo gestor de los dineros públicos. ¿En qué queda ahora su pretendido prestigio de buen administrador, como político que, se dijo, fue capaz de poner al día las infraestructuras de Balears? Es evidente que si su comportamiento como ciudadano, que debe pagar religiosamente sus impuestos, dejó mucho que desear, no muy diferente debió ser como presidente. Como mínimo, no es de recibo que sea incapaz de explicar cómo se duplicó el presupuesto del velódromo, del mismo modo que es inaceptable que responsabilice de todo a quién fue su hombre de confianza, el ex director de deportes, Pepote Ballester.
DIARIO DE MALLORCA.
es un riesgo que hay que correr,ya que tarde o temprano las asociación será reconocida tanto en los tribunales como socialmente por su trabajo y la orientacion ética de sus planteamientos.Asi que a seguir trabajando y razonando libremente ...
Claro, esos es impensable.
¿Cómo se va a aceptar la recomendación del Justicia de Aragón? ¿Sería reconocer estar al margen de la ley?
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