MOCIÓN PARLAMENTARIA RELATIVA A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, según publica el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del pasado 10 de marzo, ha presentado para su debate y votación en el Pleno del Parlamento autonómico una moción relativa a la Oferta de Empleo Público, en la que se insta al Gobierno la aprobación de dicha Oferta, en la que se incluyan los puestos correspondientes a Grupos, Cuerpos y Escalas de la Administración General, del personal docente no universitario y del personal del Servicio Aragonés de Salud, incluyendo igualmente los puestos de trabajo correspondientes a las Entidades de Derecho Público dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con independencia del signo político del Grupo que promueve tal iniciativa, esta Asociación no puede dejar de destacar y celebrar que, al fin, la actividad parlamentaria preste atención a la realidad de la Administración Pública y vele por el respeto de la normativa de función pública por parte del Gobierno de Aragón, que, en este caso, afecta al ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas.

En los últimos cinco años (2005-2009), el Gobierno de Aragón ha incumplido la obligación de aprobar la Oferta de Empleo Público en tres ocasiones (2005, 2006 y 2008) y las Ofertas aprobadas en los años 2007 y 2009 resultaban manifiestamente insuficientes para atender las necesidades de personal de la Administración autonómica. Resultado de ello es la existencia de unas tasas de temporalidad en el conjunto de los servicios públicos que se sitúan cerca del 30% del total de la plantilla. Tal situación resulta sencillamente inaceptable, dado el régimen de inamovilidad que la normativa de función pública asegura a los funcionarios públicos para garantizar la imparcialidad que se les exige en el ejercicio de sus funciones.

El Gobierno de Aragón, a lo largo de las diferentes legislaturas de la coalición PSOE-PAR, ha desarrollado una deliberada política de debilitamiento de la profesionalidad de la función pública aragonesa, inaplicando de forma reiterada el régimen legal de acceso a la función pública. O no se han aprobado ofertas de empleo público o se han aprobado de forma insuficiente, ejecutándose sin respeto a los plazos legales y sin garantías de objetividad en la composición de los órganos de selección. Tal actuación ha coincidido en el tiempo con la creación de numerosas entidades y empresas públicas, sujetas al derecho privado, cuya selección de personal se ha llevado a cabo al margen de los principios y procedimientos que marcan la Constitución y la normativa de acceso al empleo público.

Durante todos esos años, la inactividad del Parlamento en todo lo relativo a la función pública ha sido clamorosa, como si la calidad de la función pública fuese irrelevante para asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma y su situación no afectase en nada a los derechos de los ciudadanos. Frente a esa inhibición injustificada del control parlamentario en los temas de función pública, ha tratado de reaccionar desde su creación esta Asociación, trasladando a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, de forma constante, propuestas y denuncias referidas a la realidad de la función pública.

Contemplamos con satisfacción que todo el esfuerzo realizado durante los tres últimos años no ha sido inútil y que, al fin, la problemática de la función pública ha pasado a ser un ámbito más de preocupación parlamentaria y de control al Gobierno de Aragón. La Administración Pública es –o ha de ser- de los ciudadanos –no de los funcionarios públicos- y, por ello, los representantes de los ciudadanos en las Cortes de Aragón han de velar por su buen funcionamiento, en el cual incide de forma decisiva la gestión de la función pública que lleve a cabo el Gobierno de Aragón.