NECESIDAD DE INICIATIVA POLÍTICA EN MATERIA DE CALIDAD.

La concepción burocrática de la Administración Pública, presidida por los principios de legalidad y objetividad, debe entenderse hoy totalmente insuficiente a la vista de las exigencias normativas y de las expectativas sociales a que han de responder las diferentes Administraciones Públicas en el contexto propio de unas sociedades desarrolladas. Una Administración que no asuma la exigencia ineludible de la eficacia y de la calidad en toda su actuación constituye una traba burocrática para la sociedad, cuya intervención se verá sometida a una inevitable deslegitimación social.

Dicho marco de referencia para la acción pública resulta perfectamente identificable con una mera lectura del artículo 103.1 de nuestra Constitución, en el cual la eficacia se formula como principio al cual ha de quedar sometida la actividad de las Administraciones Públicas, con igual énfasis que la objetividad o el sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Los criterios de eficacia y eficiencia en la gestión pública se han convertido en un elemento imprescindible en toda actividad de los poderes públicos, sin que ello avale, por sí mismo, la reducción de la actividad pública ni, mucho menos, una relativización de la exigencia de respeto a la legalidad: simplemente se requiere de los poderes públicos que los objetivos asignados se alcancen con el menor coste económico posible, detrayendo con ello exclusivamente el volumen de recursos necesario e imprescindible para alcanzar de forma eficiente el cumplimiento de las tareas asignadas al sector público.

Debe superarse el fuerte arraigo del garantismo burocrático en la vida de las organizaciones administrativas, ya que en muchas ocasiones la “sacralización” del procedimiento hace que las unidades administrativas orienten su actividad no a la satisfacción del interés general y de las necesidades de los ciudadanos, sino a asegurar el cumplimiento formal de las reglas, de modo que su actividad termina orientándose no a los destinatarios de los servicios públicos sino a los restantes órganos administrativos de los que dependen o con los que se relacionan.

Por ello, se estima imprescindible que una Administración que desee adoptar una perspectiva de gestión de servicios públicos aborde un imprescindible cambio cultural en su seno. El esfuerzo por introducir en la administración la cultura de servicio al ciudadano, de orientar a dicho objetivo el comportamiento y dedicación de los empleados públicos, la utilización de las tecnologías de la información y la motivación de los profesionales –con técnicas adecuadas de gestión de recursos humanos- tienen un papel fundamental para procurar dicho cambio cultural.

Un contenido imprescindible de la nueva cultura administrativa es la llamada “cultura de la calidad”, presente en toda la literatura sobre reforma administrativa a partir de los años 90, tratando con ello de superarse el mero enfoque garantista que cabe atribuir a una concepción clásica del Derecho administrativo, preocupado primordialmente por el sometimiento de la actuación administrativa a la norma.

La realidad de la Administración de la Comunidad Autónoma es particularmente elocuente en cuanto a la falta de impulso de dicha “cultura de calidad”, carente de desarrollo normativo y de órganos responsables de su impulso dentro de la organización administrativa –tanto la Inspección General de Servicios como las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos parecen rehuir sus responsabilidades en la materia- y dicha carencia tiene una incidencia decisiva en la pérdida de eficacia, eficiencia, transparencia y respeto a la idea de servicio público y a la propia noción de legalidad que se aprecia en la actuación de buen número de servicios de la Administración autonómica.

Es difícil comprender las razones que puedan motivar que el Gobierno de Aragón carezca de iniciativa en materia de “política de calidad de los servicios públicos”. Sin objetivos de calidad ni compromiso de verdadero servicio a los ciudadanos, y sin elementos fiables de garantía del respeto a las normas, carencias claramente sensibles en la realidad actual de la Administración autonómica, el fracaso de la organización pública no sólo es posible, sino probable.