EL JUSTICIA DE ARAGÓN PIDE AL GOBIERNO DE ARAGÓN TRANSPARENCIA PARA EL PERSONAL DE LOS GABINETES.

Zaragoza, 29 de abril de 2009.

El Justicia de Aragón, con motivo de una queja planteada por esta Asociación, ha formulado una sugerencia al Gobierno de Aragón para que incluya en el anteproyecto de ley de función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, actualmente en elaboración, la obligatoriedad de publicar en el diario oficial los nombramientos y ceses del personal eventual de todas las Administraciones a las que dicha ley va a ser aplicable. Además, se señala en dicha sugerencia, “el Departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón debe valorar la oportunidad de otorgar publicidad al nombramiento y cese del personal eventual de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón”.

La posición del Justicia de Aragón, en una fundamentadísima resolución cuya lectura resulta verdaderamente recomendable, parte de las previsiones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público y del informe de la Comisión de Expertos que intervino en su elaboración, así como de la legislación de función pública de otras Comunidades Autónomas –como la Comunidad Valenciana , Cataluña, Castilla y León, Baleares y Galicia-, donde ya se prevé de forma expresa la obligatoriedad de que los nombramientos y ceses de dicho personal eventual se publiquen en el Boletín Oficial respectivo.

La resolución rechaza el razonamiento expresado por el Departamento de Presidencia en relación con el tema, al tratar de justificar dicho Departamento que la publicidad de las relaciones de puestos de trabajo es garantía de publicidad suficiente para dicho personal.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha venido solicitando, ante diferentes instancias, la adopción de medidas para asegurar la necesaria transparencia en el funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, razón por la cual nos mostramos enormemente satisfechos por la resolución dictada por el Justicia de Aragón. Por ello, no podemos sino celebrar la resolución adoptada por el Justicia y confiar en que la misma sea expresamente aceptada por el Gobierno de Aragón.

En tal sentido, esta Asociación se ha dirigido al conjunto de los Secretarios Generales Técnicos de las Departamentos de la Administración aragonesa, así como a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, solicitando de todos ellos las medidas que, en cada caso, estimen oportunas para asegurar la plena efectividad de los principios de transparencia y publicidad demandados por el Justicia de Aragón en su resolución.

No obstante la satisfacción por la sugerencia formulada, no podemos dejar de señalar que, junto a la publicidad de los nombramientos y ceses de dicho personal, corresponde a los diferentes miembros del Gobierno de Aragón asegurar que dicho personal eventual se dedica al ejercicio efectivo de las funciones de asesoramientoo para las que han sido nombrados, dedicación que en estos momentos ha sido cuestionada desde diferentes ámbitos, incluido un amplio reportaje periodístico, sin que ningún responsable del Ejecutivo haya desmentido o rechazado tales irregularidades, cuya gravedad a nadie se le oculta.

QUEJA POR LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL DEL IASS: EL DEFENSOR DEL PUEBLO SE INHIBE A FAVOR DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.

Zaragoza, 28 de abril de 2009.

El Defensor del Pueblo, al que se dirigió esta Asociación para formular queja por las irregularidades del procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ha comunicado su decisión de inhibirse respecto a la misma, al haberse admitido a trámite por el Justicia de Aragón una queja sobre la misma cuestión.

La queja vino motivada por el hecho, nos permitimos recordarlo, de que las retribuciones complementarias del puesto de trabajo fueron modificadas en el transcurso del procedimiento de provisión, tras la publicación de la convocatoria mediante libre designación, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes.

Pese a la modificación de las características del puesto que se habían consignado en la convocatoria pública, con un significativo incremento de las retribuciones complementarias, no se procedió a la publicación de una nueva convocatoria, acorde con la nueva realidad del puesto, falseándose con ello el principio de publicidad básico que garantiza la igualdad en el acceso a las funciones públicas.

El propio Departamento de Presidencia, en respuesta al recurso administrativo formulado por esta Asociación frente al Decreto del Gobierno de Aragón por el que se resolvió la convocatoria, en un ejercicio de cinismo que lo descalifica, afirmó que provisión y modificación de los puestos de trabajo son procedimientos independientes, que no interfieren entre sí. Frente a ello, esta Asociación considera que modificar un puesto de trabajo, tras su convocatoria, y resolverlo una vez efectuada dicha modificación constituye un fraude de ley y una manipulación de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Esperamos que así lo considere también el Justicia de Aragón, al que corresponde examinar en exclusiva la queja planteada por esta Asociación, tras la inhibición del Defensor del Pueblo en el caso.

Se reproduce a continuación la comunicación del Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo al Presidente de la Asociación:

“Nº expediente: 09002112.

D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa de la
Función Pública Aragonesa

Estimado Sr.:

Se ha recibido su escrito, registrado con el número arriba indicado, al que se le ruega haga referencia en caso de dirigirse nuevamente a esta Institución, en el que hace referencia al irregular procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al haberse modificado las condiciones retributivas del puesto tras la publicación de la convocatoria pública.

Dado que, en su momento, formuló una queja referida a la misma cuestión ante el Justicia de Aragón y la misma ha sido admitida a trámite, en concreto con el número asignado DI-140/2009-4, en virtud del principio de coordinación y cooperación institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y los Comisionados Parlamentarios de funciones homólogas en las distintas Comunidades Autónomas, esta Institución queda a lo que resuelva en su tramitación el Justicia de Aragón.

Agradeciéndole su confianza, le saluda cordialmente.

Manuel Ángel Aguilar Belda,
Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo”

LAS CORTES DE ARAGÓN NO PUEDEN DESLEGITIMAR A LOS CIUDADANOS SIN DESLEGITIMARSE A SÍ MISMAS.

Zaragoza, 27 de abril de 2009.

Recientemente, se ha comunicado a esta Asociación, por parte de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, que la Mesa de las Cortes, en su reunión de 14 de abril de 2009, acordó inadmitir la petición formulada desde esta Asociación, conforme al artículo 62 del Reglamento de las Cortes, para la creación de una Comisión especial de estudio, al entender que esta Asociación carece de legitimación para realizar al Parlamento peticiones de tales características.

Esta Asociación se dirigió a la Mesa de las Cortes, con fecha 27 de marzo de 2009, solicitando la creación, en el seno de las Cortes de Aragón, de una Comisión especial de estudio que se dedicase a “precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público”, formulando igualmente “las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma”.

Lamentamos que, una vez más, los órganos del Parlamento no atiendan una propuesta para promover estándares de conducta ética en las instituciones aragonesas. Pero nos preocupa especialmente, como ciudadanos aragoneses en el ejercicio de sus derechos fundamentales, que el máximo órgano de gobierno del Parlamento aragonés niegue legitimación a una asociación para formular una petición a la institución que políticamente representa a los aragoneses, vulnerando con ello el contenido esencial del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.

Consideramos esta forma de actuar impropia de un Parlamento, pues cuestionar la legitimación de los ciudadanos para dirigirle peticiones es cuestionarse a sí mismo, ya que su función básica es la de representación política del conjunto de los ciudadanos aragoneses.

No podemos, lógicamente, aceptar una decisión como la adoptada por la Mesa de las Cortes, con la que se vacía de forma arbitraria el contenido del derecho de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, por lo que nos sentimos obligados a procurar su revisión jurídica, no descartando el acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

El Presidente de la Asociación ha puesto en conocimiento de tales hechos al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, expresándoles su malestar por la citada decisión de la Mesa de las Cortes, al considerarla una vulneración del derecho fundamental de petición que asiste a todos los ciudadanos ante todos los poderes públicos, incluidos los Parlamentos autonómicos. Igualmente, se ha pedido a los Grupos Parlamentarios que adopten las iniciativas oportunas para evitar que se consolide el criterio de falta de legitimación de los ciudadanos aplicado por la Mesa de las Cortes a la petición formulada por esta Asociación.

SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE CORRIJAN LA SITUACIÓN DE SUS GABINETES.

Zaragoza, 24 de abril de 2009.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy a todos los miembros del Gobierno de Aragón (Presidente, Vicepresidente y Consejeros), para solicitarles que velen por el correcto funcionamiento de los órganos administrativos que dependen de cada uno de ellos, y en especial del Gabinete que les asiste.

En la línea de lo solicitado de forma reiterada por esta Asociación a las diferentes instituciones aragonesas –en relación con la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón- y vista la información publicada en prensa sobre la utilización de puestos de trabajo de dichos gabinetes para asegurar sueldos públicos a personas vinculadas políticamente a los partidos de la coalición de gobierno, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, ha pedido, de forma individualizada, a cada miembro del Gobierno de Aragón que revise las condiciones de funcionamiento de su Gabinete, para asegurar el desempeño efectivo de sus funciones por el personal eventual o de confianza adscrito a los mismos, acordando el cese de todos aquellos asesores que no desempeñen de forma efectiva aquellas funciones para las que han sido nombrados.

La existencia de puestos de trabajo en la Administración Pública, sean de funcionarios de carrera, de personal laboral o de personal eventual de confianza, sólo puede justificarse por la necesidad objetiva de ejercicio de las funciones asignadas a los mismos, sin que en modo alguno puedan utilizarse con la exclusiva finalidad de garantizar a particulares la percepción de ingresos sin contraprestación laboral alguna.

Los indicios de que tal situación se esté dando en algunos de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, han llevado a esta Asociación, conforme a lo acordado por su Junta Directiva de esta misma semana, a dirigirse a cada uno de los miembros del Gobierno de Aragón.Se reproduce a continuación el texto de la solicitud remitida:

“La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, desde su creación, ha venido planteando la necesidad de mejorar la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, fomentando la transparencia y publicidad del nombramiento de sus miembros, así como su idoneidad profesional y el desempeño efectivo de las funciones de asesoramiento especial que tienen legalmente atribuidas.
Los resultados negativos de las actuaciones señaladas, así como las informaciones aparecidas en prensa y no desmentidas sobre la irregular situación de parte de los puestos de personal eventual de los gabinetes, ocupados por personas que no realizan función alguna que justifique el sueldo público que perciben, motivaron que esta Asociación solicitase a las Cortes de Aragón la creación de una Comisión de Investigación. Dicha Comisión debiera esclarecer la actual situación del funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que puedan constatarse en su funcionamiento.
Con independencia de la decisión que adopten las Cortes de Aragón sobre tal petición, consideramos que es responsabilidad directa de cada miembro del Gobierno de Aragón velar por el buen funcionamiento del Gabinete que le asiste.
Por todo ello, y en mi condición de Presidente de la citada Asociación le solicito, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, que adopte las medidas precisas para asegurar que el personal eventual de los órganos de asistencia directa que le asisten ajuste su actividad a los criterios de dedicación efectiva y exclusiva que señala el Estatuto Básico del Empleado Público, como requiere el cumplimiento eficaz, comprobable y controlable de las funciones que justifican la existencia de todo puesto de trabajo, y en el caso de que las circunstancias de alguno de los miembros de tales órganos le impidan dicho desempeño efectivo, proceda a acordar su cese, al carecer de toda justificación su permanencia en el puesto.
Agradeciéndole su atención, aprovecho para expresarle nuestro más respetuoso saludo.
Zaragoza, 24 de abril de 2009.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: REIVINDICACIÓN DEL RESPETO A LA LEY.

Zaragoza, 23 de abril de 2009.


La tarde del 21 de abril, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se reunió la Junta Directiva de la Asociación, con la presencia de los componentes de la misma, salvo ausencias justificadas, y de aquellos socios que desearon sumarse a sus deliberaciones, de acuerdo con la decisión, adoptada en la pasada Asamblea General, de posibilitar la intervención en tales reuniones de todos los socios que lo deseen.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, se procedió a debatir la impugnación del Decreto del Gobierno de Aragón que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2009, acordándose la formulación de recurso contencioso-administrativo ordinario, por las razones que ya se expusieron en la sesión anterior de la Junta, al no incluirse las plazas que requieren las necesidades de funcionamiento de la Administración autonómica y que exigen las normas legales, entendiendo que la no inclusión de dichas plazas contribuye al progresivo deterioro del funcionamiento de la Administración y restringe de forma arbitraria el derecho constitucional de los ciudadanos para acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Por lo tanto, se autoriza al Presidente de la Asociación para que formalice el oportuno recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 39/2009, por el que se aprueba la citada Oferta de Empleo Público.

A continuación, conforme al orden del día propuesto para la sesión, se pasa a analizar la situación del puesto de Director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), cuyas funciones parecen ser desempeñadas por persona que no reúne la condición de funcionario de carrera, pese a tratarse de un puesto con categoría del Jefe de Servicio, dentro de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente. Dichos hechos, trasladados por la Asociación al Consejero de Presidencia para su investigación y corrección, se acuerda ponerlos también en conocimiento del Justicia de Aragón y de la Inspección de Trabajo, al entender que pueden constituir una vulneración grave de las normas de la función pública aragonesa así como del ordenamiento laboral, si el supuesto constituyese un préstamo ilegal de trabajadores o un fraude de ley para ejercer las funciones de un puesto reservado a funcionario de carrera por persona que no reúne tal condición.

Seguidamente, pasa a analizarse la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, en los que, según la información que se ha hecho pública en los medios de comunicación, figuran personas que no realizan actividad alguna de asesoramiento, limitándose a la percepción del sueldo asignado a tales puestos. El Presidente señala que esta Asociación ha venido planteando desde el año 2007, tanto ante responsables del Gobierno de Aragón como ante la Mesa de las Cortes de Aragón, la necesidad de reforzar la transparencia del personal eventual del Gobierno de Aragón, mediante la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial de Aragón y el control del desempeño efectivo de sus funciones. Ante la falta de medidas en tal sentido y la evidencia de la utilización abusiva de tales puestos, recuerda que esta Asociación ha solicitado, tanto a la Mesa de las Cortes de Aragón como al conjunto de los Grupos Parlamentarios, la creación de una Comisión de Investigación con el fin de esclarecer la situación de dichos órganos de apoyo a los miembros del Gobierno de Aragón. A la vista de la información aparecida ahora en prensa sobre las irregularidades existentes, se acuerda insistir en las propuestas planteadas hasta el momento y en dirigirse, por escrito, a los diferentes miembros del Gobierno de Aragón, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarles que, de ser ciertas las informaciones publicadas, procedan a regularizar la situación de los puestos de personal eventual de sus Departamentos, acordando el cese de todos aquellos asesores que no desempeñen las funciones propias de los puestos para los que han sido nombrados. Asimismo, se confía en que las instituciones públicas encargadas de velar por el respeto de la legalidad ejerzan debidamente sus funciones de control y de defensa del interés público.

Posteriormente, se valora la oportunidad de iniciar contactos con los responsables de la plataforma Coalición pro Acceso, en la que figuran un amplio número de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de promover la transparencia administrativa y el libre acceso a la información pública, al objeto de la posible incorporación de la Asociación a dicha plataforma cívica.

Finalmente, se aborda el estado de desarrollo del foro electrónico diseñado como lugar de debate sobre temas o cuestiones relacionados con los objetivos de la Asociación, cuya habilitación se espera tener a punto en breve plazo, y también la preparación del primer coloquio público, en el que acercar la actividad de la Asociación al conjunto de los servidores públicos aragoneses y de los ciudadanos, para poder debatir sobre “función pública y corrupción”.

Para concluir, dentro del apartado ruegos y preguntas, se plantea la oportunidad de reclamar del Departamento de Presidencia la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de las instrucciones que ordenan el nombramiento de funcionarios interinos, cuya única publicidad es su inclusión en el portal del empleado y portal del Gobierno

LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN NIEGA LEGITIMACIÓN A LA ASOCIACIÓN: INADMISIÓN DE UNA PETICIÓN.

Zaragoza, 22 de abril de 2009.

Un nuevo signo de la cada vez más deficiente calidad democrática de nuestras instituciones políticas –algo que en modo alguno podemos dejar de señalar, por mucho que lo lamentemos- es la respuesta dada por la Mesa de las Cortes de Aragón a la solicitud formulada por esta Asociación, en ejercicio del derecho de petición, sobre creación de una Comisión especial de estudio para el establecimiento de criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma.

Es posible que no resulte cómodo –en el actual contexto de la vida política aragonesa, marcado por la corrupción- que una asociación ciudadana pida al Parlamento aragonés una reflexión plural sobre la necesidad de establecer códigos de conducta ética para los titulares de cargos públicos en las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma. La petición, tal vez, no haga sino subrayar la carencia en nuestras instituciones de estándares de comportamiento ético exigibles a todos sus miembros.

Lo que no imaginábamos en ningún momento es que la Mesa de las Cortes inadmitiría la petición formulada, no por considerarla inoportuna o innecesaria, sino por entender que esta Asociación no tiene capacidad para formular peticiones a los órganos de las Cortes de Aragón. Nunca supusimos que un Parlamento –el aragonés-, institución de representación de la ciudadanía, negase a un conjunto de ciudadanos –esta Asociación- la facultad de formular peticiones a sus órganos.

Ni la Constitución española, en la que se reconoce el derecho fundamental de petición a todos los ciudadanos, ni el Estatuto de Autonomía, en el que se establece el derecho de formular peticiones, ni el propio Reglamento de las Cortes de Aragón, donde se contempla el específico derecho de petición al Parlamento, son objeto de mención en el acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes, en su sesión del día 14 de abril de 2009, ni, al parecer, constituyen obstáculo alguno para la decisión de inadmitir la petición de esta Asociación, dada, según se señala, “la falta de legitimación de que una Asociación pueda formular una solicitud de estas carácterísticas (sic)”.

Creemos que tal Acuerdo no es una simple anécdota, sino un grave síntoma del nivel de calidad democrática por el que atraviesan en estos momentos las instituciones de la Comunidad Autónoma. Un Acuerdo que no hace sino reforzar la necesidad de establecer pautas de conducta pública de alto nivel de exigencia democrática y medidas de fortalecimiento de la participación política de los ciudadanos y de garantía del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Una pésima forma de conmemorar el Día de Aragón, a nuestro juicio.

Se reproduce a continuación el texto íntegro de la comunicación remitida desde las Cortes de Aragón al Presidente de esta Asociación:

“La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2009, ha conocido su escrito por el que solicita, como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que por parte de la Mesa de las Cortes de Aragón, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se proponga al Pleno de la Cámara la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio “con el fin de precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público. Asimismo, por dicha Comisión deberían formularse las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma”.

A este respecto, le informo que el Reglamento de la Cámara, en su artículo 66 dedicado a las Comisiones especiales de estudio, no prevé la posibilidad de que una Asociación pueda solicitar a la Mesa de las Cortes que, de acuerdo con la Junta de Portavoces, eleve al Pleno una propuesta de creación de una Comisión Especial. En consecuencia, ante la falta de legitimación de que una Asociación pueda formular una solicitud de estas características, la Mesa de las Cortes ha acordado no admitir a trámite dicha propuesta y proceder al archivo de la misma.

Zaragoza, 16 de abril de 2009.

La Letrada Mayor, Vega Estella Izquierdo”.

EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: VULNERADO UN AÑO MÁS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Zaragoza, 20 de abril de 2009.

La Oferta de Empleo Público para 2009, aprobada por el Gobierno de Aragón mediante Decreto 39/2009, de 24 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 3 de abril de 2009, no posibilita, a juicio de esta Asociación, el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española y desarrollado por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La aprobación anual de Oferta de Empleo Público, conforme a las exigencias legales establecidas respecto al número de plazas que debe recogerse en la misma, constituye una obligación del Gobierno de Aragón, mediante la cual, y a través del desarrollo de los procesos selectivos en ella autorizados, se posibilita el ejercicio efectivo del derecho constitucional de los ciudadanos para acceder, en condiciones de igualdad y conforme a criterios de mérito y capacidad, a los puestos vacantes que se precisa cubrir en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Desgraciadamente, el Gobierno de Aragón ha venido desatendiendo de forma reiterada sus obligaciones legales en materia de acceso al empleo público, mediante el incumplimiento del deber de aprobación anual de oferta de empleo público, como ha sucedido a lo largo de esta última década en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008, y el incumplimiento igualmente de los plazos legalmente establecidos para la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo, cuando ésta se aprueba.

Dichos incumplimientos se vienen a reconocer expresamente en el propio preámbulo o exposición de motivos del Decreto 39/2009, al mencionarse que el Gobierno de Aragón, con la conformidad de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 13 de agosto de 2008, de la Mesa Sectorial de Administración General, no aprobó Oferta en el año 2008, para concentrar sus esfuerzos en la convocatoria y desarrollo de los procesos pendientes de 2004 y 2007. ¡Esfuerzo que ha resultado insuficiente, sin embargo, para acabar tales procesos durante 2008!

Nada autoriza al Gobierno de Aragón, ni siquiera los posibles acuerdos que pueda suscribir con las organizaciones sindicales, para restringir o anular de forma arbitraria el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas, pues éste es un derecho fundamental, indisponible por parte de los poderes públicos, y no asegurar su disfrute, en los términos legalmente establecidos, sólo puede calificarse de vulneración del mismo.

Las cifras de la Oferta de Empleo aprobada para 2009 -dejando al margen las plazas propias de la función pública docente- son absolutamente insuficientes para atender las necesidades de personal de la Administración autonómica y corregir las elevadas tasas de interinidad existentes. El Gobierno de Aragón, además, se atribuye a sí mismo, como señala en el preámbulo del Decreto 39/2009, la facultad de suspender los objetivos de reducción de interinidad pactados con las organizaciones sindicales, con el pretexto de la crisis económica. ¿Acaso ha aplicado otro criterio en los años de expansión económica? En una u otra coyuntura económica, el Gobierno de Aragón ha vulnerado, de forma reiterada, el derecho de los ciudadanos -interinos o no interinos- a acceder a la condición de funcionario de carrera, no aprobando Oferta de Empleo Público o aprobándola con cifras totalmente insuficientes y demorando escandalosamente la convocatoria y ejecución de los procesos selectivos, sin garantizar en su desarrollo los mínimos elementos de objetividad.

Los términos de la Oferta aprobada la hacen totalmente insostenible -por más que sus ridículas cifras se intenten disimular con las plazas propias de personal docente- y es necesario recordar al Gobierno de Aragón que los derechos de los ciudadanos que se atienden desde la Administración no se agotan con la salud y la educación, pues el Estado de Derecho abarca todos los ámbitos de actividad e intervención pública, incluidos el medio ambiente, el urbanismo o la agricultura, cuya gestión debe hallarse en manos de servidores públicos cuyas condiciones de trabajo permitan salvaguardar la legalidad o la igualdad de los ciudadanos en su relación con los poderes públicos.

La proliferación de empresas públicas para desplazar indebidamente el papel que corresponde a los funcionarios públicos en la gestión del interés general va necesariamente ligada a la insuficiencia de las Ofertas de Empleo Público y al creciente deterioro de la Administración pública provocado por las medidas que el Gobierno de Aragón viene adoptando en las últimas legislaturas.

La estrategia no confesada del Gobierno de Aragón de progresivo debilitamiento de una Administración fuerte y profesionalizada, con capacidad de gestión y de asegurar los principios de legalidad y objetividad en su actuación, tiene uno de sus signos más destacados en la degradación del sistema de selección del personal de nuevo ingreso, olvidando el Gobierno de Aragón que ningún objetivo político en nuestro sistema constitucional permite prescindir de la Administración Pública, configurada como elemento técnico de salvaguarda de los valores del Estado de Derecho y de eficacia del poder público. Tal pretensión de marginar a la Administración Pública en las tareas de gestión sólo puede conducir a la corrupción y al descrédito de las instituciones públicas, como así se aprecia de forma creciente en Aragón.

Entendemos que todo Gobierno es responsable de asegurar el mejor funcionamiento posible de la Administración Pública, para favorecer la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y legitimar con sus resultados la propia organización institucional. La política de selección de personal que el Gobierno de Aragón viene aplicando, con unas insuficientes y arbitrarias ofertas de empleo público, en nada contribuye, sino todo lo contrario, a ese objetivo.

LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA SE ABRE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SU TOMA DE DECISIONES.

Zaragoza, 19 de abril de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, tras la celebración de su segunda Asamblea anual, en el pasado mes de marzo, ha decidido establecer mecanismos de participación en su procedimiento de toma de decisiones, reforzando con ello la transparencia en su funcionamiento.

Para alcanzar ambos objetivos, de participación y transparencia, el blog que mantiene la Asociación para informar de todas sus iniciativas (asocfuncionpublica.blogspot.com) hará pública, con la antelación que resulte posible, los asuntos a debatir en las diferentes reuniones de su Junta Directiva, de modo que cualquier persona, sea miembro o no de la Asociación, tenga la posibilidad de aportar, a través de sus comentarios, información u opiniones que puedan ser tenidas en cuenta por los miembros de la Junta Directiva a la hora de debatir las cuestiones planteadas y decidir las medidas posibles a adoptar.

La Asociación pretende con ello facilitar un cauce de participación no sólo a los miembros de la Asociación, sino también al conjunto de los servidores públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y a todas las personas preocupadas por el buen funcionamiento de las instituciones y administraciones públicas.

Además de posibilitar la expresión de opiniones o análisis de personas ajenas a la Asociación -incorporando al funcionamiento de la Asociación la “voz” de los ciudadanos, en toda su pluralidad-, se persigue con dicha iniciativa incrementar la transparencia del funcionamiento de la Asociación, al posibilitar el conocimiento de los asuntos que la Junta Directiva de la Asociación somete a debate y decisión en cada una de sus reuniones.

Creemos que la Asociación ha de hacer realidad en su actividad todos aquellos principios que persigue hacer efectivos en el funcionamiento de las instituciones públicas, entre los que necesariamente figuran los de participación y transparencia.

Confiamos en que, de este modo, la Asociación sea capaz de recoger y articular planteamientos procedentes de la sociedad civil aragonesa, para avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: ABIERTA A TODOS LOS SOCIOS.

Zaragoza, 17 de abril de 2009.

De acuerdo con lo decidido por la última Asamblea General de la Asociación, para posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, las reuniones de la Junta Directiva serán, a partir de la constitución formal de la nueva Junta, realizada el pasado 24 de marzo de 2009, abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva se publicarán en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, procedemos a la publicación de la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes, 21 de abril:

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 21 de abril, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, si procede, del orden del día de la reunión.

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta.

3. Debate y votación sobre medidas a adoptar frente al Decreto de aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2009.

4. Debate y votación sobre medidas a adoptar sobre situación del Director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA).

5. Debate y votación sobre medidas a adoptar en relación con la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno del Aragón.

6. Debate sobre oportunidad de incorporación de la Asociación a la Coalición Pro Acceso, para promover la transparencia administrativa.

7. Impulso de un foro electrónico de debate y celebración de coloquio público sobre “función pública y corrupción”.

8. Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 16 de abril de 2009.

Julio Guiral Pelegrín, Presidente de la Asociación.

ASESORES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: URGENTE NECESIDAD DE CONTROL POLITICO.

Zaragoza, 16 de abril de 2009.


La trascendencia de la información hecha pública sobre la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, por más que éste pretenda ignorarla mediante la simplista estrategia de no hacer comentario alguno sobre ella, como si la realidad no existiese, exige, a nuestro juicio, una clara reacción de las instancias de control político de la Comunidad Autónoma. Este control político e institucional corresponde estatutariamente tanto a las Cortes de Aragón como a El Justicia de Aragón.

Los ciudadanos han de pedir cuentas al Gobierno de Aragón de la utilización que hace de los puestos de la Administración Pública y, con ello, de los créditos habilitados por el Parlamento para atender las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos. Dichos fondos públicos no pueden derivarse, de forma irregular e impune, hacia personas particulares en virtud de unos nombramientos “formales” como asesores, sin una efectiva realización de las funciones propias de tales puestos de trabajo.

Es grave que se confunda un puesto en la Administración con una pura y simple retribución pública, sin trabajo o función aparejados al mismo. Pero resulta políticamente inadmisible que en esa confusión incurran los miembros del Gobierno de Aragón, convirtiendo algunos nombramientos de personal eventual en un mero trámite para la asignación de un sueldo público. Y que se haga por estricto interés de partido, sin conexión alguna con el interés público o el interés general.

Es muy grave, que un hecho así se produzca en la Administración autonómica, y con la amplitud descrita en los medios de comunicación, afectando al conjunto de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón. Los ciudadanos tienen el derecho, creemos incluso que el deber cívico, de exigir explicaciones y responsabilidades. Por coherencia democrática, debe hacerse a través de las Cortes de Aragón, institución que representa al pueblo aragonés y que tiene, entre sus funciones, el control de la acción del Gobierno. El control político y democrático es distinto al control de legalidad que puedan ejercer los Tribunales.

La utilización de los puestos de personal eventual por el Gobierno de Aragón para asegurar ingresos a personas de sus organizaciones políticas, sin contraprestación laboral o de servicios alguna, constituiría –de ser cierta- un innegable abuso de poder y un fraude a la confianza otorgada por los ciudadanos a través del apoyo parlamentario. Podría darse, sin embargo, la paradoja de que la burla a los ciudadanos y a la más elemental ética pública que ha de presidir el ejercicio de toda función institucional, no se viese sancionada políticamente por las Cortes de Aragón, tolerándose desde esta institución el mal uso del poder político y la utilización fraudulenta de los recursos públicos.


Por la dignidad de la Comunidad Autónoma y por la propia salud democrática de las instituciones aragonesas, entendemos que las instituciones de control han de actuar para esclarecer los hechos y exigir las responsabilidades políticas a que haya lugar.

Esta Asociación considera que una y otra institución debieran reaccionar por decisión propia, sin necesidad de que nadie inste su labor de control, pero ante la eventualidad de que tal reacción no se produzca, y al margen de otras iniciativas posibles, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón y al conjunto de los Grupos Parlamentarios para reiterar su petición, al amparo del artículo 29 de la Constitución española, de que se cree una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos.

Igualmente la Asociación va a dirigirse a El Justicia de Aragón para que investigue la situación de los Gabinetes y ejerza sus funciones estatutarias de supervisión de la Administración y de tutela del ordenamiento jurídico aragonés,del cual podrían representar una grave vulneración los hechos denunciados.

EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE FALSEA LA REALIDAD DEL CIAMA.

Zaragoza, 14 de abril de 2009.

La semana pasada, esta Asociación reclamaba al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, una investigación sobre la irregular situación en que se hallaba el puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), servicio dependiente del Departamento de Medio Ambiente, al hallarse desempeñado por persona cuya condición de funcionario no constaba a esta Asociación.

Los datos a partir de los cuales esta Asociación tenía conocimiento de que el citado puesto era desempeñado por Carlos Franco no eran otros que las propias notas de prensa difundidas por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, al cual hay que considerar bien informado sobre la realidad de la Administración autonómica.



Frente a las dudas expuestas por esta Asociación y a la petición de que tal situación fuese investigada por el Departamento de Presidencia, al corresponderle las competencias generales en materia de función pública e inspección de servicios, se produjo la rápida réplica del Departamento de Medio Ambiente, mediante una nota en la que se negaba que Carlos Franco fuera Director del CIAMA, con lo que se venía a desmentir no a esta Asociación sino al Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, pues era la información difundida por éste la única de la que disponía esta Asociación.



La aclaración del Departamento de Medio Ambiente, sin aclarar ninguno de los extremos relevantes del caso, como quién ejercía la responsabilidad de Director del CIAMA y cuál era la condición y relación de servicios de Carlos Franco con dicho Centro oficial, decía que la persona mencionada no era Director, sino un “titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”.



Dicha versión resulta radicalmente desvirtuada por la tarjeta de presentación utilizada por el interesado, en la que junto a todos los logotipos oficiales del Gobierno de Aragón, Departamento de Medio Ambiente y de CIAMA-La Alfranca se señala su condición de “General Manager of Internacional Centre of Water and Environment”. Alguien que públicamente se presenta como “General Manager” del CIAMA no puede ser un simple titulado superior del mismo, como quería hacernos creer el Departamento de Medio Ambiente en su nota “aclaratoria” (es evidente que no se quería aclarar nada con dicha nota, sino maquillar y falsear la realidad), pues la condición de “General Manager” sólo puede corresponderse con la de Director del Centro, condición que, con razón, le atribuía la nota de prensa del Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón.



Esta Asociación se ve en la necesidad de lamentar no sólo que la realidad confirme sus iniciales sospechas, sino, lo que es tanto o más grave, el hecho de que los responsables del Departamento de Medio Ambiente sean capaces de emitir notas “aclaratorias” carentes de veracidad, con la única pretensión de ocultar la irregular realidad de determinados servicios de dicho Departamento. Este segundo hecho constituye un comportamiento inaceptable por parte de responsables públicos y no hace sino incrementar la preocupación que esta Asociación siente por los procedimientos con los que el Gobierno de Aragón dirige la Administración aragonesa, sin respeto a las normas más básicas que impone un Estado de Derecho.

PERSONAL ASESOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: ¿EXISTE UNA UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE SUS PUESTOS?.

Zaragoza, 13 de abril de 2009.

La información hecha pública hoy en las páginas de Heraldo de Aragón, sobre las personas que “ocupan” los puestos de personal eventual en los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón debe posibilitar el impulso de medidas de control que la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha venido reclamando, sin éxito, desde el año 2007.


Esta Asociación, desde el inicio de su actividad, expresó su preocupación por la irregular situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, solicitando de las diferentes instituciones de la Comunidad Autónoma -Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón y Justicia de Aragón- medidas para superar la opacidad en el nombramiento de dicho personal, al carecer de publicidad en el boletín oficial, y asegurar el efectivo ejercicio de las funciones de asesoramiento para las que había sido nombrado, ante la fundada sospecha de que muchas de las personas nombradas para tales puestos se limitaban a cobrar un sueldo público sin realizar función alguna que justificase tal percepción.



Ni el Gobierno de Aragón ni las Cortes de Aragón atendieron tal petición y el Justicia de Aragón aún no ha podido concluir la tramitación del expediente de queja, debido a la falta de colaboración del Departamento de Presidencia en facilitarle la información requerida. Tan anómala reacción institucional, en algo tan elemental como la correcta utilización de los puestos de la Administración Pública, así como el convencimiento de que tal actitud evidenciaba la falta total de voluntad política para rendir cuentas a los ciudadanos de la utilización de los fondos públicos y de asegurar una correcta utilización de los puestos de personal eventual de la Administración autonómica, llevaron a esta Asociación a solicitar, en octubre de 2008, a la Mesa de las Cortes de Aragón la creación de una Comisión de Investigación, con la finalidad de esclarecer la situación y funcionamiento de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que pudiesen constatarse en su funcionamiento.



Tampoco la petición de dicha Comisión de Investigación ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de los órganos de gobierno de las Cortes de Aragón ni de los diferentes Grupos Parlamentarios, a los que se informó de la petición formulada, recabando su apoyo a la misma. Tal actitud, a nuestro juicio, constituye una incomprensible dejación en la labor de control de la acción de gobierno que les corresponde, actividad que es esencial para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.


Cuando los mecanismos administrativos y políticos de control fallan, y los hechos llegan a tener la notoriedad que les otorga la información aparecida hoy en prensa, la única alternativa disponible por los ciudadanos para restablecer el respeto a la legalidad democrática es apelar al control judicial. Por ello, esta Asociación va a analizar la viabilidad de una denuncia ante el Ministerio Fiscal por la irregular situación que pudiese existir en los diferentes Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, al entender que el pago de sueldos públicos a personas que no ejercen la función a que corresponde tales retribuciones podría constituir un posible delito de malversación de fondos públicos., circunstancia que hace todavía más inexplicable la pasividad mostrada por los responsables políticos en esclarecer la posible existencia de un inadmisible uso y abuso de los cargos públicos en exclusivo beneficio privado y proceder a corregirlo, con la exigencia de las responsabilidades en que se haya podido incurrir por las distintas autoridades públicas.

No sólo es una cuestión de confianza, sino de respeto de las leyes y de garantía democrática. Un Gobierno que incorpora a sus pautas de funcionamiento conductas que son constitutivas de delito es un gobierno que se ve privado de legitimidad para gobernar. Averiguar si el Gobierno de Aragón ha incurrido en ello debiera ser de interés para todos los ciudadanos e instituciones de Aragón.

ACLARACIÓN INSUFICIENTE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.

Zaragoza, 7 de abril de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública ha solicitado al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, una investigación sobre la situación del puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), responsabilidad reservada a funcionario de carrera que, de acuerdo con la información procedente del Gabinete de Comunicación del propio Gobierno de Aragón, ejerce Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no consta a esta Asociación.

Ante la divulgación de tal iniciativa, el Departamento de Medio Ambiente ha emitido una nota aclaratoria sobre la situación del puesto de Director que no invalida ninguna de las razones que han llevado a la Asociación a reclamar al Departamento de Presidencia, como responsable de función pública y de inspección de servicios, la investigación oportuna.

En primer lugar, al negar que Carlos Franco sea Director del CIAMA se viene a privar de veracidad la información emitida por el propio Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, sin referencia alguna a las circunstancias que pudieran haber motivado tal confusión o error. No es descartable, sin embargo, que la información difundida por el Gabinete de Comunicación procediese del mismo Departamento de Medio Ambiente. Si ha habido error, no lo es de esta Asociación sino de los propios servicios del Gobierno de Aragón.

En segundo lugar, no se indica la situación actual en que se encuentra el puesto de Director/a del CIAMA, lo que hace presumible que pueda hallarse vacante, sin funcionario de carrera alguno que lo ejerza. El que el jefe de servicio o director del CIAMA haya de ser funcionario es una cosa y el que exista en estos momentos un funcionario que desempeñe dicho puesto, extremo que omite el Departamento de Medio Ambiente en su nota, es otra muy distinta. Por lo tanto, cabe deducir que el puesto de trabajo de Director no lo está desempeñando en estos momentos un funcionario de carrera.

En tercer lugar, por el Departamento de Medio Ambiente no se aclara si Carlos Franco –al que se señalaba como Director del CIAMA en la información difundida por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón- ostenta la condición de funcionario, sino que se señala que es “un titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”. Tales funciones, dentro de un servicio administrativo, sólo podrían ser ejercidas por un funcionario de carrera, condición que no se acredita por el Departamento de Medio Ambiente en su nota, y el contenido de dichas funciones –dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional- son claramente reconducibles a las atribuidas al puesto de Director del Centro.

Por todo ello, esta Asociación entiende que la nota aclaratoria difundida por el Departamento de Medio Ambiente no hace sino confirmar y reforzar la necesidad de investigar si Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no se acredita y cuyas funciones deben entenderse similares a las del puesto de Director del citado Centro Internacional, viene ejerciendo de forma irregular, por decisión de los responsables del Departamento de Medio Ambiente, las funciones de un puesto para cuyo desempeño no está habilitado, burlándose con ello la legalidad administrativa.

LA ASOCIACIÓN SOLICITA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL DIRECTOR DEL CIAMA.

Zaragoza, 5 de abril de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido, por escrito, al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, como máximo responsable en materia de función pública y de inspección de servicios de la Administración autonómica, para solicitarle que investigue la situación en la que se encuentra el puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), servicio administrativo dependiente del Departamento de Medio Ambiente.

De acuerdo con la propia información facilitada por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, en nota de prensa hecha pública el 30 de enero de 2009, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, en dichos actos figuraba la intervención de Carlos Franco, en su condición de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente, para hacer entrega de los premios obtenidos por los ganadores del V Rally Fotográfico del CIAMA.

Dicho Centro es un servicio administrativo, dependiente de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, como se señala en el Decreto 281/2007, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento, y el puesto de Director/a del citado Centro se halla reservado a personal funcionario. Por lo tanto, su cobertura y desempeño sólo puede recaer en persona que reúna la condición de funcionario de carrera y haya accedido al puesto mediante alguna de las formas de provisión legalmente previstas.

A esta Asociación no le consta que la provisión de dicho puesto haya sido objeto de convocatoria pública ni tampoco le consta que Carlos Franco, quien ejerce las funciones del puesto conforme a la información difundida por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, tenga la condición de funcionario de carrera.

Dada la gravedad que supondría la atribución de las funciones de un puesto de funcionario a persona que no ostente tal condición -lo que podría constituir un delito contra la Administración Pública, tipificado en el artículo 405 del Código Penal-, se ha pedido al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, que lleve a cabo una investigación sobre la situación en que pueda hallarse el puesto de Director del CIAMA y determine las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir los responsables del Departamento de Medio Ambiente.

Esta Asociación observa con gran preocupación la situación que vive la función pública aragonesa, donde la falta de aprobación de Oferta anual de Empleo Público o la manifiesta insuficiencia e ilegalidad de la misma, cuando se aprueba, no supone obstáculo alguno para la cobertura de puestos de trabajo con personal ajeno a la función pública aragonesa, como pudiera ser el caso del CIAMA. Dicha insuficiencia parece además suplirse, especialmente en el Departamento de Medio Ambiente, con la atribución de funciones administrativas a personal laboral de la empresa pública SODEMASA, mecanismo fraudulento con el que se atienden o suplen las necesidades de personal funcionario, y respecto al cual esta Asociación va a promover distintas iniciativas ante los órganos de control internos y externos de la Administración autonómica.

EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA FRENTE AL GOBIERNO DE ARAGÓN POR FALTA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN 2008.

Zaragoza, 1 de abril de 2009.

El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja formulada por esta Asociación ante la falta de aprobación, por el Gobierno de Aragón, de Oferta de Empleo Público en el año 2008, con la que atender las necesidades de personal de nuevo ingreso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y garantizar así el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.

Pese a las altas tasas de interinidad que padece la Administración autonómica y a la acumulación de varios ejercicios en que se ha incumplido por el Gobierno de Aragón la obligación legal de aprobar Oferta anual de Empleo Público -dicha falta de aprobación se produjo en los años 2001, 2002, 2005 y 2006-, el pasado año 2008 concluyó también sin que el Gobierno de Aragón aprobase la Oferta de Empleo Público correspondiente.

El acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad es un derecho fundamental de los ciudadanos que no puede quedar a merced de decisiones arbitrarias del Gobierno de Aragón ni de pactos entre Administración y Sindicatos que no respeten su pleno ejercicio. Por ello, esta Asociación formuló, frente a la Oferta de Empleo Público de 2007, recurso especial de protección de derechos fundamentales, desestimado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y pendiente de que el Tribunal Supremo falle el recurso de casación planteado. Lógicamente, si no incluir el total de plazas a que obliga la Ley ha de considerarse una vulneración del derecho de acceso al empleo público, mucho más lo será la no aprobación siquiera de Oferta de Empleo Público.

Además de la vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos, la política de selección de personal seguida por este Gobierno de Aragón está contribuyendo de un modo destacado al creciente debilitamiento de la profesionalidad de la función pública aragonesa, pues el correcto desempeño de las funciones públicas se ve directamente afectado por la provisionalidad que genera la falta de funcionarios de carrera debidamente seleccionados –puesta de manifiesto por el alto número de interinidades y de comisiones de servicios existentes-, a lo que viene a añadirse, además, la irregular utilización del personal de empresas públicas para realizar tareas que corresponden a funcionarios públicos.

Una mala política de selección de personal, como la seguida por el Gobierno de Aragón, incide negativamente en la calidad de la función pública, debilitando su profesionalidad y su eficacia , haciéndola más vulnerable a las presiones de quienes pretenden hacer prevalecer sus intereses sobre el interés general.

La fortaleza de una función pública y su compromiso con la legalidad no puede confiarse sólo a la ética de las personas, sino que debe reforzarse con las garantías que establece el ordenamiento jurídico. Debe recordarse una vez más que la inamovilidad de los funcionarios no persigue otra finalidad que la de asegurar el correcto cumplimiento de sus funciones frente a presiones de cualquier naturaleza.

Esta Asociación considera que no es razonable ni admisible que sea el propio Gobierno de Aragón, con su política de personal, el responsable del deterioro de la Administración de la Comunidad Autónoma, posibilitando con ello el incremento de las irregularidades en el funcionamiento de los servicios públicos, y va aseguir haciendo frente a esta situación con todos los medios legales posibles..

LA OBLIGACIÓN DE UN CONSEJERO DE URBANISMO .

Zaragoza, 1 de abril de 2009.

Hace pocos días el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, afirmaba que su Departamento no iba a llevar a cabo ninguna investigación sobre el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, pues ya estaba investigando la Justicia.

El sentido común, sin embargo, aconseja justamente lo contrario. La forma de funcionar de esas Comisiones no ha permitido evitar ni la “desordenación del territorio” ni tampoco la corrupción urbanística, y ya que nadie se plantea cambiar el nombre a las Comisiones, debiéramos revisar al menos su composición y sus reglas de funcionamiento.

El Consejero competente en la materia no puede inhibirse. Legalmente es el responsable del buen funcionamiento de los servicios de su Departamento, salvo que creamos ingenuamente que todo aquello que no acabe en sentencia judicial condenatoria ha de presumirse que funciona bien.

El hecho de que la principal detenida a causa de la investigación judicial realizada fuese miembro de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza y, además, alcaldesa de uno de los municipios que mayor expansión urbanística ha experimentado, obliga a formular al menos dos preguntas:

- ¿qué razones o méritos llevaron a los responsables de la Diputación Provincial de Zaragoza a designar a la alcaldesa de La Muela como representante de dicha Diputación en la Comisión Provincial?

- ¿cómo es posible que las normas de dicha Comisión no eviten que pueda formar parte de la misma alguien con intereses tan directos y evidentes en los instrumentos urbanísticos que han de aprobarse en la Comisión?

El Consejero responsable en materia de urbanismo ni siquiera ha desmentido las informaciones difundidas respecto a la asistencia de la alcaldesa de La Muela a las reuniones de dicha Comisión, limitada a las sesiones en que se analizaban proyectos de su municipio. ¿Es esto posible? , ¿es posible que los miembros de un órgano administrativo no respeten las causas de abstención que establece la Ley de Procedimiento Administrativo?, ¿se toleró la vulneración del deber de abstención por quien ostenta la presidencia de la Comisión? Todas esas dudas corresponde despejarlas al Consejero titular del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y no al Juez que interviene por la trama de corrupción urbanística en La Muela.

Estamos convencidos de que los errores han de servir para aprender y no para eludir responsabilidades u ocultar disfunciones administrativas, y esta Asociación desea abrir una reflexión sobre la oportunidad de modificar la composición de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.

Surgen algunas preguntas: ¿Sabemos quién forma parte de las mismas? ¿Sabemos con qué criterios se les designa? ¿Sabemos qué facultades administrativas ejercen? ¿Sabemos qué garantías y controles funcionan respecto a las decisiones adoptadas?

El debate para responder a estas preguntas, consideramos debe realizarse en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, pero también en el conjunto del Gobierno de Aragón y de la sociedad aragonesa.

Es preciso deslindar de forma adecuada las funciones de participación y de decisión administrativa, evitando la formación de órganos cuya composición, como ha quedado demostrado, permite la incorporación de vocales que no sólo tienen intereses directos en los asuntos que se deciden sino que su actuación parece quedar al margen de todo parámetro de objetividad y transparencia.

La participación nada tiene que ver con la apropiación del interés general en beneficio propio. Y de ello tan responsable es quien lo hace como quien lo permite.

PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, MARCELINO IGLESIAS.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009.

Tal y como anunciábamos en días pasados, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy al Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitarle que promueva la creación de una Comisión Parlamentaria dedicada al estudio de las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa.

El liderazgo político de la Comunidad Autónoma que corresponde al Presidente Marcelino Iglesias aconseja que sea él quien impulse dicha iniciativa, sin perjuicio de que el ámbito parlamentario, por su pluralismo y representatividad, se considere el entorno idóneo para debatir las medidas necesarias para reforzar el comportamiento ético de las instituciones.

Para un buen funcionamiento de las instituciones no basta la ética de las personas, sino que es necesario que el diseño y funcionamiento de las instituciones en las que se integran las personas se ajuste a las exigencias de legalidad, transparencia, ética y control, algo en lo que nuestra Comunidad Autónoma se halla manifiestamente por debajo de los estándares establecidos en la Administración General del Estado. Como ejemplo de ello, puede citarse el deficiente régimen de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma o la falta de puesta en funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, creada por Ley en 2001.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la petición formulada al Presidente de la Comunidad Autónoma:


“Zaragoza, 31 de marzo de 2009.

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
50071-ZARAGOZA

Estimado Señor:

En fechas recientes, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón una petición, al amparo del Reglamento de las Cortes de Aragón, solicitando a dicho órgano parlamentario la creación de una Comisión especial de estudio, destinada a la elaboración de unos principios de conducta ética exigibles en el conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, con los que garantizar y controlar que el ejercicio de todos los cargos públicos se realice conforme a las exigencias de buen gobierno y buena administración, asegurando el servicio objetivo al interés general y reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Consideramos que las Cortes de Aragón, al ser la institución que representa a todos los aragoneses, constituyen el ámbito más adecuado para un debate abierto y sereno sobre las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa y evitar que los principios de legalidad y de servicio público puedan ceder ante intereses personales, lícitos o ilícitos, menoscabando con ello el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y defraudando las expectativas depositadas por los ciudadanos en los responsables de las diferentes instituciones.

En atención a su condición de Presidente de la Comunidad Autónoma, y como representante máximo de la misma, entendemos que le corresponde impulsar dicha iniciativa a favor del mejor funcionamiento institucional, por lo que, con el máximo respeto y con la plena confianza en que la Mesa de las Cortes de Aragón considerará positivamente la petición formulada, le solicitamos su apoyo expreso a la constitución de dicha Comisión, pues una decisión de dicha naturaleza contaría con el destacado antecedente de la Comisión Nolan, constituida en 1995 en el Reino Unido para la regeneración de la vida pública por iniciativa del entonces primer ministro John Mayor.

Agradeciéndole su atención, reciba nuestro más respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.

LA CORRUPCIÓN IRRUMPE EN LA AGENDA ARAGONESA

Zaragoza, 31 de marzo de 2009.

La investigación judicial abierta sobre la posible corrupción en el desarrollo urbanístico del municipio de La Muela, pese a la lamentable realidad que viene a poner de manifiesto, aporta indudables signos positivos para los ciudadanos, o al menos así lo consideramos desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

En primer lugar, la acción de la justicia, por la contundencia con la que ha irrumpido en el escenario aragonés, ha acabado de un plumazo con la cultura de la impunidad en la que parecía haberse instalado una parte de los responsables políticos y gestores públicos y privados de nuestra Comunidad Autónoma. No hace mucho tiempo, las denuncias por vulneración de la legalidad en materia de función pública, realizadas por miembros de esta Asociación ante la Comisión de Peticiones y de Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, eran calificadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en dicha Comisión como meras “opiniones”, señalando que las ilegalidades las declaran los jueces en sus sentencias. Hasta entonces, las denuncias de ilegalidad son meras “opiniones”. Creemos que, a partir de ahora, los responsables políticos deberán ser más receptivos a quienes alertamos a las instituciones de las quiebras de la legalidad, si realmente se sienten comprometidos con los principios del Estado de Derecho y la ética pública. Los que desoyen las alertas y sólo atienden a las sentencias de los Tribunales tendrán que afrontar la traumática sanción penal que no supieron o no quisieron evitar.

Este primer efecto de la actuación judicial a la que asistimos –la desaparición del sentimiento de impunidad de los políticos y gestores corruptos- es, sin duda, el más valioso de todos, pues ha de contribuir a restaurar en nuestra vida pública el respeto a las reglas, la honestidad, la transparencia y la responsabilidad. Resulta muy saludable y pedagógico –enormemente gratificante para los ciudadanos- que el Estado de Derecho, a través del Poder Judicial, sancione y retire de la acción política a quienes han incumplido su primer deber como cargos públicos, consistente en actuar con sujeción a las leyes , al derecho y al servicio del interés público.

Conviene recordar que la democracia es un sistema de autogobierno, donde los ciudadanos son gobernados por leyes –como expresión de la voluntad general- y no por personas –cuyas decisiones no se someten a reglas o límites-. En consecuencia, no resulta admisible que quien gobierne pretenda hacer prevalecer sus decisiones sobre las leyes que vienen a asegurar el interés general o garantizar los derechos de los ciudadanos. Ejemplos de esta actitud se han señalado muchos desde esta Asociación, sin resultado alguno en la mayor parte de los casos, pero la experiencia ahora vivida podría motivar algún cambio en esta actitud de nuestros responsables públicos.

En segundo lugar, la investigación judicial iniciada, al margen de las responsabilidades concretas que establezca por hechos delictivos que resulten probados, fuerza a todos a tomar posición ante una realidad –la corrupción, el abuso o el fraude cometido o consentido desde las instituciones- que ya no puede ser negada ni ignorada. Los responsables políticos no pueden mirar hacia otro lado o refugiarse en el mutismo, como si no quisiesen darse por enterados de que la corrupción es a ellos a quienes más afecta y que su responsabilidad pública les exige reaccionar de forma decidida frente a algo que deslegitima su función. Haber sido elegidos por los ciudadanos en modo alguno les faculta para actuar sin respeto a las leyes. La legitimad democrática del origen del poder, por el hecho de haber sido elegido por los ciudadanos, no basta. A dicha legitimidad de origen ha de añadirse la legitimidad de ejercicio, la cual sólo puede preservarse si el poder se ejerce respetando las exigencias del Estado de Derecho.

Gobernantes electos, al margen del apoyo recibido en las elecciónes, serán inhabilitados o encarcelados si ejercen el poder de forma ilícita y contraria a las leyes. No hay posibilidad de invocar el origen del poder –el respaldo electoral obtenido o renovado- como defensa frente a la ilegitimidad de su ejercicio –la corrupción, el abuso o el fraude en que incurra el gobernante electo-. Precisamente , el Estado de Derecho se dota de mecanismos que permiten retirar de la acción política a quienes burlan las reglas del juego, a quienes olvidan el sentido de las instituciones y pervierten su función.

La reacción del Estado de Derecho frente a las tramas corruptas del poder debe generar una innegable satisfacción en el conjunto de la ciudadanía. Cuando el sistema político, con sus mecanismos de control, es capaz de reaccionar con contundencia frente a corrupciones como la aflorada en Aragón, la única reacción posible es de orgullo y profunda satisfacción. El triunfo de la justicia sobre la corrupción es la afirmación de la dignidad de los ciudadanos frente a la ambición y codicia de quienes –desde el poder político o económico- desprecian reglas y límites y degradan con su comportamiento los mismos fundamentos de la sociedad democrática.

La justicia, al depurar el funcionamiento de las instituciones democráticas que han cedido a la tentación de la corrupción, devuelve a los ciudadanos el poder que ilegítimamente se les había usurpado por los corruptos. El poder de establecer las normas y el de exigir su respeto y cumplimiento. También el poder de sancionar a quienes las vulneren, en particular si lo hacen con abuso de la confianza otorgada por los propios ciudadanos. La corrupción ha de considerarse una traición a la democracia y debe ser sancionada por los jueces, para recordar que quien desee gobernar en democracia sólo lo puede hacer con plena sujeción al Estado de Derecho.

Por lo tanto, hechos como los sucedidos en Aragón nos obligan a todos a tomar conciencia de la situación y a actuar en consecuencia. Frente a la corrupción pública, sea política o administrativa, sólo cabe la condena. Inhibirse frente a ella es tolerarla y contribuir a su extensión o afianzamiento. La salud democrática de una sociedad exige combatir la corrupción de manera inequívoca. Precisamente, la sensación vivida en el seno de la Administración autonómica de creciente relajación frente al incumplimiento de las normas y el abuso de poder nos llevó a un grupo de funcionarios a crear la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, con el fin de promover el respeto a la legalidad y a la ética pública e impulsar medidas a favor del buen gobierno y la buena administración.

Nuestras denuncias o alarmas ante la situación fueron, con carácter general, ignoradas o desatendidas. O fueron tildadas de “opiniones”, señalándose que la ilegalidad la declaran los jueces. Lo que, probablemente, no entraba en los cálculos de quienes así reaccionaron a las advertencias de esta Asociación -algunas formuladas ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón- es que la reacción judicial, ante la gravedad de la situación, iba a actuar con la contundencia con la que lo está haciendo.



Puede ser una opinión más, a la que no es necesario prestar atención, pero estamos convencidos de que en Aragón nada va a ser igual , y que la inmensa mayoría de los ciudadanos celebra que, por fin, el Estado de Derecho haya reaccionado frente a una práctica política que amenazaba a la raíz misma de nuestra dignidad y nuestra libertad como ciudadanos.

Para concluir , y al igual que la mayor parte de las instituciones, organizaciones, entidades y ciudadanos de Aragón, esta Asociación se siente también en la necesidad y en la obligación de reflexionar sobre la corrupción pública en Aragón, para proseguir así en su compromiso de defensa de los valores constitucionales dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma.

PETICIÓN DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE ESTUDIO PARA REFORZAR LA ÉTICA INSTITUCIONAL EN ARAGÓN.

Zaragoza, 28 de marzo de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón una petición, al amparo del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar a dicho órgano parlamentario la creación de una Comisión especial de estudio, destinada a la elaboración de unos principios de conducta ética exigibles en el conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, con los que garantizar y controlar que el ejercicio de todos los cargos públicos se realice conforme a las exigencias de buen gobierno y buena administración, asegurando el servicio objetivo al interés general y reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El ámbito parlamentario, en el que se hallan representados todos los aragoneses, constituye el espacio más adecuado para un debate abierto y sereno sobre las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa y evitar que los principios de legalidad y de servicio público puedan ceder ante intereses personales, lícitos o ilícitos, menoscabando con ello el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y defraudando las expectativas depositadas por los ciudadanos en los responsables de las diferentes instituciones.

Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro del escrito de petición formulado:

“Mesa de las Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Me dirijo a ese Parlamento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que por parte de esa Mesa, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se proponga al Pleno de la Cámara la creación de una Comisión parlamentaria especial de estudio, con el fin de precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público. Asimismo, por dicha Comisión deberían formularse las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma.

Esta Asociación se dirigió a ese órgano parlamentario, con fecha 26 de noviembre de 2007, para solicitar el impulso de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, petición que, lamentablemente, fue archivada por dicho órgano.

Pese a ello, y ante la incontestable deficiencia de las instituciones de control que padecen numerosas Administraciones, entre ellas nuestra Comunidad Autónoma, cuya más grave manifestación son el objeto de las investigaciones judiciales sobre la presunta trama de corrupción asociada al desarrollo urbanístico del entorno de la ciudad de Zaragoza, entendemos más necesario que nunca que el Parlamento aragonés adopte, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa como la formulada en nuestra petición, tendente a impulsar las medidas que exige la regeneración de la vida pública aragonesa, tomando como ejemplo las experiencias desarrolladas en otros países de nuestro entorno.

Creemos que las Cortes de Aragón, como institución que representa a todos los aragoneses, es el ámbito adecuado para que se lleve a cabo una deliberación pública serena pero rigurosa sobre las medidas políticas y normativas precisas para reforzar el compromiso con los valores constitucionales del conjunto de la organización institucional autonómica, restableciendo con ello la confianza de los ciudadanos en el quehacer de las instituciones públicas.

Por todo ello, entendemos oportuno efectuar esta petición a ese órgano parlamentario, en la seguridad de que las Cortes de Aragón constituyen el espacio público e institucional apropiado para ello.

Agradeciendo la atención prestada a nuestro escrito de petición, quedamos a su entera disposición.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.

PRIMERA REUNIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: SE ACUERDA IMPUGNAR LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2009.

Zaragoza, 27 de marzo de 2009.

El martes 24 de marzo por la tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la primera reunión de la nueva Junta Directiva de la Asociación, tras la renovación parcial de su composición en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado día 3 de marzo.

Tras la constitución formal de la nueva Junta, y de acuerdo con el orden del día propuesto por el Presidente, se pasó a analizar el proyecto de Oferta de Empleo Público para 2009, elaborado por el Gobierno de Aragón, entendiendo que los términos de la misma, en lo realtivo a los puestos correspondientes a Administración General, no se ajustan ni a las necesidades de personal de la Administración autonómica ni a las exigencias legales en materia de selección de personal de nuevo ingreso, limitando de forma arbitraria el derecho fundamental de los ciudadanos para acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española.

De acuerdo con ello, se adopta, por unanimidad de todos los presentes, la decisión de impugnar judicialmente dicha Oferta, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, alegando las razones que ya motivaron la impugnación judicial de la Oferta de 2007, todavía pendiente de sentencia. Asimismo, se acordó reclamar nuevamente a los responsables de función pública el establecimiento de un procedimiento objetivo de designación de los miembros de los Tribunales, conforme a la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón al Departamento de Presidencia, y pedir que en modo alguno se designen vocales en dichos órganos por organizaciones sindicales que realicen actividades de preparación de opositores.

Asimismo, la Asociación va a analizar la estructura de los procesos selectivos del personal docente, con el fin de solicitar que la fase de concurso se pondere de forma que no imposibilite o dificulte de forma no razonable el acceso a la función pública de quienes no hayan ejercido funciones como funcionario docente interino, evitando con ello que el ejercicio como interino se convierta en una condición necesaria para la superación de los procesos selectivos, dada la utilización del procedimiento de concurso-oposición.

Posteriormente, se analizaron las medidas necesarias para ejecutar diferentes decisiones adoptadas en la Asamblea Ordinaria de 3 de marzo, como son: la convocatoria de las reuniones de la junta directiva de forma abierta, con la posible participación, con voz pero sin voto, de aquellos socios que deseen asistir a las mismas; la puesta en funcionamiento de un foro electrónico de debate sobre temas de función pública, vinculado al actual blog de la Asociación; y la celebración de coloquios públicos sobre temas de interés sobre gestión pública, acordándose la oportunidad de iniciar dicha actividad con la celebración, el próximo mes de abril, de un primero coloquio sobre el tema “Función Pública y Corrupción”, para el cual se intentaría contar con un experto en derecho administrativo.

Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas, el Presidente informó de las diferentes entrevistas que le habían solicitado desde distintos medios de comunicación, con motivo de la postura expresada por la Asociación sobre la necesidad de que el Gobierno de Aragón adopte medidas de prevención respecto a la corrupción pública, valorándose igualmente, al hilo de los sucesos del Ayuntamiento de La Muela, la oportunidad de solicitar una revisión de la composición de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, mediante escrito de petición dirigido al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

QUEJA ANTE EL JUSTICIA DE ARAGÓN FRENTE AL PRESIDENTE DE LA DPZ, JAVIER LAMBÁN, POR FALTA DE RESPUESTA A UNA PETICIÓN SOBRE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.

Zaragoza, 23 de marzo de 2008.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió el 12 de noviembre de 2008 al Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, para solicitarle el impulso de un Código de Buen Gobierno, en el que se estableciesen los principios que habían de regir la conducta de los responsables de carácter político de la Administración provincial, a semejanza del aprobado en 2005 por el Gobierno de España para sus miembros y los altos cargos de la Administración General del Estado.

Los fenómenos de corrupción política y administrativa que habían afectado a diferentes ayuntamientos del país -Marbella, Madrid, Coslada, Estepona, etc- hacían necesario y oportuno, a nuestro juicio, que todos los niveles de gestión pública, y en especial aquellos que se hallan más próximos a los ciudadanos, como es el caso de la Administración local, tanto municipal como provincial, asumiesen como elemento rector de su actividad un conjunto de criterios éticos claramente visibles para los ciudadanos.

Dichos Códigos de Buen Gobierno, dirigidos a los miembros de los órganos de gobierno y responsables políticos de la Administración local, constituían un complemento imprescindible al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público para el conjunto de servidores públicos de todas las Administraciones Públicas, incluidas las de todas las entidades locales, y han de permitir extender el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración local.

No obstante el tiempo transcurrido desde la presentación de tal petición, el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán, ni ha acusado recibo de tal petición ni ha dado la respuesta razonada que exige la Ley Orgáncia 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.

Lamentablemente, ante dicho incumplimiento por falta de respuesta, lo que constituye una vulneración del derecho fundamental de petición, esta Asociación se ha visto en la necesidad de formular la oportuna queja ante el Justicia de Aragón, a fin de que ésta institución le requiera el necesario respeto a dicho derecho fundamental y, en consecuencia, la emisión de la obligada respuesta.

No es desde el mutismo a la petición de medidas que refuercen la ética pública de las instituciones como cabrá combatir de forma eficaz y creíble la corrupción pública, tanto política como administrativa, que se ha puesto de manifiesto en nuestra Comunidad Autónoma con la actuación judicial motivada por la supuesta corrupción que ha acompañado al desarrollo urbanístico del municipio zaragozano de La Muela.

Sorprende enormemente, por otra parte, que precisamente la alcaldesa de La Muela fuese representante de la Diputación Provincial de Zaragoza en la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza. Es muy probable que si la Diputación Provincial de Zaragoza se hubiese dotado de un Código Ético como el propuesto dicha designación no se hubiese producido nunca.

PETICIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO AL PRESIDENTE IGLESIAS

Zaragoza, 22 de marzo de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a dirigirse al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle, al amparo del derecho fundamental de petición, la aprobación de un Código de Buen Gobierno en el que se recojan los principios éticos a los que han de ajustar su conducta los miembros del Gobierno de Aragón y los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Como ya hizo esta Asociación en noviembre de 2007, al plantear tal petición ante las diferentes instituciones aragonesas, dicho Código de Buen Gobierno, similar al aprobado por el Gobierno de España en el año 2005, debiera subrayar el compromiso ético de los responsables del Gobierno autonómico ante los ciudadanos, señalando de forma visible los criterios y principios que han de presidir su actuación pública, como son los de objetividad, integridad, responsabilidad, credibilidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez.

Un liderazgo político comprometido con los valores éticos es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública y en la sociedad y prevenir los posibles fenómenos de corrupción.

No cabe ejercer ninguna acción de gobierno valiosa en democracia si no se halla decididamente asentada en un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Cuando, como era inevitable, empieza a aflorar la corrupción que había arraigado en diferentes ámbitos de nuestra Comunidad Autónoma, desde las instituciones públicas debería emitirse, por sus máximos responsables, un claro mensaje de compromiso con los valores éticos de la democracia y del Estado de Derecho, adoptando para ello las medidas necesarias para asegurar y reforzar una gestión pública de los intereses generales presidida por la objetividad , la integridad y la transparencia.

La oportunidad para reforzar dicha transparencia y control efectivo la brinda la actual tramitación en las Cortes de Aragón del proyecto de ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Con este motivo, esta Asociación se dirigió a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para que en el proyecto de ley se incorporasen medidas de buen gobierno, transparencia y control de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y un régimen de conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración autonómica equiparable al establecido por el Gobierno de España para la Administración General del Estado.

Todos debiéramos estar atentos al resultado, pues en él se apreciará si hay voluntad real o no de combatir la corrupción pública.

La sanción de la corrupción corresponde, evidentemente, a la Justicia, pero su prevención no, más allá del efecto disuasorio de las condenas que dicte. Quien se sienta verdaderamente comprometido con la lucha anticorrupción sabe que el papel de los jueces es fundamental e insustituible, pero que su intervención sólo se produce cuando todos los demás mecanismos -administrativos y parlamentarios- han fallado.

Al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón incumbe una responsabilidad directa en la prevención y corrección de la corrupción pública, tanto política como administrativa, y sólo desde el cumplimiento de tal responsabilidad cabe otorgar credibilidad a sus declaraciones de respeto a la acción de la Justicia.

¿Queremos remediar verdaderamente los enormes déficits y carencias de nuestros mecanismos de control para que casos como el de La Muela no puedan volverse a producir en el futuro?.

No basta colaborar con la Justicia, como se afirma por los responsables del Gobierno.

Es preciso un programa de lucha contra la corrupción,cuya aplicación no incumbe a la Justicia sino al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón. Ese es el verdadero desafío y el deber que corresponde a todo equipo de gobierno frente a los ciudadanos en este momento.

CONVERSIÓN Y DILEMA DE LOS SINDICATOS: ¿DEFENSA O CRÍTICA DE LA OFERTA DE EMPLEO? ¿ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O SUBIDAS SALARIALES?.

Zaragoza, 21 de marzo de 2009.

Quien tenga un mínimo conocimiento de los argumentos esgrimidos por los sindicatos de la Administración aragonesa, en su sorprendente alineamiento con el Gobierno de Aragón para defender la Oferta de Empleo Público de 2007, cuando fue impugnada judicialmente por esta Asociación, no podrá dar crédito a sus actuales críticas a la propuesta de Oferta de Empleo Público para 2009.

Esos mismos sindicatos que defendieron la, a nuestro juicio, ilegal Oferta de 2009 y que pactaron, sin reparo de ningún tipo, la no aprobación de Oferta en 2008, se ven ahora desagradablemente sorprendidos por la pretensión de la Administración de aprobar una oferta “testimonial” para 2009, cuyos números producen rubor a cualquier persona que conozca la realidad de la función pública aragonesa.

Quienes en su día defendieron, frente a las tesis de esta Asociación, la potestad de autoorganización de la Administración para apreciar las necesidades de personal de nuevo ingreso no parecen ya muy convencidos de sus argumentos, puesto que critican sin matiz alguno la decisión adoptada por la Administración en el ejercicio de sus potestades.
Olvidaron entonces que el ejercicio de toda potestad debe hacerse con sometimiento a la legalidad, y aquella Oferta, al igual que la que ahora se critica, no incluía las plazas que exigían y exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, los sindicatos de la administración aragonesa parecen haber abandonado sus peregrinas tesis sobre las plazas que han de contenerse en una oferta de empleo público.

No obstante, si fueran coherentes con lo que ahora proclaman, deberían desistir de su oposición a nuestra demanda judicial contra la Oferta de 2007 –todavía pendiente de juicio- y dejar de respaldar con ello al Gobierno de Aragón. No es previsible, sin embargo, que lleven a cabo un acto tan elemental de coherencia.

En tiempos de crisis, invocan la legalidad aplicable a la oferta de empleo, por entender que el derecho fundamental de acceso al empleo público, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, ha de salvaguardarse en los momentos de mercado laboral precario. Los derechos fundamentales debieran respetarse en todo momento, haya crisis o no, pues lo contrario convertiría a la coyuntura económica en un motivo o excusa para la suspensión de derechos de los ciudadanos. ¿Se han reducido en alguna medida los liberados sindicales a causa de la coyuntura económica? Es un dato que debieran facilitar los sindicatos para que sepamos cuál es su esfuerzo real o contribución para paliar los efectos de la crisis en el empleo público.

En tiempos de bonanza, los sindicatos olvidaron los objetivos de empleo público, de estabilidad y de respeto del derecho de acceso para centrar sus reivindicaciones en subidas salariales, incrementando permanentemente el volumen de gastos de personal –sin que ello llevase aparejado nunca mayor calidad en el trabajo ni mejores servicios a los ciudadanos-, incrementos que han ido lastrando a la Administración autonómica y han generado una cultura administrativa radicalmente ajena a valores de solidaridad, responsabilidad, buen desempeño o logro de objetivos.

Pero lo peor y más grave de esa estrategia es que se promovieron medias salariales contrarias a la legalidad presupuestaria y al régimen retributivo vigente en las Administraciones Públicas. Al fraude de la Administración en la oferta de empleo público los sindicatos añadieron el fraude en las retribuciones de los empleados públicos, contribuyendo con ello a la perversión del régimen de personal y reduciendo a la nada el valor de la legalidad.

Unos sindicatos que primaron, al margen de toda fundamentación legal, subidas salariales para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma contrarias a la legislación básica –como ocurre con la cláusula de revisión salarial pactada en 2004 y aplicada en diferentes ejercicios- y a la legalidad retributiva –cómo es posible justificar el pago de un anticipo a cuenta de la futura carrera profesional, cobrar por algo hipotético y desconocido, resultado del acuerdo de la mesa sectorial de administración general de 13 de agosto de 2008-, califican ahora de antisocial la Oferta de Empleo Público prevista para 2009, porque el Gobierno no apuesta por el empleo.

¿Nadie había pensado que incrementar el coste del personal fijo de plantilla sólo podría hacerse mediante la supresión de personal temporal? En la tramitación de las leyes de presupuestos, quien propone el incremento de una partida –como es el caso de los sueldos de los funcionarios con una determinada antigüedad- debe señalar qué otro gasto se ha de minorar para financiar el incremento pretendido. ¿Sabemos quién ha pagado, con la merma de sus posibles derechos, el ilegal incremento retributivo promovido por los sindicatos y asumido por el responsable del Departamento de Presidencia? ¿De dónde se retiró el dinero para pagar un gasto que no estaba presupuestado ni autorizado por las Cortes de Aragón?.

Es evidente que, en el acuerdo de todos, estaba el hecho de que los incrementos retributivos de unos –los fijos- supondrían el desempleo de otros –los temporales o interinos-, lo que supone, sin duda, un maravilloso ejemplo de “solidaridad” en tiempos de crisis.

La estrategia sindical en retribuciones de los empleados públicos no sólo parece prescindir de criterios básicos de equidad con la situación que viven millones de empleados en el sector privado, sino que ni siquiera internamente se ha cuidado una estrategia para preservar los puestos de trabajo del personal temporal. Acaso porque esos puestos no eran sino las dotaciones económicas imprescindibles para financiar el incremento de los afortunados que gozaban de empleo estable.

Pues bueno, una vez puesta en marcha dicha dinámica de insolidaridad y de quiebra de la legalidad, ahora cuesta trabajo prestar credibilidad a las críticas que los sindicatos realizan a la Oferta de Empleo Público para 2009.

En breve plazo tendrán la oportunidad de acompañar a esta Asociación en su impugnación judicial a la Oferta que apruebe el Gobierno, pues las razones que nos llevaron a impugnar la aprobada en 2007 son las mismas que nos llevarán a impugnar la de 2009, así como para denunciar ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo la falta de aprobación de oferta en 2008, vulneración de la ley avalada por el acuerdo de alguno de los sindicatos que ahora tanto denostan el proceder del Gobierno.

VIGENCIA Y URGENCIA DE LA ÉTICA PÚBLICA.

Zaragoza, 19 de marzo de 2009.

Los recientes acontecimientos que han ocupado las primeras páginas de la prensa aragonesa vienen a confirmar la necesidad de que el conjunto de las instituciones públicas aragonesas –sin distinción- adopten las necesarias medidas de prevención y corrección de la corrupción pública.

La credibilidad de los responsables políticos, como puede apreciarse en este momento en cualquier medio de comunicación, queda muy seriamente debilitada, al margen de aciertos o errores en la gestión, por la falta de compromiso expreso con los criterios éticos de comportamiento en el ejercicio de sus funciones públicas.

Esta Asociación, desde el momento de su formalización, ha tratado de impulsar ante el conjunto de las instituciones aragonesas la implantación de Códigos de Buen Gobierno, similares al establecido en 2005 por el Gobierno de España, con el fin de asegurar tanto la buena gestión de los intereses públicos como la necesaria confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.

La respuesta del conjunto de las instituciones a nuestra petición puso de manifiesto la carencia de impulso ético por parte de los diferentes responsables institucionales, quienes se limitaron a archivar tal propuesta, como fue el caso de la Mesa de las Cortes de Aragón, o ni siquiera se molestaron en responder a nuestra petición, como el Presidente del Gobierno de Aragón, a pesar de haberse formulado en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.

Esta Asociación,frente a la constatada pasividad de los responsables políticos en la lucha contra la corrupción, va a seguir impulsando la adopción de iniciativas para la prevención y la corrección de la corrupción, conforme a lo que señala la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006.

Algunos políticos parecen haber dejado la labor anticorrupción en las manos exclusivas de jueces y fiscales, lo que resulta particularmente grave para la salud democrática de nuestras instituciones.

En la Asociación seguimos considerando que el primer compromiso de todo responsable político, en cualquiera de los niveles territoriales de gobierno, es el de garantizar a los ciudadanos que la gestión pública se atiene a la estricta legalidad y persigue únicamente el interés público.

El compromiso de los servidores públicos con la legalidad y el interés general debiera ser la primera garantía del correcto funcionamiento del Estado de Derecho y el más poderoso anticuerpo contra la permanente amenaza de la corrupción.

Debilitar los valores de la función pública, como ha venido haciendo el Gobierno de Aragón con su inadecuada política de personal, no puede producir otro resultado que dejar inerme a la Administración Pública aragonesa frente a fenómenos de abuso de poder y corrupción pública, tanto política como administrativa.

Ante algunas de estas manifestaciones ha tratado de reaccionar esta Asociación, mediante acciones judiciales o peticiones a los órganos de control o a través de la denuncia pública a los medios de comunicación.

No produce ninguna satisfacción que las informaciones recientes sobre el Ayuntamiento de La Muela –que puede ser considerado el paradigma de una forma de entender las tareas de gobierno- vengan a confirmar nuestra preocupación por la carencia de comportamientos éticos de algunos responsables institucionales, algo que muchos prefieren seguir ignorando.

Sería oportuno que las instituciones dejen de estar a la defensiva frente a la imparable exigencia de respeto a las reglas y liberen todo el lastre que sea preciso para devolver a la gestión de los asuntos públicos la dignidad que le corresponde.

Si se recupera la necesaria exigencia ética, el ejercicio de la política volverá a ser sinónimo de servicio y no de simple afán de poder o de lucro.