Zaragoza, 1 de abril de 2009.
El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja formulada por esta Asociación ante la falta de aprobación, por el Gobierno de Aragón, de Oferta de Empleo Público en el año 2008, con la que atender las necesidades de personal de nuevo ingreso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y garantizar así el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.
Pese a las altas tasas de interinidad que padece la Administración autonómica y a la acumulación de varios ejercicios en que se ha incumplido por el Gobierno de Aragón la obligación legal de aprobar Oferta anual de Empleo Público -dicha falta de aprobación se produjo en los años 2001, 2002, 2005 y 2006-, el pasado año 2008 concluyó también sin que el Gobierno de Aragón aprobase la Oferta de Empleo Público correspondiente.
El acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad es un derecho fundamental de los ciudadanos que no puede quedar a merced de decisiones arbitrarias del Gobierno de Aragón ni de pactos entre Administración y Sindicatos que no respeten su pleno ejercicio. Por ello, esta Asociación formuló, frente a la Oferta de Empleo Público de 2007, recurso especial de protección de derechos fundamentales, desestimado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y pendiente de que el Tribunal Supremo falle el recurso de casación planteado. Lógicamente, si no incluir el total de plazas a que obliga la Ley ha de considerarse una vulneración del derecho de acceso al empleo público, mucho más lo será la no aprobación siquiera de Oferta de Empleo Público.
Además de la vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos, la política de selección de personal seguida por este Gobierno de Aragón está contribuyendo de un modo destacado al creciente debilitamiento de la profesionalidad de la función pública aragonesa, pues el correcto desempeño de las funciones públicas se ve directamente afectado por la provisionalidad que genera la falta de funcionarios de carrera debidamente seleccionados –puesta de manifiesto por el alto número de interinidades y de comisiones de servicios existentes-, a lo que viene a añadirse, además, la irregular utilización del personal de empresas públicas para realizar tareas que corresponden a funcionarios públicos.
Una mala política de selección de personal, como la seguida por el Gobierno de Aragón, incide negativamente en la calidad de la función pública, debilitando su profesionalidad y su eficacia , haciéndola más vulnerable a las presiones de quienes pretenden hacer prevalecer sus intereses sobre el interés general.
La fortaleza de una función pública y su compromiso con la legalidad no puede confiarse sólo a la ética de las personas, sino que debe reforzarse con las garantías que establece el ordenamiento jurídico. Debe recordarse una vez más que la inamovilidad de los funcionarios no persigue otra finalidad que la de asegurar el correcto cumplimiento de sus funciones frente a presiones de cualquier naturaleza.
Esta Asociación considera que no es razonable ni admisible que sea el propio Gobierno de Aragón, con su política de personal, el responsable del deterioro de la Administración de la Comunidad Autónoma, posibilitando con ello el incremento de las irregularidades en el funcionamiento de los servicios públicos, y va aseguir haciendo frente a esta situación con todos los medios legales posibles..
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
13 comentarios:
Bien me parece que se acuda a los tribunales en defensa de una de las normas más básicas de la función pública.
Magnífica labor, extraordinario esfuerzo el desarrollado, a pesar de la pasividad generalizada.
Ayer viernes se publicó en el BOA la Oferta de Empleo Público de 2009 para la DGA, cuya preámbulo no tiene desperdicio. Leedlo con atención, por favor, y espero que saquéis alguna conclusión de la pérdida de norte total por parte de los responsables de función pública.
Quien no vea la gravedad del impacto de la política de selección en la calidad de la función pública aragonesa es que está ciego.
Seguid así, que hace mucha falta tanto en la administración pública como en la propia sociedad aragonesa.
Es penoso el balance del actual Director General de la Función Pública, y la cosa sólo va de mal en peor.
llama la atención el tono de los comentarios que afloran con las noticias publicadas en la prensa aragonesa: si los políticos los leyeran verían hasta qué punto es necesario revisar a fondo sus pautas de conducta.
Veo una noticia publicada hoy en Heraldo sobre el director del CIAMA, y en verdad me parece que es un asunto serio si de verdad se encomienda la dirección de un centro público a una persona ajena a la función pública. Así nos cargamos la Administración poco a poco y cada vez se va más lejos en el atropello a la legalidad.
Tomado de los comentarios a las noticias de El Periódico de Aragón:
Epícteto y kió podeís leer en www.aragondigital.es,en la Sección Sociedad,lo siguiente.
"La Asociación para la Defensa de la Función Pública solicita la investigación del puesto de Director del CIAMA"
Allí le dan al Boné,al CIAMA,a SODEMASA y bién dado. La veda está abierta.
Reacción del Departamento de Medio Ambiente:
El Departamento de Medio Ambiente ha aclarado este lunes una información publicada a raíz de una nota de prensa divulgada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública en la que se criticaba que el director del Ciama no fuera personal funcionario. Desde el Departamento lo desmienten y explican que “el Ciama es un Servicio de la Secretaría General Técnica del Departamento. Por tanto, el director del Ciama es siempre el jefe de servicio correspondiente que ha de ser funcionario de carrera”.
Asimismo, aclaran que la persona mencionada en la nota de prensa de la asociación “no es por tanto director del Ciama, como erróneamente dice la asociación, sino un titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”, concluyen.
Detecto un parón por la semana santa, ¿no?. Vale, pero luego hay que retomar la causa con energía, para que no nos pille el verano templando el instrumento...
Esto leo en el blog de Javier Pinazo:
Uno lee la prensa y encuentra noticias recientes tales como que la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa reclama un Código de Buen Gobierno En n el que se recojan los principios éticos a los que han de ajustar su conducta los miembros del Ejecutivo autonómico y los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón - similar al aprobado por el Gobierno de España en el año 2005 . en los que se subraye el compromiso ético de los responsables del Gobierno autonómico ante los ciudadanos, señalando de forma visible los criterios y principios que han de presidir su actuación pública, como son los de objetividad, integridad, responsabilidad, credibilidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez.
Visto lo visto y oído lo oído por doquier y en la diversidad de las tierras y pueblos de España, uno quisiera ver ese código para nuestra Comunidad valenciana y para el resto de Administraciones Públicas que ordena los diferentes poderes públicos de España, ya que como recoge la citada asociación, exigir responsables de la corrupción corresponde a la Justicia, pero la prevención de estos es responsabilidad de los que Gobiernan, y no podemos gastar tiempo y dinero en comisiones de investigación, utilización de los servicios jurídicos a tales fines, cuando se necesitan todos los esfuerzos públicos en resolver problemas que afectan a los ciudadanos.
¿Hasta dónde llegan los ecos de la actividad de esa Asociación? Parecen que se van difundiendo poco a poco por la blogosfera.
Hay que seguir insistiendo en la legalidad en materia de selección de personal, sin que la Administración pueda imponer una política de hechos consumados.
¿No hay nadie de guardia estos días?
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