Un
año más va a llegar el mes de octubre, y lo que era imaginable parece que se va
a confirmar, pues el nuevo Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, va
a incumplir la obligación estatutaria de remitir el Proyecto de Ley de
Presupuestos de la
Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón antes del 1 de
octubre.
Parece
como si el Gobierno quisiera continuar las prácticas o pautas de actuación
contrarias a la legalidad en las que incurrió el anterior Gobierno de Luisa
Fernanda Rudi –que nunca cumplió el plazo marcado por el Estatuto de Autonomía
de Aragón-, al tiempo que formula propuestas de regeneración democrática,
desconociendo que el primer signo de salud democrática es el cumplimiento de la
ley. El nuevo Gobierno de Aragón parece considerar –como su predecesor- que los
plazos marcados por el Estatuto de Autonomía para remitir los Presupuestos al
Parlamento autonómico resultan meramente orientativos, de manera que su respeto
o cumplimiento queda a mercer de la voluntad del Gobierno.
Débil
convicción del sometimiento a las normas la de un Gobierno que no tiene
inconveniente en incumplir, en su primera oportunidad, las obligaciones que le
impone el Estatuto de Autonomía de Aragón, incurriendo con ello en las mismas
prácticas criticables de su predecesor, como si la ilegalidad hubiese pasado a
ser una cultura compartida por las diferentes fuerzas políticas de nuestra
Comunidad Autónoma, sin importar el signo político del Gobierno. No podemos
aceptar, ni ahora ni antes, la pretensión de algunos titulares de las
instituciones aragonesas de contar, entre sus prerrogativas, con la facultad de
vulnerar la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.
Lo
propio de un Estado de Derecho es el sometimiento de todos los poderes públicos
al ordenamiento jurídico. El hecho de que las propias instituciones de la Comunidad Autónoma
resulten incapaces de respetar las obligaciones que establece el Estatuto de
Autonomía de Aragón es suficientemente elocuente del estado de salud
democrática de nuestra Comunidad Autónoma.
Desde
esta Asociación volvemos a poner de manifiesto, una vez más, aunque no produzca
efecto alguno, el incumplimiento legal en el que incurre el Gobierno de Aragón,
al no presentar en plazo el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón ante las Cortes de Aragón. Y lo hacemos por una razón muy sencilla:
porque lo último que pueden admitir los ciudadanos en un sistema democrático, y
menos aún los servidores públicos de sus instituciones, es que los responsables
políticos se desvinculen de sus deberes legales, haciendo prevalecer su
voluntad arbitraria sobre los mandatos del ordenamiento jurídico. No es posible
aceptar que siga fomentándose, desde ninguna instancia pública, la cultura de
la ilegalidad.
6 comentarios:
Cambian los gobiernos, pero persisten los incumplimientos.
Poca regeneración se está viendo de momento.
Podría hacer más de lo que hago, pero ni me lo pagan ni me apetece: “La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia” (Winston Churchill).
Ese empleado público pesimista, que siempre ve el lado malo de las cosas: “Grabad esto en vuestro corazón: cada día es el mejor del año” (Emerson).
Un funcionario “no corrupto” presencia una ilegalidad en la que no participa. Calla, aunque se promete a sí mismo que si algún día aquello se destapa y le llaman a declarar dirá toda la verdad, pero “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio” (Cicerón).
También dijo Cicerón que “Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria”, y esta, si me lo permiten, la voy a dedicar a los opositores. ¡Ánimo! ¡Necesitamos seguir reclutando talento!
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