En
el último Boletín Oficial de Aragón del mes de septiembre, se publicaba el cese
de don Fernando García Vicente como Justicia de Aragón, por transcurso de los
cinco años de mandato legal. Concluye así el tercer mandato consecutivo que el
actual titular ha estado al frente de la institución autonómica encargada de la
protección de los derechos de los ciudadanos.
Esta
Asociación ha acudido con frecuencia al Justicia de Aragón solicitando la
protección de derechos –su defensa del derecho de petición fue claramente
superior a la prestada en su día desde el Defensor del Pueblo-, la tutela del
ordenamiento jurídico aragonés, fundamentalmente por incumplimientos reiterados
de la Ley de
Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma
de Aragón (en particular, por la falta de aprobación de oferta de empleo público),
y, en ocasiones, la defensa del Estatuto de Autonomía, cuyas previsiones viene
desatendiendo de manera repetida el actual Gobierno de Aragón en cuanto al
plazo obligado para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos en las
Cortes de Aragón.
Creemos
haber hecho un uso adecuado y respetuoso de la institución a lo largo de todos
estos años que han coincidido con la etapa del actual titular del Justiciazgo,
contribuyendo con nuestras iniciativas al ejercicio de sus funciones, y
consideramos que la respuesta dada por el Justicia a nuestras diferentes quejas
ha sido, con carácter general, satisfactoria, más allá de la discrepancia
ocasional con alguna de sus resoluciones.
Valoramos
particularmente la iniciativa llevada a cabo desde la institución respecto a la
situación del empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma,
al realizar un estudio detallado sobre la problemática de la temporalidad en la
función pública, señalando que el origen de la irregular situación era la falta
de aprobación regular de las ofertas de empleo público. La situación, a pesar
de sus recomendaciones finales en el citado informe, sigue sin corregirse, y
deberá ser una prioridad en la labor del próximo titular de la institución.
Frente
a quienes, con la excusa de la racionalización de las administraciones,
planteaban la supresión de las instituciones análogas al Defensor del Pueblo en
las Comunidades Autónomas, esta Asociación ha defendido al Defensor aragonés en
todo momento, reclamando en sus propuestas de buen gobierno y buena
administración una ampliación de sus facultades jurídicas, que le permitiera
impugnar reglamentos y resoluciones nulos de pleno derecho de la Administración de la Comunidad Autónoma,
para con ello asumir una nítida defensa del Estatuto de Autonomía y del resto
del ordenamiento jurídico aragonés.
Deseamos,
al concluir su tercer mandato, reiterar nuestro agradecimiento a Fernando García
Vicente y a todo su equipo, en particular al asesor que se ha ocupado de la
mayor parte de nuestras quejas, Víctor Solano, por la valiosa labor realizada
en la defensa del Estado de Derecho, cuyas notas más definitorias son la
protección de los derechos de los ciudadanos y el respeto al principio de
legalidad.
Seguiremos
defendiendo a la institución, haciendo un uso adecuado de ella y reclamando un
incremento de sus facultades jurídicas para que cuente con instrumentos
eficaces para el cumplimiento de su misión.
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