FINAL DEL MANDATO DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.

En el último Boletín Oficial de Aragón del mes de septiembre, se publicaba el cese de don Fernando García Vicente como Justicia de Aragón, por transcurso de los cinco años de mandato legal. Concluye así el tercer mandato consecutivo que el actual titular ha estado al frente de la institución autonómica encargada de la protección de los derechos de los ciudadanos.

Esta Asociación ha acudido con frecuencia al Justicia de Aragón solicitando la protección de derechos –su defensa del derecho de petición fue claramente superior a la prestada en su día desde el Defensor del Pueblo-, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, fundamentalmente por incumplimientos reiterados de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (en particular, por la falta de aprobación de oferta de empleo público), y, en ocasiones, la defensa del Estatuto de Autonomía, cuyas previsiones viene desatendiendo de manera repetida el actual Gobierno de Aragón en cuanto al plazo obligado para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos en las Cortes de Aragón.

Creemos haber hecho un uso adecuado y respetuoso de la institución a lo largo de todos estos años que han coincidido con la etapa del actual titular del Justiciazgo, contribuyendo con nuestras iniciativas al ejercicio de sus funciones, y consideramos que la respuesta dada por el Justicia a nuestras diferentes quejas ha sido, con carácter general, satisfactoria, más allá de la discrepancia ocasional con alguna de sus resoluciones.

Valoramos particularmente la iniciativa llevada a cabo desde la institución respecto a la situación del empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma, al realizar un estudio detallado sobre la problemática de la temporalidad en la función pública, señalando que el origen de la irregular situación era la falta de aprobación regular de las ofertas de empleo público. La situación, a pesar de sus recomendaciones finales en el citado informe, sigue sin corregirse, y deberá ser una prioridad en la labor del próximo titular de la institución.

Frente a quienes, con la excusa de la racionalización de las administraciones, planteaban la supresión de las instituciones análogas al Defensor del Pueblo en las Comunidades Autónomas, esta Asociación ha defendido al Defensor aragonés en todo momento, reclamando en sus propuestas de buen gobierno y buena administración una ampliación de sus facultades jurídicas, que le permitiera impugnar reglamentos y resoluciones nulos de pleno derecho de la Administración de la Comunidad Autónoma, para con ello asumir una nítida defensa del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico aragonés.

Deseamos, al concluir su tercer mandato, reiterar nuestro agradecimiento a Fernando García Vicente y a todo su equipo, en particular al asesor que se ha ocupado de la mayor parte de nuestras quejas, Víctor Solano, por la valiosa labor realizada en la defensa del Estado de Derecho, cuyas notas más definitorias son la protección de los derechos de los ciudadanos y el respeto al principio de legalidad.

Seguiremos defendiendo a la institución, haciendo un uso adecuado de ella y reclamando un incremento de sus facultades jurídicas para que cuente con instrumentos eficaces para el cumplimiento de su misión.