UNAS ARBITRARIAS ADJUDICACIONES DE DESTINO PROVISIONAL QUE DISTORSIONAN LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

Desde esta Asociación llamamos la atención en su día, con motivo del desarrollo de los últimos concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo, sobre la irregular previsión que se contenía en sus convocatorias, al admitir la participación de los funcionarios de nuevo ingreso sin destino definitivo, a los que, de manera indebida, se había adjudicado destino provisional, en algunas ocasiones en puestos singularizados con niveles de complemento de destino superiores a los de muchos funcionarios de carrera con años de experiencia.

Esa doble arbitrariedad administrativa –la adjudicación de destinos provisionales en lugar de definitivos, y la adscripción a puestos singularizados en lugar de a puestos de entrada no singularizados- ha sido un elemento de distorsión en los recientes concursos de méritos para la cobertura de puestos singularizados, dado que no solo se ha permitido participar en los mismos a quienes todavía no habían obtenido su primer destino definitivo –contraviniendo las reglas que fija la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma para ello, que impone su adjudicación en atención al orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo, y no conforme al baremo aplicado en los concursos de méritos-, sino que el tiempo de desempeño provisional de los puestos indebidamente adjudicados -en muchos casos con niveles superiores a los ocupados por muchos funcionarios de carrera-, les ha permitido obtener un primer destino definitivo no solo al margen de las reglas legalmente previstas sino en condiciones de clara ventaja respecto al resto de los concursantes, quebrando con ello el principio de igualdad que ha de presidir cualquier procedimiento de provisión de puestos de trabajo.

Como advertíamos en su día, la quiebra de las normas ha propiciado la lesión de los derechos de muchos funcionarios que han intervenido en los procesos de provisión, al ver como, por ejemplo, sus comisiones de servicios –cuya duración prolongada se debía a la inactividad de la Administración en la convocatoria de los correspondientes concursos de méritos- se veían penalizadas por el baremo de méritos, en tanto que el desempeño de los destinos provisionales de los funcionarios de nuevo ingreso  se veían irregularmente premiado por el baremo. La quiebra de las normas de provisión de puestos que ello ha conllevado, con efectos duraderos en el tiempo, supone una de las más graves lesiones a los principios de mérito y capacidad que ordenan la provisión de puestos de trabajo.

Acaso los responsables de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, tras su declarada apuesta por la carrera horizontal en el propio puesto de trabajo, han comenzado a aplicar la verdadera política que se oculta tras la misma, consistente en implantar la máxima arbitrariedad en la carrera vertical, alterando sin el menor reparo las reglas de provisión de puestos fijadas legal y reglamentariamente.

Lo más grave de este suceso es que la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios no solo no quiso corregir la irregular previsión de las convocatorias de concurso –una vez denunciadas por esta Asociación y señaladas por el Justicia de Aragón- sino que tampoco trató de evitar o minimizar sus efectos distorsionadores en la aplicación del baremo de méritos –en el que se privilegia el tiempo de desempeño de puestos en destino provisional- y, lo peor de todo, es que, pese a todo, se sigue adjudicando destinos provisionales a los funcionarios de nuevo ingreso en puestos singularizados, con niveles de complemento de destino que muchos funcionarios de carrera con larga experiencia no han alcanzado.

Es evidente que el órgano responsable de asegurar las reglas de provisión de puestos de trabajo y garantizar los criterios de igualdad y mérito en la carrera administrativa del personal de la Administración ha optado por olvidar y desatender tal obligación y limitarse a aplicar su voluntad arbitraria en la adjudicación irregular de puestos. Esa conducta es perfectamente coherente con el inaceptable Proyecto de Ley de Función Pública remitido por el Gobierno de Aragón a las Cortes de Aragón. Desde esta Asociación nos sentimos obligados a rechazar tanto la gestión arbitraria de la provisión de puestos como el Proyecto de Ley elaborado para consolidar la arbitrariedad en la gestión de la función pública.