LOS DERECHOS HISTÓRICOS DEL PUEBLO ARAGONÉS: UNA INICIATIVA PARLAMENTARIA RADICALMENTE INCONSTITUCIONAL Y REACCIONARIA.

Los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y del Partido Aragonés han formulado en las Cortes de Aragón una Proposición de Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 18 de julio de 2014, con la que se viene a ahondar en el rechazable historicismo que lastraba la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llevada a cabo en 2007.

Es imposible jurídicamente compatibilizar, como se pretende hacer en la proposición de ley confeccionada por los Grupos parlamentarios de la actual mayoría de gobierno, la legitimidad democrática de nuestro modelo de gobierno –basada en la soberanía del pueblo español- y la legitimidad histórica de cualquiera de los territorios que componen España –apelando como se hace en esta proposición de ley a los derechos históricos del pueblo aragonés-, pues la soberanía del pueblo no puede quedar condicionada ni limitada por el pasado, y mucho menos por un pasado predemocrático, que supondría supeditar la libertad de los ciudadanos a una realidad propia del Antiguo Régimen, previa al surgimiento de la soberanía de los pueblos y de la libertad de los ciudadanos. No se puede ser súbdito del Rey de Aragón, y sonroja que alguien pueda plantear incluso tal posibilidad, cuando se es ciudadano libre de la democracia española. ¿Acaso se nos propone un proyecto de regresión política, de restauración del Antiguo Régimen preconstitucional?

El autogobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón –y su capacidad legislativa- derivan exclusivamente de la Constitución y del principio democrático, de la decisión soberana del pueblo español, legitimado para suprimir, si esa fuera su voluntad, el modelo autonómico de organización territorial. Ningún derecho histórico de ningún pueblo de España puede limitar tal facultad y poder soberano de decisión. La apelación a cualquier suerte de legitimidad histórica o de derechos históricos como posible fuente de los poderes públicos autonómicos solo puede calificarse de inconstitucional, pues contradice frontalmente el principio de soberanía nacional sobre el que se edifica la Constitución Española.

El derecho histórico no es fundamento de la autonomía, cuya legitimidad solo es posible encontrar en la Constitución Española, ni es límite posible al poder constituyente del pueblo español, cuya libertad de configuración del Estado no queda sometida a restricción alguna que apele al pasado de los diferentes territorios. Ni Aragón ni León ni Asturias ni ningún otro lugar, o sus pretendidos derechos históricos, pueden establecerse como límite a la legitimidad democrática de la Constitución Española, sustentada en la soberanía exclusiva del pueblo español.

Resultaría grotesco que en el siglo XXI un Parlamento de un Estado europeo aprobase una ley con contenidos como los propuestos: “La Comunidad Autónoma de Aragón se subroga en la posición del Reino de Aragón como cabeza de la Corona de Aragón y entidad fundadora de la Monarquía Hispánica” (artículo 1.2); “La participación de Aragón en la constitución de una España unida no ha supuesto la renuncia del pueblo aragonés a sus derechos históricos” (artículo 1.3); “El Rey, el Príncipe de Gerona, las Cortes y la Diputación General, el Justicia, el Consejo de Aragón, la Audiencia, el Maestre Racional, los Municipios y Comunidades son las instituciones históricas más representativas de la forma de gobierno de Aragón “ (artículo 6.1); “El Rey ostenta el título histórico de Rey de Aragón y es símbolo de la permanencia de Aragón en la unidad constitucional de la Monarquía española. Los derechos históricos del pueblo aragonés tienen su fundamento en la confirmación regia” (artículo 8.1); “Según la tradición jurídica aragonesa, actualizada por el Estatuto, un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización jurisdiccional en Aragón. Ello sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunales internacionales” (artículo 13); o "Los Municipios, Comunidades, Juntas y Sobrejuntas, Merinados y Bailías, Sobrecullidas, Veredas y Corregimientos, como entes institucionales tradicionales, constituyen la base histórica de la actual organización territorial propia de Aragón en Comarcas” (artículo 15). Valgan estas menciones para apreciar los dislates que se contienen en el texto de la proposición de ley elaborada.

Es evidente que nos hallamos ante una propuesta normativa de una gravedad extrema –cuya inoportunidad política no puede ser, además, más acusada, cuando el orden constitucional se ve desafiado por el soberanismo catalán-, en la que se plasma un abierto cuestionamiento de las bases democráticas de nuestro modelo constitucional. 

No hay derechos históricos frente a la Constitución. Los titulares de los derechos son los ciudadanos y no los pueblos. No cabe invocar elementos pretéritos de la historia para hacerlos convivir con un sistema político que se ha construido precisamente sobre su superación histórica y política. ¿Qué significado político o legal cabe dar hoy al Reino de Aragón o a la Monarquía Hispánica? Ninguno, porque su lugar es la historia. El hoy está protagonizado por Estados soberanos  y por proyectos de integración de futuro como son la Unión Europea. Nuestra vida política se rige por una Constitución que es un proyecto de futuro. Toda apelación a los “derechos históricos”, en este contexto, ha de entenderse como un ataque al principìo democrático, única fuente de legitimidad en nuestro modelo constitucional.