EL ABUSO DE LA LIBRE DESIGNACIÓN EN PUESTOS A LOS QUE CORRESPONDE EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE CONTROL.

Ayer se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de provisión, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de carácter estrictamente técnico del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), entidad adscrita al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Se trata de un puesto de trabajo denominado Jefe de Unidad Técnica, nivel 25, cuyas funciones se describen del modo siguiente: “Redacción y elaboración de informes y propuestas de evaluación ambiental, tramitación, control y seguimiento de expedientes administrativos de contenido ambiental”.

Días atrás criticábamos el hecho de que los puestos de Inspector de Servicios o de Interventores, ubicados en los principales órganos de control de la Administración autonómica, se sometan en su totalidad al procedimiento de libre designación para su cobertura.

Cabrá alegar para ello el nivel administrativo que tiene atribuido o su especial responsabilidad, pero es precisamente dicha responsabilidad administrativa en controlar el respecto de la normativa lo que justificaría la nota de irrevocabilidad de tales funcionarios en sus puestos de trabajo, para protegerlos frente a cualquier tipo de presión y para evitar que, por temor a consecuencias negativas de tipo profesional, se vean compelidos a aplicar de manera laxa la legalidad administrativa.

Más criticable resulta todavía que puestos de carácter estrictamente técnico –como el convocado hoy del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental-, a los que corresponde asimismo una labor de control sobre el posible impacto ambiental de ciertos proyectos o actuaciones, se hallen igualmente provistos por libre designación, lo que devalúa los criterios de mérito y capacidad a la hora de su provisión, pero sobre todo, como ya hemos apuntado, menoscaba la seguridad profesional del titular del puesto para ejercer sus funciones con absoluta imparcialidad y exclusiva sujeción a las normas.

Insistimos en que la profesionalización de la función pública es un elemento indispensable en todo programa de regeneración institucional, y que cualquier programa de calidad democrática que no incluya entre sus propuestas un conjunto de medidas tendentes a reforzar dicha profesionalidad carece, a nuestro juicio, de toda credibilidad. La aprobación del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, llevada a cabo recientemente por el Gobierno de Aragón, no contiene avance alguno en esa dirección, sino que todavía debilita más el carácter profesional de la función pública, al incrustar en la misma una función directiva que incrementa las excepciones a los criterios de mérito y capacidad y amplía la discrecionalidad política en la cobertura de puestos de trabajo en la Administración Pública.

Ante la convocatoria de hoy, desde esta Asociación vamos a instar tanto al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como al responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, que revisen todos los puestos de trabajo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y fijen criterios restrictivos para la aplicación del procedimiento de libre designación, evitando que tal fórmula de provisión pueda aplicarse a puestos de carácter técnico o puestos con funciones de control y fiscalización. 

Asimismo, nos dirigiremos al Justicia de Aragón para plantearle la situación de claro abuso de la libre designación en determinados ámbitos de la Administración autonómica –entre los que figura, de manera destacada, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental-, con el fin de que pueda sugerir a los responsables del Gobierno de Aragón su corrección, para restaurar la vigencia efectiva de los principios constitucionales de mérito y capacidad, y reforzar el carácter profesional de la función pública, necesario para la propia fortaleza del Estado de Derecho.