En
los últimos días hemos recibido nuevas comunicaciones de diferentes Parlamentos
de Comunidades Autónomas, dentro de la campaña realizada para cuestionar la
constitucionalidad de las tasas de reposición de efectivos contempladas en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado como límite del derecho de acceso a
la función pública, al constituir un desplazamiento indebido del régimen
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y lesionar, con ello, el
contenido esencial del derecho de acceso que ha venido a delimitar,
precisamente, dicho Estatuto Básico, sin que las Leyes de Presupuestos sean la
norma adecuada para introducir límites al ejercicio de un derecho fundamental.
En
los últimos días se nos han comunicado decisiones adoptadas por los órganos
parlamentarios de las Cortes Valencianas, del Parlamento de Cantabria y de las
Cortes de Castilla-La Mancha, en las que o bien se da traslado de la petición a
los diferentes Grupos Parlamentarios de la Cámara o a la Comisión de Petición para su estudio. Es más que
probable que ninguno de los Parlamentos autonómicos adopte la decisión
solicitada en nuestro escrito de petición, consistente en interponer un recurso
de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014, pero al menos habremos conseguido que dicha cuestión
y los argumentos que justifican nuestra petición sean conocidos en el conjunto
de los parlamentos autonómicos, de manera que futuras iniciativas con similar
objetivo cuenten con un adecuado nivel de conocimiento.
Seguimos,
mientras tanto, a la espera de la decisión que pueda adoptar la Defensora del Pueblo
sobre dicha petición, como titular de la institución que tiene atribuida
constitucionalmente la misión de proteger los derechos fundamentales que
establece la Constitución
Española –entre ellos, el derecho fundamental de acceso a la
función pública, que establece su artículo 23.2-, así como de lo que pueda
acordar el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al haber planteado ante el
mismo la oportunidad de promover una cuestión de constitucionalidad sobre la
adecuación de las tasas de reposición de efectivos como límite legal al
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, todo ello
dentro del recurso promovido contra el Decreto de oferta de empleo público de
personal docente no universitario para el año 2013 que aprobó el Gobierno de
Aragón.
Reproducimos
a continuación el contenido íntegro de la respuesta remitida desde las Cortes
de Castilla-La Mancha:
“Sr.
D. Julio Guiral Pelegrín
Le
comunico que la Mesa
de las Cortes, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2014, ha calificado
favorablemente y admitido a trámite el escrito con registro de entrada en estas
Cortes número 216/14, por el que se solicita se proceda a promover por parte
del Parlamento castellano-manchego el correspondiente recurso de inconstitucionalidad
contra el artículo 21 de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2014, expediente 08/PETI-00003, y ha
acordado su remisión a la
Comisión de Peticiones.
Lo
que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Toledo,
21 de febrero de 2014.
LA
SECRETARIA
PRIMERA,
María Inmaculada López Núñez”.
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